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Terror en la urbe

“Yo puedo encontrarlos a ustedes y asesinarlos en cualquier lugar, pero ustedes no me pueden matar aquí en la cárcel”. Esta fue la sentencia con la que Marcos Willians Herbas Camacho alias ‘Marcola’, líder de la revuelta que acaba de sacudir a Sao Paulo, recibió a los funcionarios oficiales que llegaron a la prisión para negociar con él, buscando el cese de la violencia.

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mayo 29 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-29

Tras una semana de terror el balance es de cerca de 200 muertos, 25 ataques, 80 buses incendiados y motines en 77 cárceles del Estado de Sao Paulo. El detonante fue la decisión de trasladar 766 miembros del Primer Comando Capital (PCC) a una cárcel de máxima seguridad a 600 kilómetros de Sao Paulo, bajo un régimen disciplinario diferenciado que les impediría cualquier contacto con abogados, visitas durante 30 días, una hora de sol diaria, y nada de televisión, a pocas horas de iniciarse el Mundial de Fútbol. El referido comando fue creado en 1993 en Sao Paulo donde hay 140.000 presos (40 por ciento de la población carcelaria del país), y se calcula que tiene entre 6.000 y 20.000 miembros, siendo más poderoso que el Comando Rojo, que controla el tráfico de drogas y las pandillas armadas en las favelas de Río de Janeiro. El PCC domina las cárceles a través de una red de centrales telefónicas operadas por las mujeres de los presos, pero no se ha logrado grabar una sola palabra de las comunicaciones de esta red. Los presos son constreñidos a cooperar con dicho comando, y recibir televisores y premios; o sufrir represalias si no coo-peran. La decisión de trasladar a los presos de alta peligrosidad fue discutida en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Tráfico de Drogas, pero los abogados de Marcola compraron la grabación a un empleado de la Cámara y la transmitieron al jefe en la cárcel. Con sólo una llamada, Marcola movilizó a más de 500 criminales, quienes comenzaron un ataque sincronizado contra policías y militares y generaron los hechos de violencia ya mencionados. El transporte se paralizó, los centros de estudio cerraron, los bancos y el comercio suspendieron sus servicios; y la ciudad colapsó pues los ciudadanos no tenían cómo llegar a sus casas. Tras tres días de violencia, el Gobierno estadual entró en contacto con la abogada de Marcola y le puso a disposición un avión especial para viajar a la cárcel, acompañada de varios funcionarios. Tras una reunión de varias horas con el líder de la revuelta, éste dió la orden de levantar la protesta. Ese acuerdo, sin embargo, no logró frenar la violencia, pues el viernes murieron 14 pandilleros a manos de las autoridades, mientras se presagiaba un recrudecimiento del conflicto. Hay denuncias de que las fuerzas policiales han cometido asesinatos, formando grupos de exterminio y escuadrones de la muerte. No es casual que las autoridades judiciales hayan exigido a las autoridades policiales reportar en 72 horas la lista definitiva de los muertos, con amenaza de sanción si no se acata esta exigencia. El Gobierno paulista rechazó la oferta de ayuda del Gobierno federal, para evitar que esta intervención incidiera en la campaña electoral por la presidencia, pues el recién renunciado gobernador del Estado Gerardo Alckmin, será sin duda el contrincante de Lula. Por ello el ministro de Articulación Política del gobierno Lula, Tarso Genro condenó el acuerdo entre la Policía y Marcola denunciando que “el Gobierno estadual prefirió negociar con los delincuentes antes que aceptar la ayuda del Gobierno federal”. Profesor U. Nacional y Externado "El detonante fue la decisión de trasladar 766 miembros del Primer Comando Capital (PCC) a una cárcel de máxima seguridad”.

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