La salud, paciente terminal

Una de las razones que sustentan la existencia de un Estado es la de garantizar los derechos fundamentales a toda la población, por encima de intereses particulares o empresariales, y uno de ellos es la salud.

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septiembre 01 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-09-01

A este respecto, la Ley 100 de 1993 estableció nueve fundamentos para la administración del sistema de salud, destacando los numerales 3 y 9 que se refieren a la protección integral y a la calidad, respectivamente. En relación con la protección integral, abarca todas las fases desde la educación hasta el tratamiento y rehabilitación, asegurando cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia. En este sentido, se olvidó incluir y darle especial atención al indicador de eficacia en el servicio de salud, que permite medir hasta dónde la atención médica logró con oportunidad y con la utilización de todos los medios científicos, tecnológicos y de infraestructura la sanación adecuada de los usuarios del sistema. Si se midiera este indicador hoy, nos llevaríamos muchas sorpresas. Es claro que el fundamento sobre el cual se crearon las EPS fue el de contar con empresas eficientes para la administración del sistema de salud, bien sea contributivo o subsidiado. En esta dirección, las EPS se empeñan en aplicar sólo el indicador de eficiencia. Les interesa, como toda empresa, ser rentable y sostenible en el tiempo. Para hacerlo tienen clara la ecuación: mayores ingresos, menores costos. Por eso, su sistema se orienta a ser restrictivos en las autorizaciones de consulta a especialistas, a medicamentos, a procedimientos y al tratamiento oportuno de enfermedades que al final pueden resultar más costosas para la sociedad. Somos la sociedad de los calmantes, pues para toda dolencia los profesionales de la salud tienen que recetar acetaminofén. Es tan delicado el problema, que los médicos en muchos casos le preguntan al paciente que si tienen capacidad para comprar los medicamentos que son claves para la sanación porque esos no los cubre el POS. Es más, muchas veces los médicos afiliados a las EPS y empresas de Medicina Prepagada se abstienen en autorizar exámenes de diagnóstico y tratamientos de última tecnología para no ser señalados y vetados por ordenar procedimientos de alto costo, pues afecta la rentabilidad de las mismas. Actualmente, ni siquiera teniendo medicina prepagada se garantiza que toda la atención requerida por los pacientes es posible tenerla con oportunidad. En los casos de enfermedades catastróficas se busca que la autorización se tramite en el no POS. Esto alarga considerablemente el tiempo para contar con la aprobación del Comité Técnico Científico, mientras la salud del paciente se deteriora. Es tan preocupante la situación que, mientras la enfermedad avanza aceleradamente, las autorizaciones trascurren a paso lento y a veces no llegan. Por eso, las personas con delicados problemas de salud se complican porque tienen que esperar generalmente mucho tiempo para ser valoradas por un especialista, y lograr después de infinita tramitomanía para que le autoricen los procedimientos médico-quirúrgicos necesarios. Es doloroso ver las interminables colas, el grado de desesperación y el alto estrés de los pacientes tratando de conseguir una autorización. A pesar de que el noveno fundamento del Sistema Integral de Salud de la ya citada Ley 100 hace hincapié en la calidad, y obliga a que se deben establecer mecanismos de control para asegurar una atención en salud oportuna, personalizada, humanizada e integral, ello requiere una revisión para evitar lo que hoy vemos a diario en los centros de autorizaciones y en las IPS. Si bien el Gobierno se ha dedicado con ahínco a destapar los problemas graves de corrupción en el sistema de salud, acciones que se aplauden, es necesario también profundizar, en el menor tiempo posible, en la construcción de un sistema de salud eficaz, oportuno y de calidad. Las murallas de la corrupción pueden estar impidiendo ver el problema de fondo de la salud, que es un paciente terminal. Es necesario ampliar, como lo ha anunciado el Gobierno Nacional, la cobertura del POS para brindar a todos los colombianos un sistema de salud que responda sin contratiempos y con la calidad requerida a las necesidades de los usuarios. De igual forma, ello debe ir acompañado de una medida que obligue a las EPS a autorizar sin trabas ni dilaciones los exámenes diagnóstico, procedimientos y medicamentos requeridos a los pacientes que lo requieran, máxime si es una enfermedad catastrófica. Si las autorizaciones no están cubiertas por el POS será la EPS quien tramitará el recobro de los costos al Fosyga, evitando que el trámite engorroso tengan que realizarlo los pacientes. Será a través de un comité científico que se defina a quién le corresponde asumir el costo. En definitiva, el Gobierno Nacional debe actuar con eficiencia en varios frentes: poner a buen recaudo a los corruptos, asegurar un sistema de auditoría de alto nivel para que esto no vuelva a ocurrir, pero a la vez, y con altísima prioridad producir los grandes cambios en la cobertura del POS, en la calidad y efectividad y en la humanización en la prestación de los servicios. Así, el actual Gobierno trascenderá con acciones positivas y de largo alcance. La salud actual debe salir del estado terminal en que se encuentra. Es hora de dar el paso hacia la prosperidad para todos. HELGON

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