Los riesgos del empleado público (Opinión)

Un principio de la democracia moderna, que incluso está recogido en la Constitución (art. 28), consiste en que "en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas".

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julio 27 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-27

Otro principio básico de un Estado de Derecho consiste en que nadie puede estar obligado por norma o por sentencia judicial a realizar actos imposibles.

Pues bien, la prisión por deudas existe en Colombia. Y además existen sentencias judiciales que obligan a personas a realizar imposibles. El director de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal), Augusto Moreno, tiene hoy penas acumuladas de más de siete años de duración, y multas, que debe pagar con sus propios recursos, de centenares de millones de pesos. Y ni siquiera es prisión por una deuda propia. Es prisión por una deuda del Estado, cuyo pago no está en sus manos.

¿Qué es lo terrible que ha cometido Augusto Moreno? Simplemente, no ha podido liquidar o pagar obligaciones pensionales. Las razones por las cuales se ha presentado ese aparente 'desacato' a tutelas que obligaban a la liquidación y pago de pensiones son múltiples.

En unos casos, los jueces han invadido las funciones propias de Cajanal, liquidando por su propia cuenta obligaciones pensionales utilizando criterios que no se ajustan a la Ley. Recuérdese el famoso 'cartel de las tutelas' oportunamente denunciado en algunos medios de comunicación. Lo lógico, por parte de un administrador responsable, es oponerse a dichas pretensiones. Es lo que ha hecho Moreno.

Por otra parte, existía un desorden operativo y de sistemas de información en Cajanal que hacían imposible responder ágilmente a todas las solicitudes que le llegaban. Un administrador responsable debe proponer y desarrollar un plan de modernización y sistematización para superar estas dificultades. Esto también lo ha hecho Moreno, según se puede deducir de su informe de gestión, que puede ser consultado en la página web de Cajanal.

En fin, los recursos presupuestales asignados a Cajanal no son suficientes para atender los requerimientos. Un administrador responsable realiza las diligencias para conseguirlos. En este punto tampoco ha fallado Moreno.

Claramente, cualquier director que hubiera estado en la misma situación se hubiera enfrentado a las mismas imposibilidades para atender las órdenes de los jueces. Se trata por lo tanto, no de una responsabilidad personal del director, sino de una falla estructural.

Se está violando otro fundamental del sentido común, y creo yo, sin ser abogado, del derecho: las sanciones penales solo pueden aplicarse cuando existe responsabilidad individual e intención clara de causar un daño. No se trata, o por lo menos no lo han podido demostrar los jueces, del caso que nos ocupa.

Este tipo de situaciones ayudan a entender por qué cada vez es más difícil que el Estado atraiga a su servicio a personas competentes y honestas.

Supongamos, y ello es perfectamente posible, que un ejecutivo capaz decide sacrificar parte de los ingresos que podría recibir en una empresa privada y aceptar responsabilidades públicas. En la situación actual colombiana, esa persona está sacrificando su tranquilidad personal y de su familia, además del patrimonio que haya podido construir. Aparte del caso de Moreno, son muchos los ejemplos de personas competentes y honestas que han pagado, de manera injusta, con cárcel su dedicación al servicio público.

Podría argumentarse que estos costos son necesarios para defender los derechos individuales (por ejemplo, el de la pensión) y para combatir la corrupción.

Con relación a lo primero, ninguna razón de Estado amerita sacrificar injustamente la libertad de nadie.

Por otra parte, este tipo de situaciones impide que los órganos de control, los fiscales y los jueces se concentren en investigar debidamente y sancionar a los verdaderos corruptos.

Razones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, y de conveniencia pública, para que el Estado esté en capacidad de atraer a los mejores cerebros de la sociedad, aconsejan que las circunstancias absurdas que ha tenido que enfrentar Áugusto Moreno se resuelvan y a que este tipo de situación no se vuelva a presentar en Colombia. Las tres ramas del Poder Público deben tomar cartas en el asunto.

FRANCISCO AZUERO
Profesor Asociado Facultad de Administración,
Universidad de los Andes.

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