Reforma a la salud quedará con máximo 20 artículos

Se salvarían puntos como la creación del fondo para el saneamiento financiero de hospitales y clínicas, los dientes que el Gobierno quiere darle a la Supersalud y la controvertida Salud Mía.

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marzo 18 de 2014 - 03:28 a.m.
2014-03-18

El Gobierno no solo no retirará el proyecto de reforma al sistema de salud, al que apenas le faltan los dos debates en la Cámara de Representantes, sino que esta iniciativa clasificó como una de las prioridades de la agenda legislativa, cuyo último tramo se inicia hoy.

Así quedó definido en el Consejo de Ministros que sesionó ayer San Andrés y cuyo anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos al término de la reunión, que duró más de seis horas.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, está listo para comenzar a trabajar con los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara con el fin de sacar avante este proyecto, que más de un eslabón de la cadena de la salud quiere hundir.

Los presidentes del Senado y la Cámara, Juan Fernando Cristo y Hernán Penagos, respectivamente, expresaron en la cita ministerial su apoyo decidido para conseguir que sus colegas del Congreso le den el visto bueno al proyecto.

Sin embargo, ante los fuertes enfrentamientos y casi irreconciliables diferencias entre algunos de los actores del sistema por diferentes artículos contenidos en el proyecto, el Gobierno está explorando la posibilidad de simplificarlo lo más que se pueda con el fin de asegurar un paso exitoso por el Congreso.

Esa simplificación, señaló Gaviria, podría reducir la iniciativa a 15-20 artículos clave para enfrentar los problemas que atraviesa la salud. Saldrían, entonces, alrededor de 70 artículos.

Si se abre paso la idea de la simplificación, se salvarían puntos como la creación del fondo de garantías, pensado para el saneamiento financiero de clínicas y hospitales, sobre todo para ponerle fin a deudas críticas que aparecen en su cartera y que a todas luces son irrecuperables.

También quedarían los artículos que le ponen dientes afiliados a la Superintendencia de Salud y que son importantes para todo el proceso de saneamiento financiero.

Igualmente, se salvaría la iniciativa de Salud Mía (entidad pública que afilie al sistema, recaude y distribuya los recursos, bajo estrictos controles.

La gente, según el Gobierno, podrá confiar en que los recursos de la salud serán invertidos en su salud).

Junto a esos quedarían dos o tres artículos sobre las gestoras que les permitan a las autoridades manejar los incentivos y controlarlos mejor.

La reforma propuesta viene precedida de la crisis financiera del Fosyga, EPS, clínicas y hospitales; millonarias pérdidas de recursos; negación de la atención a los usuarios; servicios en muchos casos de calidad cuestionable, falta de oportunidad en la prestación de estos, etc.

La petición general, tanto de las autoridades como de los agentes privados que intervienen en el sistema y de los usuarios de este es que la reforma tiene que estar enfocada en la gente y, particularmente, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y, claro, en la solución de los problemas de salud que la aquejan.

Los problemas tienen que ver con la oportunidad y calidad de la atención y prestación de los servicios de salud y la cobertura, entre otros, íntimamente ligados al flujo eficiente de los dineros del sistema para pagar a los prestadores de esos servicios, es decir, a clínicas, hospitales, centros de salud, etc.

Desde que el Gobierno presentó el proyecto el ministro Gaviria ha insistido en ese punto: que aquella tiene que estar dirigida a los usuarios, a proteger sus intereses, a beneficiarlos con los cambios, pues por la manera en que opera el sistema las personas son la parte más delgadita de la cuerda, y es obligación del Ministerio ser su vocero ante la cantidad y diversidad de intereses que se mueven en él.

Para Acemi (gremio de las EPS privadas), la reforma planteada no resuelve los problemas de los usuarios, lo que se interpreta como una de defensa de los intereses de más de 45 millones de colombianos.

NO ES BUENO TRAMITARLA EN ÉPOCA ELECTORAL

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Rafael Romero, uno de los tres coordinadores de la ponencia en Cámara, señala que la reforma a la salud “en época electoral distorsionaría el debate pues es un factor de distracción”. Romero agrega que la reforma es inaplazable, por lo que no puede pasar cualquier propuesta. “Hay que sentarse con los ministros de Salud y de Hacienda y el Presidente, para mirar qué elementos se requieren para que sea la que la gente necesita”. “Temas como la integración vertical y las gestoras requieren de consenso”, agrega. El representante advierte que el debate no sería fácil con los actuales congresistas y que lo mejor es dejarlo para el nuevo Congreso, a partir del 20 de julio. Sin embargo, esta no es la posición del Partido Liberal. Romero apunta que no tiene validez que la actual Cámara la tramite porque solo cinco de los 19 representantes actuales en la comisión séptima siguen la próxima legislatura.

Jorge Correa C.

Economía y Negocios

 

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