Reforma sensata

Calladamente avanza hacia debates finales en el Senado la Regla Fiscal, que más parece una conferencia ginecológica que una reforma a la Constitución.

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mayo 13 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-05-13

Su tránsito ha sido opacado por leyes más vistosas quizá porque el enigmático título de su articulado carece de glamour. Le dispara, sin embargo, al corazón de la Carta de 1991. La Constitución del 25% -porcentaje de colombianos habilitados para votar que eligió constituyentes- nació soñando con incorporar insurgentes a la vida civil. Deseada, por nostálgicos que aún no se reconciliaban con la regeneración, derogó una Constitución con el lema de una patria incluyente, sobre todo para los abogados. Se multiplicaron las Cortes de alto turmequé y, como nunca antes, los enredos jurídicos, las interpretaciones, la litigación. En el trasfondo de la actividad en los estrados están los derechos individuales. Con la Carta de 1991 proliferaron los inalienables. La nueva Constitución se engolosinó al listar los derechos del ciudadano y se quedó corta para señalar sus deberes. Olvidó un derecho, más colectivo que individual y que, por lo mismo, debe primar: cuadrar las cuentas. En otras palabras, establecer que el Estado velará por lo de cada quien siempre y cuando haya con qué. La omisión está a punto de ser subsanada. Sistemáticamente, los magistrados, interpretando la letra y el espíritu de la Constitución, han dado prelación a atender derechos individuales, a veces con extensión a lo colectivo. No es de su incumbencia, puesto que no lo estipula la Carta, cómo se financia su atención. Una de las consecuencias de la laxitud judicial ha sido, por ejemplo, el hueco negro de la salud pública. Su insondable profundidad se confunde ahora con la corrupción, pero es anterior a ella, y corolario de la olímpica indiferencia para tener en cuenta de dónde salen los recursos. O como expresó en privado un alto magistrado, eminente jurista por demás: "plata siempre hay". Lo de don Sancho Jimeno era un derecho fundamental olvidado: el honor. En 1697, se batió en Bocachica contra piratas franceses empeñados en mancillarlo. Los jueces amparaban el honor hasta exonerar hechos de sangre, si bien en esa época se distinguían más por su venalidad que por el apego a los códigos. Ahora, la rama judicial del poder público es transparente manifestación del Estado, lo que amplifica las repercusiones cuando cae en la demencia económica. El pecado judicial contra el equilibrio presupuestal ha consistido en amalgamar asistencialismo con la vigencia de derechos constitucionales. Fallar sin tener que hacer los cálculos es fácil. Y como en Colombia la ley es sacrosanta, desbordarse con la plata de todos, vía fallos sin tasar, no tiene contra. ¡Qué se las arregle el ministro de turno! La Regla Fiscal está concebida para ponerle coto a los excesos, sin coartar los derechos sociales cobijados por la Constitución. Añade a la Carta un derecho desatendido de los colombianos: el tener una economía sana para prosperar, que comienza por la mesura en las finanzas públicas. Mientras el país crece y encuentra la plata para dar gusto a todos en todo, hay que atenuar la piñata de los derechos. Su reconocimiento pleno requiere etapas. Sería bueno que los miembros de la Corte Constitucional se declaren impedidos para fallar sobre la reforma en curso cuando la demanden, como inmancablemente sucederá. La Regla Fiscal los mete en cintura y a los magistrados eso poco les gusta. rsegovia@axesat.comHELGON

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