A Senado, proyecto de ley sobre la seguridad privada

El ministerio de Defensa radicó en el Senado el proyecto de Ley que busca cambiar la normatividad vigente de vigilancia y seguridad privada, que según el Superintendente Felipe Muñoz, dista mucho de la realidad del sector.

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noviembre 13 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-13

“Han pasado quince años desde la expedición del Decreto Ley 356 y no hay duda de que hoy el entorno es más complejo. Hay más hombres dedicados a la vigilancia (cerca de 170 mil), más necesidades, nuevos negocios que requieren un manejo especial y cifras que demuestran ese movimiento (ver gráfico)”, dijo el funcionario, quien destacó algunos puntos de la normatividad que sugiere identificar a las empresas como “Organizaciones de Vigilancia Privada (OVP)”. Es vital, por ejemplo, que no haya más departamentos de seguridad de personas naturales sino jurídicas. Tras ese objetivo, la Superintendencia logró reducirlos de 1.300 a 813. “Y el proceso sigue”, anotó Muñoz, quien recordó que el manejo que se le estaba dando afectaba la confiabilidad de la seguridad pública. Para que las OVP funcionen con base en la ley, tendrán que hacer la solicitud a la Superintendencia, previo cumplimiento de algunos requisitos, entre ellos, presentar el certificado de existencia y la representación legal de la persona jurídica, lo mismo que el presupuesto estimado para su funcionamiento y dirección, entre otros. Muñoz recordó que el proyecto radicado tiene al Conpes 3521 de este año como antecedente. Allí señala la necesidad de que “la Supervigilancia pueda, con la reserva del caso, compartir información con los organismos de inteligencia e investigación del Estado, que le permita en los procesos de licenciamiento y en el ejercicio del control, convalidar las actuaciones y antecedentes de sus vigilados”. Esto, precisamente, se consolida con el proyecto que tiene un capítulo para las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASC), estrechamente relacionadas con la vigilancia privada, la seguridad ciudadana y la prevención de delitos. En efecto, “el Presidente Álvaro Uribe creó estas redes a través del Decreto 3222 del 2002, como mecanismo para que los más de 170 mil guardas estén conectados en el país con la Policía Nacional, suministrando información sobre hechos que pueden generar algún tipo de alertas, y a la fecha ya suman 38 redes”. Por su parte, en el sector residencial –edificios y conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal– se les da vía libre a los servicios comunitarios. “Queremos que las copropiedades se organicen a través de esta figura. Que si requieren de un conserje, por ejemplo, lo hagan previo cumplimiento de algunos requisitos". De hecho, un aparte del proyecto dice que “los miembros de estos servicios deben ser personas naturales o jurídicas, residentes o propietarios de vivienda”. Y agrega que “operarán con animales, vigilancias humana y electrónica, pero sin armas de fuego y letales”. Muñoz recuerda que el registro de estas personas en la Superintendencia es obligatorio. Finalmente, y en aras de fortalecer a la entidad (que solo vivía del presupuesto), se refuerza la contribución por parte de las OVP, que –de hecho– este año permitió recaudar 8.200 millones de pesos. Se espera que en el 2010 la Superintendencia se financie, ciento por ciento, gracias a este recaudo. OTRAS NOVEDADES • Para el arrendamiento de vehículos blindados, actividad desarrollada por las OVP, se requiere autorización de la Supervigilancia con base en requisitos citados en el proyecto. • Hoy, el capital extranjero hace presencia en empresas de transporte de valores, pero también en firmas de vigilancia y seguridad privada constituidas antes de 1994. El proyecto contempla el ingreso de este capital con el propósito de generar igualdad de condiciones para estimular la sana competencia y crear fuentes alternas de recursos para el desarrollo empresarial. • Al consultarle si el proyecto trata el tema de los horarios de los vigilantes, Felipe Muñoz enfatizó que “ese tópico es competencia del Minprotección y a la fecha todo esta enmarcado en la ley laboral”. 170 Mil hombres tiene registrados la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. ¿Y LAS TARIFAS? El artículo 81 del proyecto dice que la Superintendencia regulará los precios del mercado y fijará unas tarifas mínimas para el desarrollo de las actividades de vigilancia privada, que garantizarán la posibilidad de reconocer a los trabajadores del sector, su salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos y las prestaciones sociales, entre otros. Además, para el sector residencial se considerarán particularidades del desarrollo de esta actividad y algunos criterios determinados por los estratos y números de unidades residenciales que acceden a estos servicios".WILABR

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