Rescates motorizados

No hay duda que la crisis hipotecaria y financiera ya ha producido impactos en el sector real de la economía norteamericana, principalmente, porque aceleró la llegada de la temida recesión. Ante las tempestades, las autoridades económicas estadounidenses se han caracterizado por hacer todo lo que sea necesario para evitar que el sector financiero colapse y cree una situación extremadamente caótica. En este entendido, y quizás apelando a la aplicación de medidas criticadas por los más férreos defensores de la economía de mercado, la Casa Blanca, la Reserva Federal y el Congreso adelantaron un paquete de rescate sin precedentes al sector financiero.

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noviembre 13 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-13

La capitalización de AIG, la nacionalización de Fannie Mae y Freddie Mac, los préstamos para la adquisición de Bearn Sterns, la compra de activos tóxicos en poder de instituciones financieras y los programas de apoyo a bancos locales son ejemplos visibles del compromiso gubernamental para evitar un descalabro financiero con consecuencias quizás irreversibles. La razón bajo la cual el Gobierno actuó en estos casos, se justifica por el hecho de evitar un problema mayor con serias repercusiones en la economía mundial. Ni hablar de lo que hubiera podido ocurrir en caso que AIG hubiera perecido. Pero como ocurre cuando los gobiernos deciden salvar unos sectores para prevenir males mayores, no dejan de aparecer otros empresarios que, apelando al mismo concepto de ‘ser muy grandes para dejarlos morir’, solicitan descaradamente la mano salvadora del Estado, y por ende la socialización de sus pérdidas. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el sector automotor de los E.U. con los tres gigantes General Motors, Ford y Chrysler. Como si tratara de otra víctima inminente de la crisis financiera, los directivos de las tres empresas han solicitado a los líderes demócratas del Congreso norteamericano que aprueben un paquete de rescate por US$25 mil millones para evitar el colapsó. Por supuesto, entre los argumentos que han sido esgrimidos están que el sector automotor es la ‘columna vertebral de la industria manufacturera norteamericana’, que la quiebra de estas empresas podría poner en peligro millones de empleos, y que las pensiones de miles de trabajadores se verían afectadas. En la ecuación también están las implicaciones políticas, puesto que estas empresas tienen la mayoría de sus operaciones en Michigan, uno de los principales territorios demócratas y con poderosas estructuras sindicales, que a su vez son un pilar de la base electoral del nuevo partido de gobierno. Lo paradójico de la situación es que la actual crisis económica no fue la causante del descalabro de estas empresas. Tal como lo evidencian las cifras, estas compañías empezaron a perder miles de millones de dólares desde hace varios años, aún en los momentos en los que la economía de E.U. estaba volando y las ventas de vehículos alcanzaban sus mayores niveles históricos. El dilema al que se enfrenta el Gobierno de los E.U. entrante o saliente es si rescata con el dinero de los contribuyentes empresas poco competitivas que desde hace varios años, debido a malas estrategias corporativas y convenciones laborales insostenibles, han estado agonizando, o si por el contrario deja que opere el mercado y los acreedores tomen las decisiones. El rescate sería una mala señal, más aún cuando empresas como Honda y Toyota que también producen vehículos en E.U. (claro está, en estados republicanos como Alabama y Tennessee), con mayor productividad han logrado ganarse su espacio en el mercado. Hasta el momento todo indica que una vez más la política se impondrá frente a la razón. Qué mal ejemplo para los países en desarrollo. '' Las autoridades económicas de E.U. se han caracterizado por hacer lo que sea necesario para evitar que el sector financiero colapse.WILABR

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