El Salvador, contra la corriente

El Salvador, contra la corriente

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noviembre 13 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-13

La Corte Suprema de El Salvador ha declarado inconstitucional el Convenio 87 de la OIT que establece el derecho de sindicalización, negociación colectiva y huelga, extensivo a los empleados públicos. En agosto del 2006, la Asamblea Legislativa ratificó ese y otros tres convenios de la OIT (98, 135 y 151), el Gobierno sancionó esa ley, la depositó ante la OIT para entrar en vigencia en octubre del 2007, y se ha presentado una gran cantidad de solicitudes de creación de sindicatos en el sector público. En junio del 2006, la Corte había advertido que no se pueden ratificar convenios internacionales que estén en contradicción con la Constitución, pero la Unión Europea condicionó el ingreso de productos salvadoreños a la ratificación de dichos instrumentos. Adicionalmente, el Libro Blanco que los Ministros de Trabajo y de Economía de los países signatarios del TLC de América Central y República Dominicana con E.U. firmaron para lograr la ratificación del TLC en E.U., establece el compromiso salvadoreño de ratificar los mencionados convenios. La Corte sostiene que solo los patronos, los empleados privados y de instituciones oficiales autónomas pueden agremiarse, en tanto que los empleados públicos se rigen por el derecho administrativo, incompatible con la libertad sindical; pues si ejercieran el derecho a la huelga negarían la prestación del servicio publico, lo cual está en contradicción con el Artículo 221 de la Constitución que prohíbe la sindicalización de los empleados municipales. Sostiene que si se concede el derecho de negociación a los empleados públicos habrá límites fiscales para atender sus solicitudes y que no pueden suspenderse servicios como la seguridad, salud y educación, pues “el Estado no es un patrono como cualquiera, sino un medio del pueblo para el pueblo”. Esta decisión ha generado sorpresa en la comunidad internacional, pues en todo el mundo los derechos laborales son reconocidos a los empleados públicos, y se los compromete a garantizar la prestación de servicios en los que la vida y seguridad de la población estén en riesgo. La comunidad internacional ha aceptado que los tratados internacionales tienen preeminencia sobre las normas nacionales y una vez ratificados hay que realizar las adecuaciones constitucionales necesarias, pero el presidente Antonio Saca ha advertido que también sería inconstitucional ratificar el Tratado de Roma que pondría al país bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es previsible que Europa excluya del SGP Plus a El Salvador, y que el Congreso de E.U., ahora con control demócrata, suspenda los beneficios de acceso al mercado estadounidense, pues está entendido que aunque el Libro Blanco que exige la ratificación de dichos tratados no es parte integral del tratado, sí implicaba un compromiso de Estado. A Perú, Panamá y Colombia, que han firmado TLC después de América Central, los voceros estadounidenses les han fijado la condición de adecuar su normativa laboral a los estándares internacionales para lograr la ratificación de los respectivos tratados. En un mundo global, cualquier país se equivoca si cree que puede sustraerse al cumplimiento de la normativa laboral y penal internacional. Beethoven Herrera Valencia Profesor de las U. Nacional y Externado Es previsible que Europa excluya del SGP Plus a El Salvador”.

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