TLC y condicionamiento laboral

Como otros columnistas, he defendido el derecho de quienes se oponen a nuestros acuerdos comerciales a expresar libremente su opinión en el exterior. Fueron activos el Polo y grupos sindicales y cristianos en Washington, desde el 2004. Resultó entonces más efectiva la diplomacia anticomercial del senador Petro que la misma diplomacia oficial. Lo ilustra la situación de nuestro TLC con E.U., 32 meses después de su modificación.

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marzo 05 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-05

El Polo y líderes sindicales han procurado, con algún éxito, movilizar en Ottawa, Bruselas y otras capitales europeas la oposición verde, sindical, de las ONG y de izquierda frente al TLC con Canadá y a sendos acuerdos comerciales con Efta y la UE. Una de sus herramientas más eficaces ha sido el argumento reiterativo de la violencia antisindical en Colombia, con especial énfasis en amenazas y homicidios. Lo han retomado por cuenta propia figuras representativas del Congreso de E.U. (incluido, en su momento, el senador Obama), el Parlamento canadiense y el Parlamento Europeo, amén de importantes confederaciones sindicales y las ONG nacionales e internacionales de DD. HH. por lado y lado del Atlántico. La presión internacional ha sido útil. Antes, el Gobierno Nacional tendía a ver en el descenso esperado en la violencia general del país por cuenta de la Seguridad Democrática la solución al problema específico de la violencia antisindical. En el último quinquenio, la viva sensibilidad de la comunidad internacional frente a esta lo ha llevado, junto con la Fiscalía, ente autónomo de la rama judicial, a desarrollar estrategias particulares de prevención, seguimiento, monitoreo y priorización. La prevención incluye la adopción de extensos mecanismos oficiales y privados de protección individual de sindicalistas, considerados como grupo vulnerable. Mucho contribuye también a su seguridad la desmovilización de 31.000 paramilitares y 17.000 guerrilleros desde el 2003. Estas medidas se quedan cortas frente a reparación e impunidad (judicialización, condena), como también ocurre con muchas víctimas del conflicto interno y de la delincuencia común, pero han permitido reducir notablemente el homicidio de sindicalistas (en 79,6 por ciento) entre 2002-2009. La opinión internacional se fija más en el nivel, inaceptablemente alto (2009: 39 homicidios) y afín al de Venezuela (46 según Provea), que en la evolución o, cuando consulta esta última, la define equivocadamente como creciente. Tampoco advierte que la tasa de homicidio ‘sindical’ es una fracción pequeña y menguante de la nacional. Otras formas de violencia antisindical son escasamente mencionadas, como el desplazamiento forzado de sindicalistas. Quienes deben responder por estas incongruencias son los observadores internacionales y no nuestros sindicalistas, cuyo cabildeo refleja tanto su conocimiento intuitu personae de las víctimas, como una angustia muy real ante lo que muchos ven como el ‘renacer’ paramilitar bajo el avatar de ‘bandas emergentes’. Sus interlocutores occidentales, en cambio, eligen ‘a quién creer y qué creer’, o sea que se trata de una decisión propia. Tarde o temprano, la dialéctica del Primer Mundo sobre homicidios y amenazas a sindicalistas en Colombia deberá cambiar, al no compadecerse con los hechos. En ese momento y evento, el condicionamiento laboral de nuestros TLC, históricamente justificable, pero que dista de la realidad colombiana de hoy, tendrá que reformularse, flexibilizarse o ceder. tomasuribemosquera@gmail.com *Consultor internacioanal "Tarde o temprano, la dialéctica del Primer Mundo sobre homicidios y amenazas a sindicalistas en Colombia deberá cambiar, al no compadecerse con los hechos".ADRVEG

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