Aunque es explicable que, en medio de tan convulsionado panorama, los dirigentes se pongan a pensar en soluciones radicales con la idea de que a grandes males, grandes remedios, se trata de materias en las que no es bueno improvisar. Un examen en frío a las distintas propuestas sobre la mesa, deja en claro que estas salidas a la crisis no son tales y que, por el contrario, podrían ser peores que la enfermedad. El cierre del Congreso tendría que darse por la vía de un referendo o de una Asamblea Constituyente. En ambos casos se trata de procedimientos bastante demorados, de hasta dos años, de modo que las nuevas elecciones que se derivarían de la clausura de las cámaras tendrían lugar casi al mismo tiempo que las previstas para 2010. Pero además, ¿quién garantiza que en esos comicios no influyan de manera perversa las mismas fuerzas oscuras que han corrompido a la política colombiana por décadas? Para evitar esas infiltraciones a futuro puede ser mucho más útil una reforma política que vaya en la dirección de la que recibió su sexto debate de aprobación en el Congreso la semana pasada. Aunque algunos analistas han señalado con argumentos que al texto aprobado le hacen falta más dientes, no hay duda de que la iniciativa va en el sentido correcto. En cuanto a una ley de punto final, ha quedado en claro el rechazo que, con razón, produce entre los colombianos una propuesta que conduce a tratar de forma privilegiada a los políticos que delinquen. Por el contrario, la idea que, de manera válida, ha hecho carrera en la opinión pública es que, justamente por tratarse de dirigentes con altísimas responsabilidades, el castigo a sus delitos debe ser ejemplar. Pero además, Colombia ofrecería un triste espectáculo internacional si los parapolíticos salieran un día de prisión, perdonados por una ley aprobada en el Congreso y sancionada por el Presidente. Con respecto a la idea de la supercorte, en buena hora el Gobierno parece haber desoído los consejos que le sugerían su creación. Impulsar un cambio de jueces para los congresistas, en momentos en que la Corte Suprema adelanta sus indagaciones sobre los vínculos entre grupos armados ilegales y mafiosos, y parlamentarios de distintas regiones, sería un gravísimo error. Tal vez lo mejor sea dejar que las actuales instituciones operen a cabalidad y que cada una desempeñe su trabajo sin concesiones ni treguas. La política colombiana necesita no solo una limpieza de tanta influencia perniciosa, sino un blindaje a futuro para que lo sucedido no se repita. Por eso, la tarea de la Corte debe continuar sin tropiezos y rodeada de legitimidad. En cuanto al Congreso, los que no han sido tocados por el escándalo -la mayoría- deben seguir adelante con sus tareas legislativas, en especial en lo atinente a la reforma que debe vacunar a la democracia. Y en lo que respecta al Gobierno, debe concentrarse en sus funciones en vez de entrar en disputas con los otros poderes. Bastante oficio tiene con seguir golpeando a las Farc y manteniendo el buen momento de la economía. '' Un examen a las propuestas hechas por cuenta de la crisis política, deja en claro que estas salidas no son tales y que, por el contrario, podrían ser peores que la enfermedad.WILABR
