¿Cuánto más resiste la precarización laboral?

¿Cuánto más resiste la precarización laboral?

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mayo 16 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-16

La afirmación de una joven abogada, con vocación de servicio, puso en evidencia lo que muchos quieren ignorar en este país: la precarización laboral es la regla y no la excepción de las opciones de empleo que ofrece el país. "Nuestra generación -dijo- no tiene otra alternativa laboral distinta a las órdenes de servicio. Nada de primas, de cesantías, de ingresos permanentes que permitan construir un proyecto de vida". Y si eso lo afirma una profesional bien calificada, que se ha desempeñado en el sector público, donde se supone se cumple el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cómo será la vida de un trabajador promedio, poco calificado, que se defiende solo o es parte de una de las tristemente célebres cooperativas de trabajo?

Nadie ha logrado tener un verdadero eco en esta discusión, porque estamos en la hora del capital, de la inversión y de la rentabilidad económica. Temas como la justicia social y la valoración del trabajo como factor de producción, no están en la agenda ni en los dictámenes de la política actual. Ahora, los salarios son simplemente costos que hay que reducir al máximo para poder competir en los mercados mundiales, sin tener en cuenta que con esta premisa solo se exporta miseria. Más preocupante aún, es el hecho de que esta realidad se justifica en que la rentabilidad es la rentabilidad y los negocios son negocios y no obras de caridad.

Mientras tanto, la economía crece y el empleo que se genera es precario y poco digno, lo que contrasta con el llamado de la OIT -trabajo decente, pleno empleo y mejores condiciones de trabajo-.

Aunque el mismo comportamiento de la economía muestra que se necesita demanda interna y que esta exige remuneraciones justas, estos planteamientos son vistos como un discurso obsoleto. El motor del desarrollo es el empresariado y el Estado apenas se ve como socio de éste. A los más pobres se les dan limosnas para mantenerlos pobres y así obtener votos que tanto se necesitan para la próxima reelección presidencial. Mientras tanto, las clases medias, que no son suficientemente pobres para las limosnas ni suficientemente ricas para recibir las dádivas que se le otorgan a los empresarios, se limitan a disfrazarse de pobres a ver si 'algo les llega', o a sacrificar su futuro para parecerse en algo a los ricos.

Ante esta realidad, que parece importarle a pocos, aparece el debate en el Congreso de la República, sobre la ley de cooperativas de trabajo asociado. La ley, que actualmente hace trámite en plenaria del Senado, debería tener un marco más amplio para saber qué tanto se aborda el verdadero problema del mercado laboral y la necesidad de generar trabajos decentes para los colombianos. Infortunadamente, lo que abunda es trabajo indecente, que no es si no la explotación de hombres y mujeres no solo en las narices del Estado, sino con su beneplácito. El actual Gobierno, parece olvidar que es el mismo Estado el que debería promover el trabajo digno y no seguir fomentando la informalidad con órdenes de servicio o con nuevas cooperativas de trabajo asociado.

En primer lugar, es inexplicable que el Gobierno no actúe frente a estas cooperativas cuando la ley prohíbe la intermediación laboral sabiendo, además, que estas organizaciones han agudizado el empleo de mala calidad. Las cifras deberían haber abierto los ojos del Ministro de Protección. Según las Cámaras de Comercio, hoy existen 12.059 cooperativas registradas cuando en el 2006, había 3.296: un crecimiento de casi 400 por ciento. ¿No es esto, cuando menos, extraño? Pero como estamos en el tiempo de los negocios, a alguien le debe estar resultando muy lucrativa esta figura: ese alguien, claramente, no es el trabajador. Comparando los ingresos de un trabajador asalariado con los de uno asociado, queda en evidencia que mientras un trabajador con salario mínimo recibe por mes 522.115 pesos, uno del mismo nivel, asociado a una cooperativa, solo recibe 267.209, es decir, un 42,1 por ciento menos, aproximadamente.

A esto habría que agregarle que este último no tiene subsidio de transporte ni subsidio familiar, mientras el asalariado sí. Además, el que trabaja por medio de una cooperativa paga cuatro veces más por su pensión, tres veces más por su salud y no recibe bonificación por horas extras ni por trabajar dominicales o festivos, entre otros.

Pero probablemente el tema más importante es la inestabilidad laboral en las cooperativas: los agrupados en éstas no tienen protección de los mencionados derechos; no gozan de un salario mínimo inembargable, pero sí enfrentan una serie de obstáculos para acceder a la justicia cuando se denuncia la intermediación laboral. Además, deben asumir la carga probatoria para demostrar la existencia de relación laboral con la empresa contratante y no con la cooperativa. Y probablemente lo más importante: las mujeres que trabajan en esas cooperativas no tienen ninguna protección, que les garantice el derecho al trabajo cuando están embarazadas.

La Superintendencia de Economía Solidaria, que tiene a su cargo la vigilancia de estas instituciones, prácticamente no hace nada. Mientras las cooperativas crecen exponencialmente, la entidad reguladora cuenta con aproximadamente 82 funcionarios concentrados en Bogotá. Por consiguiente, 9.922 cooperativas no reportaron información financiera en el 2006 y, según el Viceministro de Relaciones Laborales, en esta cartera tan solo hay registradas 4.431 de las 12.059 que existen. Esta incoherencia en la información muestra la debilidad de la Superintendencia para efectuar la respectiva vigilancia y control: en el 2007, tan solo fueron sancionadas 150 CTA por intermediación laboral.

A este desolador panorama deben agregarse las cifras ya conocidas de disminución de la participación laboral en Colombia, de 61,6 por ciento en 2004, al 58 por ciento en el primer trimestre de 2008, y de la persistencia del subempleo, 33 por ciento, en este año. Pero más aún, las cifras de desempleo abierto que han descendido y que se muestran cómo el gran éxito del Gobierno, ubican a Colombia como el país de mayor desempleo en América Latina. También en informalidad se lleva la delantera. Por esto, cabe la pregunta, ¿cuánto más resiste la precariedad en Colombia?

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