Así lo decidió el alto tribunal al fallar una tutela a favor de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda.
El Consejo de Estado había sentenciado en noviembre del 2007 que el Estado debía reconocerles el pago de unos 300.000 millones de pesos a los accionistas minoritarios de Granahorrar que consideraron afectados sus derechos por la nacionalización que en octubre de 1998 hizo el Estado de esa entidad bancaria.
En ese momento, el Gobierno declaró la cesasión de pagos y el estado de insolvencia y le dio la orden a los accionistas de capitalizar la entidad.
Estos no cumplieron con la orden, por lo que el Ejecutivo tomó posesión de la entidad bancaria y redujo el precio de su acción al valor nominal de un centavo.
Los accionistas consideraron que esta acción les causó un perjuicio económico y por eso demandaron al Estado, al considerar que el Estado había nacionalizado a Granahorrar de manera irregular y antes de que sus propietarios capitalizaran a esta entidad.
Pero en un fallo de acción de tutela que la Corte dará a conocer esta tarde, el Estado no tendrá que pagar esa cantidad, por considerar que la demanda fue presentada por fuera del plazo que ordena la ley.