Hacia un sindicalismo responsable

Las manifestaciones de las últimas semanas en Puerto Gaitán (Meta) por parte de trabajadores de la industria petrolera se han convertido en un delicado asunto de orden público que desbordó el control de las autoridades regionales y obligó al Gobierno Central a asumir posiciones frente al asunto.

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julio 28 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-07-28

Si bien el origen de la movilización social estuvo en los desacuerdos entre trabajadores de la compañía Cepcolsa y su contratista JM Montajes, pronto la mecha se encendió y las protestas se presentaron también en los campos de los otros operadores que hacen presencia en la zona, siendo Pacific Rubiales el caso más sonado por los cerca de 13.500 empleados que laboran para la compañía. El asunto no es de poca dimensión. Ni siquiera el municipio de Puerto Gaitán tiene tantos habitantes como Pacific empleados en sus campos. De allí que cualquier conflicto laboral que se presente dentro de este sector se convierte en un problema social de incalculables proporciones. Tampoco es la primera vez que se oyen quejas de explotación a los trabajadores en el sector energético y reclamos de organizaciones sindicales, pero el desenlace de los sucesos de los últimos días ha sido percibido como un precedente para la industria que puede extenderse a otros campos de la economía. La coyuntura en que se presenta coincide con el afán de Colombia de buscar la aprobación del TLC con EE. UU. y el interés del país por mostrar que los indicadores referidos a la actividad sindical están mejorando, de acuerdo con los condicionamientos impuestos por los parlamentarios norteamericanos. Si bien la conflictividad laboral en el país disminuyó notablemente en los últimos años -en el 2001 se presentaron 35 huelgas y en el 2010 apenas 1- antes de cumplirse un año de gobierno del presidente Santos, ya se han producido por lo menos dos incidentes graves que han involucrado vías de hecho en distintas partes del país: la protesta general de los transportadores y esta movilización de los trabajadores petroleros. En las dos, la presencia de los sindicatos como protagonistas y del vicepresidente Angelino Garzón, como interlocutor del Ejecutivo, obligan a reflexionar sobre el presente del sindicalismo en Colombia y el manejo que desde el Estado se le está dando a este tema. En efecto, el Gobierno viene promoviendo la actividad sindical, emprendiendo acciones de protección indispensables para líderes sindicales, y con la reapertura del Ministerio de Trabajo pretende darle un nuevo aire a las relaciones obrero-patronales. Sin embargo, en su intento por complacer a la tribuna y ampliar las garantías, podría estar retrocediendo en la conquista del orden público a la hora de enfrentar las inaceptables vías de hecho a las que han acudido algunos en los últimos meses, bajo el rótulo de movilizaciones de orden sindical. Y es que en Puerto Gaitán no sólo existe legítimo descontento; también hubo vandalismo y actos de agresión contra la propiedad privada y los empleados que no se sumaron a las reclamaciones. La aceptación de la presencia de la USO en las negociaciones con Pacific Rubiales y la instalación de una mesa de diálogo en la vicepresidencia para el próximo 3 de agosto, no pueden ser consecuencia del chantaje, como pareciera desprenderse del desarrollo de los acontecimientos. El mejor servicio que el Gobierno puede prestarle al sindicalismo en Colombia sería atender sus reclamaciones ex ante, actuando con contundencia frente a los abusos laborales y estableciendo desde el Ministerio de Protección Social una vigilancia constructiva que evite la activación de manifestaciones, más cuando estas incluyen intolerables elementos de violencia. La nación debe velar por la libre asociación sindical y el ejercicio responsable de la misma, recibir las denuncias de explotación y sancionar a las empresas abusivas, pero con la misma contundencia ha de castigar los desmanes y usos de métodos de presión indebida contra empleadores. El pésimo mensaje de no judicializar a quienes incurren en probadas prácticas violentas se convierte en aliento para que se acuda a las vías de hecho con total impunidad. Los sindicatos deben, además, evitar la satanización de las multinacionales que hacen presencia en Colombia. Esta estigmatización no contribuye en la construcción de un modelo de desarrollo económico sostenible e incluyente. El mensaje del Gobierno, entretanto, tiene que ser de doble vía: pleno respeto de las garantías constitucionales y libertades, pero dentro de unos límites que establece el mismo Estado de Derecho, con uso de la autoridad para frenar cualquier método que exceda la actividad sindical, que como cualquier otra, debe ser protegida, pero no llevada a una inconveniente sacralización. Será esta la única forma de cumplirle a EE. UU. y al tiempo preservar el orden interno vital para atraer el resto de inversión extranjera que ve con preocupación un rebrote de vías de hecho no castigadas, como mecanismo de presión. El día que todos los sindicatos colombianos entiendan que los derechos constitucionales se ejercen sin el ejercicio de la violencia habrá nacido el sindicalismo responsable y se perderá el repudio y temor a su presencia. Por eso, la posible llegada del TLC y sus condicionamientos respectivos deberían servir para elevar los estándares de calidad en la actividad sindical y no para admitir equivocadamente abusos en su nombre.HELGON

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