Retos políticos para el próximo Minhacienda

En una perspectiva internacional, Colombia no sale bien parada. Los progresos del resto de la región en la mayoría de indicadores económicos y sociales han sido más rápidos que los del país.

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abril 08 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-08

El respeto por las tecnocracias calificadas es poco común en América Latina. Por ejemplo, ninguno de los últimos 9 ministros de Economía de Argentina han tenido doctorado en economía. Como argentino, veo con cierta envidia que en Colombia todos los candidatos a la Presidencia estén asesorados por destacados economistas con carreras técnicas y académicas reconocidas.

Posiblemente uno de ellos sea el próximo Ministro de Hacienda. Paradójicamente, sin embargo, el principal reto para quien ocupe esa posición será de naturaleza política, más que económica. Así se deduce de los análisis de economistas y politólogos colombianos recopilados en el libro que publicó Fedesarrollo Consecuencias imprevistas de la Constitución de 1991, en el que participe como coeditor.

Según esta investigación, en las dos últimas décadas, Colombia ha tenido avances notables en muchos aspectos económicos y sociales, desde el control de la inflación hasta la ampliación de los servicios de salud y educación. No obstante, en algunas áreas cruciales ha habido deterioros preocupantes: los resultados fiscales ya no son tan sólidos, el alto desempleo se ha convertido en un problema crónico y la informalidad está más extendida que nunca. Esto lo saben los colombianos. De lo que quizás no son conscientes es de que, en una perspectiva internacional, Colombia no sale bien parada. Los progresos del resto de la región en la mayoría de indicadores económicos y sociales han sido más rápidos.

Los éxitos y los fracasos de las dos últimas décadas en Colombia tienen mucho que ver con la Constitución de 1991. Como se lo proponía, la nueva Carta Política abrió nuevos canales de participación política, mejoró la representatividad del Congreso, profundizó el proceso de descentralización y desconcentró el aparato estatal. Pero estas reformas tuvieron consecuencias imprevistas sobre la forma de hacer las políticas económicas.

En esencia, el Ejecutivo perdió poderes para sacar adelante sus propias políticas en forma coherente. Esto debido a que el Congreso ganó autonomía legislativa y a que los partidos políticos se fragmentaron y las coaliciones entre ellos se volvieron más inestables.

Colombia también experimentó una acelerada fragmentación del poder económico, como resultado de la diversificación sectorial y regional de la economía y el consecuente surgimiento de organizaciones y grupos empresariales. Este enjambre de intereses tiene ahora numerosos canales para incidir en las políticas económicas a través de congresistas, gobiernos locales, diversas entidades de la administración pública y el mismo Presidente, todos los cuales son mucho más permeables a las influencias que en el pasado.

El reducido poder del Ejecutivo frente a un sistema político más fragmentado y una comunidad de intereses regionales y económicos más diversos ha incidido en las políticas económicas. Por ejemplo, en estas dos décadas han fracasado todos los intentos de reformar de manera profunda el sistema tributario, aunque ha habido reformas menores. En lugar de una política uniforme de desarrollo industrial, los gobiernos han permitido que surja una colcha de retazos de alivios, exenciones y subsidios según el sector, la región o la empresa que los solicite.

Aunque el proceso presupuestal colombiano tiene grandes deficiencias, los gobiernos han preferido convivir con las dificultades, en lugar de abrir una caja de Pandora si le propusieran una reforma de esta naturaleza al Congreso. El precio de todo esto ha sido un crecimiento anémico e inestable y una situación fiscal poco holgada y potencialmente vulnerable en el mediano plazo.

Los prestigiosos economistas que asesoran a los candidatos presidenciales tienen propuestas valiosas y diversas para acelerar el desarrollo: 'profundización del proceso industrial', 'generación de empleo', 'derrotar el terrorismo para atraer la inversión privada', 'política de igualdad de oportunidades en educación, salud, y empleo'.

Las dificultades para sacar adelante estas propuestas serán eminentemente políticas: cómo conseguir apoyo del Congreso sin sacrificar la consistencia de las propuestas, cómo prever y manejar las restricciones de la Corte Constitucional, cómo enfrentar las pugnas por la distribución de los recursos fiscales dentro del equipo ministerial, cómo mantener a raya a los grupos de interés. De ahí que, como se argumenta en el libro, además de buen técnico, el próximo Ministro de Hacienda tendrá que ser un gran político.