Cerca del 37 por ciento de los colombianos vive en arrendamiento y eso equivale a 4 millones de familias, es decir, unas 16 millones de personas.
Las cifras expuestas por el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, durante el congreso de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) que se realizó en Medellín confirmaron el potencial de este mercado.
Pero también son una alerta sobre los problemas que conlleva el auge pues, según el Vicepresidente, solo el 10 por ciento tiene contrato legal, lo que obliga a trabajar más por la formalización.
“No hay duda de que el arrendamiento es un mercado en aumento y por eso hemos sumado esfuerzos con el Gobierno y las firmas inmobiliarias para ajustar, aún más, los procesos, entre ellos, las modificaciones a la Ley 820 del 2003”, dijo César Llano, presidente de Fedelonjas.
Sobre las ventajas de vivir en arriendo, varios empresarios consultados coincidieron en que vale la pena evaluar esta alternativa, a pesar de que culturalmente los colombianos siempre tienen en mente la idea de ser propietarios.
Para Diter Raúl Castrillón, gerente de la firma Indirco S.A., “ser propietarios no es la panacea”. Según el empresario, hay varios factores que están impulsando la tendencia, entre ellos la movilidad laboral. “Muchas personas, especialmente jóvenes, están cambiando de trabajo con frecuencia y esto hace que no se arraiguen a una vivienda propia”.
Carlos Giraldo, directivo de la multinacional de servicios inmobiliarios, Century 21, coincide con Castrillón y agrega que “en Colombia se trata de un tema cultural, de creer que se tiene dominio y seguridad al ser dueños de una casa o un apartamento”.
Sin embargo, para Giraldo el arrendamiento ofrece muchas ventajas: “Por ejemplo, financieramente da la oportunidad de que la gente tenga más flujo de caja y evite las cargas tributarias como el predial o pagos por valorización, entre otros”.
Aun así, el directivo reconoce que a través de figuras como el leasing habitacional, adquirir para inversión es una alternativa válida a través del pago sostenido de un monto para ser, al final del proceso, propietario del inmueble.
La presidenta de la compañía Unifianza, Clemencia Parra, agrega que las acciones del Gobierno apuntan a que el arrendamiento se consolide como una opción para mejorar la calidad de vida de las personas de menos ingresos. De hecho, está abierta la posibilidad de que haya un subsidio para el alquiler y que los constructores desarrollen proyectos con esa destinación.
Sin embargo, Parra y los demás analistas coinciden en que esto obligaría a hacerle ajustes a la Ley 820, especialmente en lo relacionado con la restitución de los inmuebles pues -asegura- “es bien sabido que ante incumplimientos de pago, es complicado ese proceso”.
Por eso, la directiva considera que, incluso, debería existir una ley marco sobre ese tema, muy equilibrada para las partes.
Precisamente, al cierre del congreso, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, instó a los asistentes al congreso inmobiliario a construir conjuntamente un proyecto de ley, el cual será radicado a principios de la siguiente legislatura, que contemple los derechos del arrendatario y el arrendador, lo mismo que a definir elementos claros para la restitución de inmuebles.
Gabriel E. Flórez G.
Economía y Negocios