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Una sana preocupación

En relación su artículo “El arbitramento ante la Corte Constitucional” publicado el pasado jueves 20 de abril de 2006 en la Sección Justicia de su prestigioso Diario, debo señalar que, en mi opinión, se ha malentendido la sana preocupación de la Administración Departamental del Valle del Cauca en cabeza del gobernador Angelino Garzón, por las implicaciones que tiene para la región el pago de una cuantiosa suma como producto del pago de una obra que no se cumplió. Las implicaciones de este pago son graves: se afectaría el menguado presupuesto departamental -las rentas propias- por ejemplo, impidiendo la posibilidad de que miles de niños y niñas de la región puedan tener acceso a la nutrición o a servicios como educación y salud.

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mayo 12 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-12

De manera por demás displicente se ha dicho que los recursos para la salud y la educación son de destinación específica -tesis que retoma el citado artículo- sin tener en cuenta que se hace referencia sólo a los recursos que la Nación destina a este fin. Pero esos no son los únicos dineros que una región como la nuestra requiere para ofrecer tan importantes servicios. ¿O pensarán quienes plantean esto que el Estado central cubre todas necesidades que en salud y educación presentan las regiones? Este asunto tiene no sólo que ver con la inversión social, sino también con la salud de las finanzas. En el gobierno vallecaucano hay conciencia plena de la necesidad de cumplir las obligaciones. Es así como, a lo largo de la presente administración, se han pagado con estricto cumplimiento todos y cada uno de los compromisos financieros de una enorme deuda que gobiernos anteriores acrecentaron al extremo y que hoy representa más 502 mil millones de pesos. La deuda se ha reducido en más de 171 mil millones de pesos por parte del departamento lo cual nos ha ubicado como uno de los de mayor cumplimiento en materia fiscal de acuerdo con la Dirección Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. El otro punto que se expresa en el artículo es aquel que señala que a través de marchas y huelgas de hambre se intentó justificar el desconocimiento de las providencias judiciales. Nada más lejos de la realidad. La marcha de solidaridad con los usuarios de la carretera Cali- Candelaria en la que participaron miles de vallecaucanos y vallecaucanas tuvo como objetivo generar conciencia en la población de la importancia de defender el patrimonio público como bien que pertenece a toda la comunidad, incluidos los empresarios. En el caso de la llamada “huelga de hambre”, de lo que se trató fue de un ayuno que no revistió una actitud de rebeldía ante los designios de la máxima autoridad jurídica colombiana, como lo es la Corte Constitucional, sino un llamado a la población y a las autoridades para que se tuvieran en cuenta los argumentos que sustentaron el fallo de la Sala Primera de Revisión de la Corte cuando le dio la razón a la Gobernación al anular el fallo del tribunal de arbitramento. Por último, es muy importante recordar que el fallo fue muy dividido -cinco votos contra cuatro- y que a futuro deberá construirse un andamiaje jurídico que, sin dejar de preservar la llamada seguridad jurídica para la ejecución de contratos públicos, garantice que el Estado y la población no paguen, con recursos que son de todos, por obras que no se hicieron. En este sentido, el precedente logrado por el Gobierno departamental es el de un Estado regional que defiende a fondo el interés general, siempre por vías legales y respetando la institucionalidad jurídica, pero sin desistir, pues es una obligación de los gobernantes apersonarse de la tutela de los bienes públicos. Ernesto José Piedrahíta

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