¡No son los gays, es el presupuesto!

Liberales y modernos como somos, particularmente en el tema de los gays, respetuosos e incluyentes, seguimos con toda atención el debate público, moral y político que sobre este tema ha surgido bien al interior del Parlamento, como de la Corte Constitucional, que legisla de cuando en cuando.

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noviembre 21 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-21

Más recientemente la Procuraduría General de la Nación conceptuó ante esa Corte que las parejas de homosexuales tienen derecho a pensión de sobrevivientes, siempre y cuando cumplan los requisitos consagrados en la ley. Alega igualdad, libertad y armonía normativa, en un discurso tan romántico como olvidadizo del tema económico y presupuestal. Y así ha ocurrido desde el principio. La discusión se ha enfocado única y torpemente en el problema de la familia, de lo inmoral o moral que resultan las conductas homosexuales y en la prevalencia de las teorías religiosas por encima de aquellas laicas e independientes, o al revés. ¿Alguien ha pensado, sin embargo, en la viabilidad de un sistema en el que las pensiones de supervivencia pululen sin ninguna forma de control real? ¿Alguien que haya estimado cuánto le cuesta a la nación defender un discurso de libertades sexuales que no compromete sino irresponsablemente el presupuesto del país? ¿Alguno habrá hecho un examen juicioso de todo el sistema de pensiones de supervivencia, independientemente de que sean para homo o heterosexuales, y que hoy por hoy nos condena a los más jóvenes a pagarle una pensión a muchos ‘sobrevivientes’ desde los 22 años, por ejemplo, hasta el final de su existencia sin que haya restricción alguna al respecto? Que nos digan cuánto cuesta todo eso, y si extender semejante barbaridad no es más que un despropósito. Porque una cosa es comprobar las uniones que jurídicamente tienen efecto entre parejas heterosexuales para asignarle a quien queda la pensión de supervivencia a que tiene derecho, y muy otra hacer lo propio con homosexuales que no pueden casarse a la luz de la legislación vigente, y que por lo mismo no tendrían una forma tan expedita de comprobar que en efecto convivieron con la otra persona y que se hacen merecedores de la misma pensión. En el terreno práctico, no tendríamos cómo probar cuándo inició la convivencia entre este tipo de parejas, y cuánto duró o cómo se dio, o si sucedió en simultánea con otra relación heterosexual (como suele ocurrir). Lo cierto es que el berenjenal debe analizarse por ese lado. Lo de los derechos y la igualdad es harina de otro costal. Alguien en el Congreso, en la Corte o en el Ministerio de Hacienda o en el de Protección Social debería pronunciarse al respecto. ¡No son los gays, insisto, es el presupuesto! Y por ese lado debería plantearse el debate... Analista La discusión se ha enfocado única y torpemente en el problema de la familia”.

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