Un sector enfermo

Un sector enfermo

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octubre 17 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-17

La determinación tomada por la Superintendencia Nacional de Salud, en el sentido de revocarle la habilitación a 15 Entidades Promotoras de Salud del llamado Régimen Subsidiado es un serio campanazo de alerta sobre la situación de un sector que, valga la comparación, debería estar en cuidados intensivos. Y es que no solo la decisión implica la desaparición de la tercera parte de las EPS que operan en este campo, sino que deja en el limbo a cerca de 7 millones de personas, pertenecientes a los sectores más pobres de la población. Pero el veredicto fue inevitable y respondió a un trabajo de evaluación que incluyó la revisión a los respectivos planes de mejoramiento que cada institución había firmado con la Superintendencia, así como a criterios fijados sobre patrimonio mínimo y márgenes de solvencia. Ahora de lo que se trata es velar para que las 30 EPS que siguen en juego, incluyendo a aquellas que permanecen con matrícula condicional, presten un servicio que responda tanto a las expectativas del público, como a las esperanzas que nacieron en el momento de su creación. Lamentablemente, los más escépticos afirman que ese es un propósito muy difícil de lograr en un sector que cada vez más es presa de la corrupción, debido a los millonarios recursos que maneja y a la existencia de vacíos que permiten la apropiación ilegal de grandes sumas de dinero. Como es sabido, el sistema de salud en Colombia tiene dos áreas bien diferenciadas: la contributiva y la subsidiada. En la primera, que incluye a los trabajadores formales y a los independientes con capacidad de pago, hay afiliadas 16 millones de personas. Los recursos que éstas representan suman cerca de siete billones de pesos que son entregados a una veintena de EPS encargadas de administrar el Plan Obligatorio de Salud (POS). Aunque desde hace tiempo son conocidas las diferencias entre los representantes de este sector y el Gobierno, los observadores consideran que los motivos de discusión son inherentes al manejo del negocio: la fortaleza patrimonial, la cobertura de los planes y el pago de reclamaciones. Esas discrepancias no son menores y tienen que ver con la rentabilidad de una actividad que, según cifras consolidadas del año pasado, tuvo un margen patrimonial de apenas tres por ciento. Por tal motivo, existe el peligro que índices de ese tenor lleven a los principales inversionistas a salirse del negocio, más aún cuando hay exigencias de capitalización a la vista. En el caso del régimen subsidiado, las inquietudes son otras. Éste cubre a 20 millones de personas inscritas en el Sistema de Identificación de Beneficiarios de Subsidios Estatales, conocido como Sisbén, pero tan solo 12,5 millones de individuos están debidamente ingresados a la base de datos. El saldo no está plenamente depurado, lo cual crea una sombra de duda sobre la calidad de las listas integradas por información dada por los diferentes alcaldes. Buena parte de los casi cinco billones de pesos que son administrados por las EPS que participan en el régimen subsidiado provienen del presupuesto nacional, aunque también hay una suma que es aportada por el régimen contributivo. El problema es que el esquema de administración de los recursos es un caldo de cultivo para la corrupción a través de dos caminos posibles. El primero es tener afiliados inexistentes en la base de datos y así cobrarle al Estado sin tener que prestar el servicio. El segundo es la contratación tanto con la red pública de salud, como con entidades privadas, lo cual se presta a sobornos y sobrecostos. ¿Qué proporción de esos cinco billones se pierde? Imposible saberlo. Pero no es una coincidencia que buena parte de los senadores y representantes detenidos o investigados por la llamada ‘parapolítica’ tengan intereses en el negocio. Esa sola circunstancia justificaría la declaración de emergencia por parte del Gobierno. Por eso resulta increíble tanto silencio, mientras los aportes de los asalariados y del presupuesto llegan a su máximo histórico y los signos vitales del sector salud muestran un franco deterioro. La revocatoria a la habilitación de una tercera parte de las EPS que operan en el régimen subsidiado de salud, es un síntoma más de la situación de un sector en problemas”.

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