Su compromiso con la mitigación y eventual erradicación de la corrupción son iniciativas que deberían contar el apoyo de la ciudadanía y de la empresa privada. El buen gobierno es indispensable para aumentar la efectividad del sector público en todos los frentes y para conseguir que sus servicios del Estado y la eventual prosperidad lleguen hasta los sectores más pobres. El buen gobierno también debe incorporarse a la cultura empresarial colombiana, aunque no ha sido fácil mover a los empresarios en esta dirección. Muchas de las empresas son regidas por patriarcas familiares o por sus gestores o fundadores que tienden a concentrar la autoridad en ellos y a monopolizar el control sobre la información y los recursos. No pocos de estos autócratas manejan sus compañías como si se tratara de de su propio bolsillo, tienen empresas que se benefician de los contratos de suministro, y para someter a sus juntas directivas les conceden prebendas que riñen con los conceptos de trasparencia y buenas prácticas administrativas, que lleva consigo la idea de buen gobierno. En la mayoría de estos casos están presentes conflictos de interés que no se resuelven adecuadamente a favor de las empresas, sino de los que las manejan, con detrimento para los accionistas y para los demás interesados. Esto redunda en ineficiencias y crea una cultura de rapiña dentro de las empresas, y facilita el mal manejo de recursos públicos, cuando son contratistas con el Estado, como ha sido el caso de obras públicas o de empresas del sector salud. Esta administración, que predica el buen gobierno y que lo está comenzando a aplicar dentro de la gestión pública, debería interesarse por promover esos mismos criterios en el sector privado, con especial atención a las empresas que fueron privatizadas, contratan con el Estado o administran bienes púbicos por concesión o licencias del Gobierno. Si esto se hubiera hecho hace 20 años cuando se privatizaron varias compañías prestadoras de servicios o se otorgaron licencias y concesiones a grupos privados que han venido a convertirse en nuevas élites empresariales excluyentes, posiblemente se hubiera evitado la actual crisis del sector salud. Si las empresas de ese sector que hoy están a punto de ser intervenidas hubieran tenido estrictos controles administrativos, contabilidad moderna, miembros independientes en sus juntas directivas, comités de auditoría, revisores fiscales autónomos, quizá se hubiera evitado lo que está sucediendo. Si se las hubiera preparado para salir a bolsa y compartir con un público más amplio los beneficios de la privatización, y si no hubieran sido administradas por déspotas, no estarían cientos de miles de usuarios en riesgo de perder sus servicios. Todavía estamos a tiempo en el campo de acción del Ministerio de Transporte y en los de Minas, Agricultura o Comunicaciones y, aún en el de Defensa, para que el Gobierno les exija a sus contratistas,sus concesionarios, a las empresas que regula o en las que participa como socio, que adopten rápidamente las prácticas de gobierno corporativo, de control y equilibrio de poderes al interior de las compañías, de manejo de conflicto de interés y transparencia que se requieren para afiliar a las empresas a la bolsa de valores, con el fin de abrir y democratizarlas en un futuro previsible. rhommesr@hotmail.comHELGON
Finanzas
05 sept 2011 - 5:00 a. m.
Sector privado necesita buen gobierno
Desde que Juan Manuel Santos decidió que iba a buscar la presidencia ha querido vincular su gestión política con el concepto de buen gobierno, que hace cada vez más falta.
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