‘Los subsidios deben destinarse a la productividad'

Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Andi, dice que hay que proveer más bienes públicos, reorientar las ayudas que ofrece el Gobierno por la coyuntura y políticas agrarias diferenciadas para la agricultura familiar y la agroindustria.

Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Andi.

Mauricio Moreno/CEET.

Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Andi.

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mayo 11 de 2014 - 05:53 p.m.
2014-05-11

Los subsidios que hoy reciben los productores de café, cacao, algodón y arroz, leche y azúcar entre otros, son blanco de críticas por parte de los analistas del sector y de la agroindustria.

No es que estén en contra de que el Gobierno subsidie al sector rural, “lo que pasa es que están mal enfocados”, dijo Carolina Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Andi.

La vocera de los agro-empresarios considera que estos recursos darían mejores resultados si se destinan a la productividad y a la competitividad en los primeros eslabones de la cadena productiva.

“De estos hacen parte, por ejemplo, bienes públicos como escuelas, hospitales, vías y otras ayudas como tasas de interés, investigación agraria y transferencia de tecnología, subsidios al crédito”, enfatizó la señora Lorduy.

¿Los subsidios son nocivos?
Cuando se destinan recursos para financiar precios de sustentación o mínimos de garantía, le generan al productor una renta, pero esta no se transfiere a una mayor producción, productividad o eficiencia en sus procesos productivos.

Esto no es sostenible en el tiempo. A la larga, los consumidores y los contribuyentes terminan pagando esas rentas, pero de ello no se beneficia el país y tampoco los pequeños productores agrícolas como erradamente se cree. Subsidiar precios es subsidiar ineficiencia, perpetuar la pobreza de los pequeños y las rentas de los grandes.

¿Deben cambiarse las políticas para el campo?
Es necesario que el país cuente con dos políticas para el sector rural: una relacionada con la agricultura familiar (de subsistencia) y otra para el sector agroempresarial.

No es lo mismo trazar una política para quien tiene tres vacas, que le aporta el dinero para la compra de los alimentos y demás bienes para la subsistencia de las familias, que otro que provee materias primas agrícolas -por ejemplo- a la agroindustria.
¿Para lo primero no hay un proyecto de Ley de agricultura familiar?
El 2014 fue declarado como el Año de la Agricultura Familiar por parte de la FAO; creo que este Gobierno sí ha entendido el tema pero no ha podido implementarlo.
¿Hay cómo separar a unos de otros?
Dependiendo del negocio. El umbral está en la actividad y la intención que tenga el productor, de tener su medio de subsistencia o como proveedor de la agroindustria o, en general, como agronegocio.
¿El censo agropecuario no es una buena herramienta para este propósito?
Sí lo es, pero tuvimos una repuesta desconcertante cuando la Cámara de Alimentos propuso que se agregara una página más al censo para indagar por la agricultura familiar y la empresarial.
Agregarla, nos dijeron costaba 2.000 millones de pesos más y no había presupuesto para esto.
¿La Cámara participó en el diseño del censo?
Sí, claro. Esta Cámara hizo parte de un comité muy grande que dio sus aportes acerca de diversos temas relacionados con la jornada censal.
¿Los afiliados a esta cámara han reportado incidencias por el tema del paro agrario?
Más que por quienes hacen el paro, ha sido por la imposibilidad de movilizar las materias primas que demandan las industrias; esto es algo que afecta a todo el sector productivo, por igual.
Los empresarios están a la espera de qué va a pasar en los próximos días.
Los cacaocultores, por ejemplo, han protestado por los bajos precios de compra de las cosechas, ¿a qué se debe esto?
Los diferenciales de precio entre lo que paga la industria y lo que efectivamente recibe el cultivador se quedan en manos de la cadena de comercio de intermediarios. Hemos contado hasta cuatro intermediarios que se llevan el 40 por ciento del precio que deberían pagársele al cacaocultor.

La idea que se tiene es que el cultivador reciba algo acorde con el precio internacional y que existan mecanismos de estabilización (no de compensación) por las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas.
¿Alguna solución para obviar esa cadena de intermediación?
Proveer bienes públicos, como financiar la construcción de centros de acopio.
Pero, mientras muchos tengan precios mínimos de compra, nadie va a hacer algo más de lo que le toca.
Se ha planteado aplazar los tiempos para las desgravaciones de los TLC, ¿esto es conveniente para el país?
Si pudiera hacerse, lo consideraría una buena idea.

Pero por las razones contrarias a las de aquellos que los han planteado: con los tratados se han ahondado las protecciones efectivas negativas para muchos productos de la agroindustria; jurídicamente, parece ser un imposible.

Habría que renegociar, no es posible y un Gobierno serio no haría eso, por las implicaciones que puede representarle al Estado, además del mero tema arancelario y porque ya están en vigencia muchos de estos tratados.

 

Juan Carlos Domínguez
Economía y Negocios

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