Un sistema tributario perforado

Para un país lleno de necesidades, tres años de crecimiento nulo o muy bajo, como sucederá ahora y en los dos próximos años, es una verdadera tragedia.

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julio 21 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-21

En el momento más inoportuno se enfrenta el Gobierno a las consecuencias de no haber medido el impacto fiscal de muchas de sus políticas y de haber subestimado el costo de la desaceleración de la economía y de la crisis internacional.

Cuando se hicieron evidentes las numerosas prebendas concedidas al sector privado en aras de implementar su política de 'confianza inversionista', siempre quedó en el ambiente la preocupación de si se habían estimado los costos reales de estas decisiones y bajo qué supuestos, sobre la evolución de las principales variables económicas, estaban trabajando.

Demasiado triunfalismo que despreció en su momento la realidad de los ciclos económicos y demasiada generosidad para el sector que se consideraba el motor de la economía.

El lío para el Gobierno es que no le puede echar a nadie la culpa de sus dificultades fiscales de hoy y del futuro próximo, porque fueron ellos mismos los que las causaron.

El país o mejor el uribismo que confunde la política con la economía, no le ha pasado la cuenta de cobro al Gobierno por su falta de reacción frente a la crisis económica actual.

Porque para un país lleno de necesidades, tres años de crecimiento nulo o muy bajo, como sucederá ahora y en los dos próximos años, es una verdadera tragedia: los niños que saldrán de su escuela por los precarios ingresos de sus padres, la juventud frustrada por no vislumbrar un futuro, el hambre de muchos niños que llevará a algunos a la muerte por no tener recursos, son hechos irremediables que no se podrán compensar cuando la economía de recupere.

Es una ridiculez y una profunda irresponsabilidad, encontrar consuelo en la peor situación económica de países con mayor desarrollo. Esas sociedades tienen redes de protección social que impiden las situaciones extremas que viven los colombianos.

Irresponsablemente, el Gobierno perforó el sistema tributario rompiendo la tradición de manejo no populista de la economía que había caracterizado a Colombia. Y no sólo lo hace en plena campaña electoral, sino que en vez de reconocer su complejo panorama fiscal, se limita a la necesidad de financiación de la Seguridad Democrática.

Se avecinan entonces nuevos remiendos que profundizará la colcha de retazos en que se ha convertido el esquema tributario. Ni es el momento ni es la forma.

Para empezar, es imperativo tener mayor claridad sobre las necesidades objetivas de recursos no sólo para la Seguridad Democrática, sino para hacer realidad un plan de reactivación que genere empleo digno de inmediato y para avanzar en algo en la Agenda de Desarrollo que está en el cajón del olvido.

Pero la obsesión por la reelección ha consumido todas las energías, en vez de identificar las estrategias y sus recursos necesarios para terminar decentemente este período presidencial.

El país sí necesita una verdadera reforma tributaria estructural y no una más, la cuarta de este Gobierno, con las que no se ha logrado aclarar el panorama fiscal. Para comenzar, si la Seguridad Democrática ha sido tan exitosa, ¿por qué después de siete años, hay que conseguir $2 billones adicionales? ¿Dónde está el diagnóstico que sustente la necesidad de continuar asignándole tantos recursos a esta estrategia? ¿Dónde se demanda más Ejército, que es más costoso, porque se continúa luchando contra la guerrilla? ¿Dónde debe sustituirse por policía, menos costosa, porque se requieren más acciones civiles y menos guerra?, y ¿dónde se necesita desarrollar programas económicos y sociales para recuperar regiones que ya están fuera del conflicto?

Ninguna de estas y otras preguntas tienen respuestas, y lo que el Gobierno quiere es un acto de fe y punto.

Ahora bien, es necesario saber si se tiene realmente toda la financiación que se requiere para resolver otros problemas serios que tiene el país.

Con casi 2/3 de los trabajadores en la informalidad y con 23 millones de ellos en el régimen subsidiado de salud, ¿no está a punto de explotar financieramente la salud de los colombianos? Para no hablar de las desprotección del 75 por ciento de la población sin pensiones.

¿Y cómo se va a responder frente a la sentencia de la Corte que pide que se igualen los POS? ¿Y qué pasa con los millones de desplazados que según el mismo Gobierno requieren el presupuesto de siete ministerios? ¿Y qué pasa con un sector rural lleno de demandas de bienes públicos y de política agrícola para iniciar su recuperación?

Mientras tanto, las grandes empresas ya se salvaron de pagar los impuestos que tocaban, ahora y en los próximos 20 años, y las reducciones de prebendas propuestas, son realmente ridículas.
Lo que toca hacer es totalmente distinto.

Primero es necesario reconocer que se avecina una bonanza internacional en los próximos años que provendrá de los países emergentes, especialmente del Asia, que demandarán lo que Colombia puede ofrecer: alimentos, materias primas, minerales.

Segundo, para que esa nueva oportunidad no nos pase de lado hay que prepararse y eso significa una estrategia gubernamental y del sector privado desde ya, para poder beneficiarse de esta bonanza: recuperar al sector rural lo que implica infraestructura, bienes públicos como mejor salud y educación para este sector; institucionalidad no sólo en el campo, sino en lo ambiental; tecnología, asistencia técnica, en fin desarrollo rural. Eso demanda recursos nuevos, porque estas estrategias no existen.

Tercero, para estos retos y los demás pendientes como infraestructura, ciencia y tecnología y buena educación, se requiere aumentar el peso de los impuestos sobre el PIB; con un 18 por ciento, como hoy, no se enfrentan estas demandas, de manera que la reforma tributaria debe ser de fondo para llegar siquiera al 20 ó 22 por ciento de impuestos sobre el PIB.

Como dice Salomón Kalmanovitz, a cobrarle impuestos a la tierra y además a los individuos ricos que en este país evaden. Además, acabar con la sinvergüencería de muchos exportadores colombianos que tanto que chillan y nadie les descubre el juego: muchos han creado comercializadoras en otros países a los que exportan sus productos al costo y así evaden impuestos en este país.

Y después de esas comercializadoras outsoursing sí exportan a los precios que son, ganancia total. Después compensan esa tremenda evasión con escuelitas para los niños pobres bajo el lema de la Responsabilidad Social.

Esos son tan solo algunos de los elementos que deberían ser parte de una reforma tributaria, estudiada seriamente y no improvisada para salir del paso, y que contemple además simplificación del recaudo, mecanismos para frenar la elusión y la evasión y muchos otros temas que hagan que el sistema tributario cumpla con los principios liberales de progresividad y equidad y que financien un Estado que se comprometa con la eficiencia y la equidad.

Eso es exactamente lo que no tiene esta propuesta apresurada, improvisada y marginal que pretende el Gobierno que le aprueben el Congreso y el país.

Y a propósito: ¿a cuenta de qué le vamos a bajar el impuesto al patrimonio al señor Sarmiento Angulo?

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