S.O.S. por la diplomacia

La reforma de la Cancillería está a punto de quedar en un simple reajuste de salarios y organigrama.

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mayo 14 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-14

A RAÍZ DE LA PEOR crisis diplomática de la historia de Colombia con sus vecinos Ecuador, Venezuela y Nicaragua, como resultado de la 'Operación Fénix' en la que murió 'Raúl Reyes' en un campamento en territorio ecuatoriano, los principales columnistas, la  Academia y la oposición coincidieron en criticar el paupérrimo manejo de la coyuntura y, sobre todo, la ausencia de la Cancillería y del canciller Fernando Araújo. En un país caracterizado por la polarización y el desacuerdo, llamó la atención el consenso que pareció existir sobre la necesidad de darle un viraje profundo a la política exterior.  Inclusive, el artículo de portada de CAMBIO del 13 de marzo planteó la necesidad de reemplazar al Canciller, dado lo costoso que había resultado su nombramiento para el Gobierno y para los intereses de la Nación.   

Han pasado un poco más de dos meses y nada ha cambiado, aunque podría argumentarse que el rifirrafe con Ecuador ha empeorado. El efímero interés de la prensa y de la clase política en la noticia se diluyó. Y el Gobierno no ha mostrado la más mínima disposición de efectuar cambios reales en su estrategia internacional, a pesar de la debacle del TLC, su incapacidad manifiesta para explicar la realidad colombiana en forma persuasiva, el aislamiento nacional frente a gran parte de América Latina y las tensiones con Francia a raíz del intercambio humanitario.

El desdén del primer mandatario por lo internacional es entendible. Con una popularidad que ha oscilado entre el 79 y el 84 por ciento en los últimos años y una opinión pública que no entiende la complejidad de los temas mundiales que debe sortear el país -la aprobación del 69 por ciento de la política exterior justamente en esta coyuntura es diciente-, existen pocos motivos para un cambio de rumbo en el plano externo. Sin embargo, es imperdonable que la mentalidad localista de Álvaro Uribe no le permita comprender que la problemática colombiana esté atravesada por un sinnúmero de factores internacionales que exigen que la política exterior sea una prioridad nacional o, peor aún, que entendiendo este reto no lo asuma con la misma determinación que ha caracterizado su manejo de la política doméstica.

Curiosamente, el Plan Nacional de Desarrollo de ambos períodos de Uribe, así como el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) del segundo, identifican al Ministerio de Relaciones Exteriores como una de las entidades prioritarias que hay que fortalecer.

Enfermo grave

El que Colombia y su dirigencia política sigan mirándose al ombligo como el Tíbet de América Latina -como alguna vez lo proclamara Alfonso López Michelsen-, es aún más paradójico si se tiene en cuenta que desde 2005 la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y el sindicato de empleados del Ministerio han realizado tres diagnósticos distintos que indican que la política exterior y su ejecutor principal, la Cancillería, padecen una gravísima aflicción.  

Entre los problemas identificados por los estudios se destacan: la falta de planificación de la política exterior y de instrumentos de medición de su eficacia; la politización de la representación diplomática en el exterior; la carencia de criterios claros de idoneidad para la asignación de cargos provisionales y de libre nombramiento, ambos de discrecionalidad del Presidente; la mala gestión y administración de recursos financieros y administrativos, y en el caso de los funcionarios de la carrera diplomática y consular, niveles salariales bajos y la ausencia de mecanismos de evaluación que permitan su depuración.    

Una consultoría contratada por el Gobierno en abril de 2007 para reformar el Ministerio de Relaciones Exteriores constituyó un reconocimiento tácito de que, en efecto, existían graves problemas en su interior. Aunque el proceso fue impulsado por la anterior canciller María Consuelo Araújo, fue Fernando Araújo quien heredó su ejecución. Al principio, el Canciller se comprometió a consultar, evaluar e informar sobre la reforma y para ello estableció una estrategia de comunicación, "El Ministro informa", por medio de la cual Araújo socializaría regularmente los resultados a los funcionarios de la Cancillería.  

Lo que empezó como una oportunidad singular para poner al Ministerio en sintonía con las exigencias internacionales que enfrenta Colombia, quedó reducido a una reforma de su estructura orgánica -la sexta desde 1992-, un proyecto de reajuste de los salarios de los funcionarios y una propuesta de reforma del estatuto de la carrera diplomática y consular. Independientemente de las observaciones técnicas que pueden hacerse sobre lo propuesto -no tengo duda de que no dará respuesta a los problemas existentes-, un asunto de enorme preocupación es el proceso hermético y excluyente que lo ha acompañado. A pesar de lo prometido por el Canciller, en un año solo hubo dos reuniones informativas con la planta de la Cancillería, y la interacción del grupo consultor con la comunidad experta de funcionarios diplomáticos, académicos y políticos fue casi nula.     

Más importante aún, el intento de reforma -como todos los anteriores- chocó contra un inamovible insuperable: el pago de favores políticos con nombramientos diplomáticos en el exterior. Cerca de un 80 por ciento del total de la nómina en las misiones diplomáticas colombianas -unos 700 cargos-, corresponde a personas nombradas por la administración Uribe. Ni el Presidente, quien ha utilizado este jugoso botín para "persuadir" conciencias -como parece haber ocurrido en el caso de la reelección-, ni el Congreso, que ha sido su principal benefactor, tienen voluntad política  para desmontar esta práctica clientelista. Con un Canciller cuya improvisación y desconocimiento de los temas ha sido notorio, y una Presidencia a la que no le conviene cambio alguno en el statu quo, no sorprendería que entre los dos hayan congelado los aspectos más sustanciales de la reforma. 

Si en algún tema ha fracasado estrepitosamente este Gobierno ha sido en lo relacionado con la política exterior. Es inaudito que el denominador común de los tres cancilleres que ha tenido -y del cuarto, de confirmarse los rumores de que Jaime Bermúdez será nombrado después de la reunión de la OEA en Medellín el 1 y 2 de junio- haya sido su falta de experticia en relaciones internacionales y de altura para encarar con independencia al primer mandatario. Como nunca, se requieren estrategias, mecanismos y competencias adecuados para construir una política exterior audaz y acorde con las exigencias del momento. Algo tan trascendental para el país no puede ser manejado con el mismo hermetismo y desvarío con que la diplomacia colombiana ha sido conducida hasta el momento. Por ello, como en el desastre del Titanic, antes de un hundimiento inminente se impone un S.O.S. perentorio para salvar la Cancillería y la política exterior.

POR ARLENE B. TICKNER, 
profesora de relaciones internacionales, IEPRI, U. Nal.

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