Sector comercio debe protegerse debido a que es uno de los principales promotores de la economía nacional

El dilema para prevenir que ese renglón de la economía nacional sea usado por delincuentes para el lavado de dineros ilícitos.

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noviembre 05 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-05

Situación: El comercio es uno de los principales promotores de la economía nacional, por tanto, se debe proteger.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) -con sus 15,000 afiliados - lo tiene claro: "La Federación Nacional de Comerciantes... es una entidad gremial, de carácter permanente, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país" (ver www.fenalco.com.co).

La misión de la Supersociedades también lo exige: "Contribuir al orden público económico, prestando servicios que faciliten el desarrollo y protejan efectivamente la actividad empresarial del sector real y atiendan oportunamente su insolvencia" (www.supersociedades.gov.co).

Esta protección tiene que incluir la amenaza del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Muchos ejemplos así lo confirman:
Ejemplo # 1 - PYMES: Una de las 'leyes' fundamentales del lavado de activos es que cuanto más predominan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) o los pequeños comerciantes auto-empleados en la estructura comercial de la producción y distribución de mercancías y servicios no-financieros, tanto más difícil será la tarea de separar las operaciones ilícitas de las lícitas. En Colombia, más del 85 por ciento del comercio es representado por PYMES.

De hecho, la 'mejor' fachada para el lavado de activos es un negocio de ventas legítima, particularmente uno que genere importantes cantidades de dinero en efectivo. Aún 'mejor' sí el contenido de servicios en relación con el de mercancías vendidas es alto. Por ejemplo, en un negocio de ventas de productos y servicios informáticos en donde es manejable rastrear el número de computadores vendidos y no así la asistencia técnica complementaria en mantenimiento, etc.

Por lo general, entre mayor sea el monto de servicios en relación con el monto de mercancías en el PNB, será más común encontrar empresas comerciales legítimas que puedan - consciente o inconscientemente - ser utilizadas para lavar dinero (www.unodc.org buscando 'Las 10 Leyes Fundamentales del Blanqueo de Dinero').

Ejemplo # 2 - Tipologías: Las tipologías, es decir las técnicas o los métodos para lavar activos - lo reafirman. En su compilación y descripción de tipologías, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hace referencia a por lo menos 63 técnicas.

Ejemplo # 3 - Sentencias: Un estudio del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) igualmente lo reafirma. Según la investigación - que tenía 178 sentencias condenatorias y absolutorias por lavado de activos bajo la lupa - la mayoría de las personas involucradas y condenadas por lavado de activos son o se autodenominan comerciantes o pequeños empresarios. En 79 de los casos, se vinculan sociedades. Una situación demasiado preocupante y desafiante para ser ignorada.

Desafío

Con algunas excepciones (e.g. los profesionales de compra y venta de divisas, entidades que se dedican al comercio exterior, y las personas y empresas que se dedican de manera profesional a la compra y venta de vehículos nuevos y usados) el comercio colombiano sigue siendo un sector sin regulación en términos de prevención y administración del riesgo de lavado de activos.

En contraste, el sector financiero (antes vigilado por la Supervalores) viene regulado desde 1993 con la expedición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y circulares externas, expedidas por las respectivas superintendencias, cuando el Código Penal colombiano incorporó una forma de lavado de activos mediante la 'receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales'.

¿Por qué es así? Porque tradicionalmente las organizaciones criminales buscaron colocar su riqueza ilícita inicialmente en el sistema financiero y bursátil, pero en la medida que los controles se han vuelto más exigentes, el dinero y bienes se han trasladado a otros sectores o actividades con menores controles o sin ellos.

Como están las cosas, es el sector financiero que -con las obligaciones de 'conocer su cliente' y 'conocer su riesgo'- se está quedando con la tarea.

Los riesgos y las consecuencias comerciales, legales y de reputación para el sector real nos hace pensar que no sobra anticipar posibles soluciones a la situación y prever su ocurrencia. El sector comercial puede sin duda contribuir más y debe estar interesado en hacerlo. El lavado de activos, igual que la droga, es una responsabilidad compartida.

Solución

Existen dos opciones básicas para desafiar la problemática.
Opción # 1 - Regulación del Estado: Ésta sería la más tradicional y para muchos la solución más directa.

Tomando el sector financiero como ejemplo, una futura regulación estatal seguramente obligaría al sector comercial (y a otras actividades como la de joyas, metales y piedras preciosas, comercio de obras de arte y antigüedades, compraventa de aeronaves, motos y yates, construcción, entidades sin ánimo de lucro, clubes deportivos profesionales, empresas de mensajería especializada, contadores y abogados) a establecer mecanismos de prevención y control así como la obligación de reportes a la UIAF.

Dos circunstancias, aparentemente insignificantes, nos indican que el gobierno se inclina por ella. La primera es que la página web de la Superintendencia de Sociedades ya tiene una casilla llamada 'Prevención Lavado de Activos', aunque está bajo construcción.
La segunda es que el Supersociedades va a realizar una ponencia durante un evento anti-lavado organizado por Baker Tilly Colombia y Legis el día 11 de noviembre de este año.

Por otra parte, el gobierno está preparando una reglamentación de ciertas actividades y profesiones señaladas en las recomendaciones contra el lavado de activos y financiación del terrorismo publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI (www.fatf-gafi.org). A nivel internacional, aunque existen las recomendaciones internacionales del GAFI, consideradas como estándares antilavado.

Opción # 2 - Auto-regulación del Sector Real: Ésta opción parece ser la más atractiva para el sector, demostrando así iniciativa, compromiso y su ejercicio de la Responsabilidad Legal Empresarial como mínimo ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial.

De suerte, hay un referente y antecedente en el sector de valores. Tal como lo permite la Ley 964 de 2005, existe un mecanismo claro de autorregulación con funciones normativas, de supervisión y disciplinaria lo que ha permitido adelantar procesos e imponer sanciones a las personas involucradas en violaciones a la normatividad aplicable a este mercado.

El sistema funciona porque los miembros y asociados se autorregulan voluntariamente, participan en comités que definen los temas regulatorios, se someten a una vigilancia, monitoreo y supervisión de las actividades del mercado y acogen las decisiones de los procesos disciplinarios.

El resultado parece haber sido satisfactorio desde el punto de vista de la administración pública.

Distintos sectores en otros países, por ejemplo los abogados en los E.U., lo están trabajando en la actualidad. En buena medida para evitarse la obligación de los ROS que consideran un ataque a la relación de confidencialidad que debe existir entre ellos y sus clientes.

Una de las decisiones que habría que tomar es si el sistema de prevención o administración de riesgo de lavado de activos sería obligatorio, voluntario o mixto, como en el caso del sector de valores.

No nos corresponde abogar por una u otra opción, pero sí invitamos a todos - tanto representantes del sector público como el sector privado - a participar en el debate porque el comercio tiene un dilema real.

 



* Kristian Hölge, Asesor Regional Legal, y Mónica Mendoza, Abogada, del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Por favor dirigir sus comentarios sobre este artículo al e-mail: laplac@unodc.org.

* Luis Eduardo Daza Giraldo, Subdirector de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en Colombia.
Agradecemos a Luis Ernesto Salinas y a Paola Cubides Alvarez de la Red del Pacto Mundial de Naciones Unidas en Colombia y a Qualitas Training & Tools por su orientación en torno a la Responsabilidad Social Empresarial.

Nota: Las opiniones expresadas en este artículo no necesariamente corresponden a las de UNODC/LAPLAC y la UIAF.
 

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