El sector financiero y el desarrollo rural

El crédito jugó un papel esencial en el desarrollo del campo durante los últimos 70 u 80 años. La historia que vamos a ver es la de un sector agropecuario que pasó del 60 por ciento del Producto Bruto Interno (PIB) a mediados de los años 20, hasta poco más o menos un 10 por ciento en el presente y, al mismo tiempo, ilustra la evolución de las ideas económicas sobre política monetaria y sector financiero desde la ortodoxia del patrón oro hasta nuestros días.(VER GRAFICO)

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agosto 11 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-11

En los años 20 no hubo ningún intento de transferir recursos adicionales al campo, sino apenas la creación de instrumentos para atender necesidades específicas, como el almacenamiento de productos o el mercado de tierras. En los 30 aparece la Caja de Crédito Agrario, en un período signado por la Gran Depresión y por el abandono del patrón oro: es el primer ensayo de un banco especializado en el sector. Creada para atender a pequeños productores del agro, muy pronto amplía sus líneas de crédito para incluir la minería y canalizar recursos de largo plazo hacia la ganadería. Apenas termina la Segunda Guerra Mundial, la recuperación de los mercados externos, la necesidad de atender una población urbana creciente y la expansión de otros sectores generaron una escasez de recursos para el agro que llevaron a crear colocaciones forzosas en 1948, obligando a los bancos a suscribir bonos de la Caja Agraria. La postguerra trae también las teorías keynesianas y un nueva concepción del financiamiento, que acepta la emisión primaria para atender las necesidades de crédito de la inversión productiva y la generación de empleo. Durante los años 50 van apareciendo leyes que obligan al sector privado a colocar una fracción de su cartera en sectores específicos, permitiéndole a cambio redescontar esos créditos en el banco central. A comienzos de los 50, el crédito de fomento redescontado por el Banco de la República representaba 6 a 8 por ciento de la cartera total de los bancos, pero en 1958 alcanzó 12 a 14 por ciento y siguió así hasta 1965. En particular, el decreto 198 de 1957 y la Ley 26 del 59 obligaban a la banca a colocar 15 por ciento de su cartera en el sector rural, pero esta obligación no creaba la clientela ni la red de oficinas que habrían facilitado su cumplimiento, así que pronto surgió la idea de crear Fondos especiales en el banco central, alimentados con las colocaciones forzosas de la banca privada y contra los cuales podrían redescontar sus créditos los bancos interesados. En 1966, la Junta Monetaria creó el Fondo Financiero Agrario, que operó dentro del Banco de la República pero con recursos de colocación forzosa de la banca. De esta manera, el crédito de fomento del Emisor bajó rápidamente al antiguo nivel de 6 por ciento del crédito total. En la misma época, el Estado comenzó a intervenir en todos los aspectos de la producción agropecuaria con un paquete de medidas que intentaban promover el cambio tecnológico, pero proporcionaban al mismo tiempo cupos de crédito, garantías de compra y de precio, así como protecciones arancelarias y cuantitativas. Es el mismo paquete que seguirá vigente, con ajustes, hasta la apertura de los 90, y que, paradójicamente, restaba urgencia al ajuste tecnológico porque garantizaba un ingreso razonable con las técnicas en uso. De esta forma, la política consolidaba formas de producción individualistas, de pequeño tamaño, con restricciones de acceso a tierra, capital y tecnología, y un escaso desarrollo empresarial en el campo. A pesar de las apariencias, en este período no se puede hablar de transferencias del sector financiero hacia el rural, ya que la política monetaria se basa en la idea de administrar la emisión y sus efectos, es decir, el impuesto inflacionario, redistribuyéndolo entre sectores según fuere necesario. Así como el Estado garantizaba la rentabilidad a los sectores productivos, también lo hacía con el sector financiero. La situación cambió a mediados de los años 70. Por una parte, con la creación del Fondo Financiero Agropecuario (Ley 5 de 1973), se buscaron condiciones y tasas de interés y de redescuento que evitaran