Salud: debate necesario

Bienvenido el debate de las propuestas para el sector salud que esté alejado de la politiquería, la injuria y la calumnia en el que algunos quisieron, o quieren, quedarse.

Finanzas
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abril 27 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-27

La decisión de la Corte Constitucional sobre la declaratoria de Emergencia Social se acata, aunque se lamenta. Lo bueno es que le abre la posibilidad a un debate profundo sobre el sector salud. Lo paradójico es que llega cuando muchos de quienes cuestionaron las medidas las consideran ahora necesarias.

Organizar los sistemas de salud es una tarea compleja. Satisfacer equitativamente ese derecho fundamental, sujeto a límites dignos, que tengan en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas y la capacidad financiera del Estado, requiere determinaciones que afectan la política macroeconómica y social de cualquier nación.

Los logros alcanzados por nuestro sistema no se pueden olvidar en las decisiones futuras. No podemos retroceder. En 1993, la cobertura del aseguramiento llegaba a 7 millones de habitantes; hoy, más de 41 millones estamos asegurados. El 44% del gasto total en salud lo pagaba los ciudadanos directamente de su bolsillo a los médicos y a las clínicas privadas, que atendían apenas al 17% de la población.

Antes un ciudadano pobre, si enfermaba gravemente, se tenía que colar en el servicio monopólico del ISS para que lo atendieran; ahora una persona del régimen subsidiado no se deja quitar el carné del seguro de salud porque sabe la protección que recibe. La Sentencia T760/2008 de la Corte Constitucional, interpretando el sentir de muchos agentes, impartió órdenes al Ejecutivo para corregir deficiencias que subsisten en el sistema de salud.

Señaló la necesidad de unificar los paquetes de beneficio, organizar los servicios que no están incluidos en ellos, mejorar el flujo de los recursos, eliminar barreras de acceso para los ciudadanos y lograr la cobertura del aseguramiento de toda la población a lo largo y ancho del territorio nacional.

Las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo de la Emergencia Social respondieron a esos requerimientos con soluciones que además conseguían recursos financieros para la salud, permitían la portabilidad del seguro entre subsidiado-contributivo y pretendían que los hospitales públicos tuvieran mayor calidad y se alejaran del clientelismo en el que muchos se encuentran.

Con ellas se amenazaron intereses políticos, económicos y de otro orden subalterno, que seguramente se manifestarán y se harán evidentes otra vez en el Congreso de la República cuando se reactiven las discusiones.

A pesar de ello, es indudable que se debe dar un paso adelante y realizar un debate integral que incluya, además de aquellos, otros elementos clave para consolidar la organización de la salud en el país.

Reajustar la compleja arquitectura financiera que existe, establecer orden a la salud pública, legitimar socialmente la reestructuración del POS unificado, definir el responsable jurídico de la articulación de los servicios de salud y recuperar el liderazgo de los médicos dentro del sistema de salud son algunos de ellos.

En resumen, se abre una ventana de oportunidad para establecer un código nacional de salud en el cual se incluya una revisión integral, que abarque las normas y los temas desarrollados desde la Ley 9ª de 1979 hasta la Ley 1122 de 2007, pasando por las Leyes 10 de 1990, 100 de 1993 y 715 de 2001. Que integre también a los regímenes especiales y a las atenciones en salud por accidentes de tránsito, enfermedad profesional y contingencias laborales.

Bienvenido el debate de las propuestas para el sector salud que esté alejado de la politiquería, la injuria y la calumnia en el que algunos quisieron, o quieren, quedarse.

galanau@cable.net.co