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Por resultado electoral, descongelada la contratación en las entidades estatales

La palabra ‘prohibido’ se había convertido en los últimos cuatro meses en la tortura de los organismos públicos.

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mayo 30 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-30

La Ley de Garantías había congelado desde el 28 de enero cualquier tipo de contratación, bien fuera de vinculación a la nómina estatal o de contratación directa, restricción que regiría hasta después de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, los resultados arrojados en la votación del domingo pasado, cuando fue reelegido en primera vuelta el presidente Alvaro Uribe, levantan esa restricción. Así las cosas, desde hoy mismo, que es el primer día hábil después de las elecciones, los ministerios, departamentos administrativos, órganos de control y todas las demás entidades, incluidas las regionales, podrán hacer contrataciones directas, crear los cargos que se requieran o simplemente contratar el personal que estaba pendiente. Con la congelación impuesta por la Ley de Garantías, muchas de las 286 entidades estatales del orden nacional, así como de los organismos públicos de carácter municipal o departamental ordenaron a sus entidades elaborar cronogramas de sus necesidades para poder hacer las contrataciones antes del 28 de enero, y a última hora muchos se vieron gestionando los contratos para evitar contratiempos. Por el lado del Gobierno central, la carrera por la contratación se vio reflejada en el informe de balance que mensualmente entrega el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). En el primer mes del año los gastos del Gobierno central se incrementaron en un 22 por ciento en comparación con igual mes de 2005, y para el primer bimestre los gastos se habían incrementado en 24,2 por ciento al compararlo con el mismo bimestre de 2005. Convenios entre entidades, contratos del Invías para la compra de predios para la ejecución de algunas obras, contratos del Ministerio de Defensa, compromisos de inversiones, entre otros, aparecen relacionados entre los gastos en que incurrió el Gobierno. En los cuatro meses previos a las elecciones, las entidades que, por imprevistos, requerían contratar debían hacerlo a través de licitación, proceso que podía durar unos tres meses o más. Ahora queda levantada la restricción y, como se hacía antes del veto, se deberán seguir los requisitos exigidos en la Ley 80 y en el decreto 2170. De otra parte, la Ley de Garantías también imponía una serie de restricciones a los ministros, viceministros y directores de departamento en los cuatro meses previos a la primera vuelta. Se consideraban faltas graves de esos funcionarios presionar a sus subalternos para que apoyarán una causa política, difundir propaganda electoral, favorecer con promociones, bonificaciones y ascensos a sus empleados para que apoyaran una campaña u ofrecer beneficios a las comunidades mediante obras públicas. Por el lado de los alcaldes y gobernadores, no podían, durante el mismo tiempo, celebrar convenios interadministrativos, promover y destinar recursos públicos, lanzar programas sociales o inaugurar obras. 24,2 Por ciento se aumentaron los gastos del Gobierno en el primer bimestre.

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