subsidiar al agro a costa del sector financiero. Pero, casi al mismo tiempo, se lanzaba el sistema UPAC cuyo fundamento era remunerar al ahorrador con tasas reales positivas y conseguir así un aumento en la proporción del PIB que se ahorraba, dirigiendo los recursos adicionales al sector de la construcción. El resultado no fue un aumento del ahorro real, sino una redistribución del existente que se concentró en las nuevas cuentas y obligó a la banca a ofrecer tasas de interés parecidas para captar recursos y atender otras actividades. Simultáneamente, la inflación creció y desbordó todas las previsiones de quienes diseñaron el FFAP y sus formas de operación. Desde otra perspectiva, a comienzos de los 70 se abandona el paradigma del crédito de fomento con emisión y el manejo del impuesto inflacionario, adoptando un esquema de financiamiento menos propenso a generar inflación, según el cual el Emisor proporciona la base monetaria que necesita la economía y los bancos compiten entre sí para captar los recursos en circulación, remunerando apropiadamente al ahorrador. Llevando al extremo esta visión, la banca ya no recibe recursos sin costo y se convierte en simple intermediario entre ahorradores e inversionistas. Cualquier colocación forzosa podría generar transferencias de los ahorradores al sector beneficiado y el intermediario tendría que trasladar ese costo al diferencial entre tasas activas y pasivas: surge entonces la posibilidad de un subsidio del sector financiero al rural. Paradójicamente, este cambio de política monetaria coincide con el disparo de la inflación en Colombia. Para medir el subsidio al sector rural en este período, debemos tomar en cuenta que la banca recibe un interés sobre los bonos obligatorios y, luego, obtiene un diferencial de intereses al redescontar un préstamo contra esos mismos recursos. Esta rentabilidad se debe comparar contra el costo de oportunidad del banco, que es igual a la tasa activa para clientes preferenciales. Por último, expresamos esa diferencia como un porcentaje de la cartera total de crédito de los bancos. De esta manera, se aprecia una transferencia que llega al 0,5 por ciento de la cartera en 1976, pero salta a 2,0 por ciento en 1981. El monto de los subsidios va bajando luego en forma gradual para volver a 0,5 por ciento en 1998, justo antes de desaparecer en 1999. Este descenso se debe a la pérdida de participación del sector rural en el conjunto de la economía y, también, a las crisis agrícolas de los años 90. De 1999 en adelante, la rentabilidad global de las colocaciones forzosas y los redescuentos asociados queda nivelada con la tasa activa marginal o tasa preferencial media. En teoría, se estaría subsidiando así el mayor riesgo del crédito rural frente al de un cliente preferencial, pero la política sectorial lo ha venido compensando con una agresiva difusión de coberturas por parte del Fondo Agropecuario de Garantías, así que las transferencias del conjunto del sector financiero al sector rural parecen haber terminado. Subsiste, sin embargo, otro tipo de transferencia que ocurre entre los bancos porque todos aportan a Finagro, pero la mayoría coloca un volumen inferior de créditos en el sector rural, con lo cual ceden el diferencial por redescuento a los otros bancos. En los últimos años, algunos bancos privados han seguido prestando al sector rural en cuantías significativas, pero sólo el BBVA ha mantenido un balance entre aportes a Finagro y redescuentos, consiguiendo así neutralizar los costos de la inversión forzosa. El principal beneficiario de las cesiones del resto de intermediarios ha sido el Banco Agrario, que no está obligado a la suscripción forzosa de bonos, pero redescuenta la mayor parte del crédito de Finagro."El principal beneficiario de las cesiones del resto de intermediarios ha sido el Banco Agrario, que no está obligado a la suscripción forzosa de bonos”.Por Luis Lorente, director de Cega y Katerine Cartagena, investigadora. "Del año 1999 en adelante, la rentabilidad global de las colocaciones forzosas y los redescuentos asociados queda nivelada con la tasa activa marginal o tasa preferencial media. En teoría se estaría subsidiando así el mayor riesgo del crédito rural”.

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