Tres opciones para las transferencias

Se acerca una negociación definitiva entre el Gobierno Central y las entidades territoriales (departamentos y municipios): ¿cómo se calculará a partir del primero de enero del 2009 el monto de las transferencias que nutren la descentralización en Colombia?

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agosto 22 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-22

El tema es crucial pues de la manera como se establezca esta cifra dependerá el futuro de la inversión social en el país. Estos recursos, que para el año entrante se aforan en 17,6 billones de pesos, constituyen el flujo financiero principal que alimenta el grueso del proceso de descentralización. Y descentralización en buena medida quiere decir inversión social. La suerte de lo que se haga en frentes tales como la educación, la salud y el saneamiento ambiental durante el siglo XXI en Colombia se juega en esta negociación trascendental. ¿Pero, por qué es necesario emprender tal negociación? Es indispensable hacerlo pues, infortunadamente, el marco constitucional vigente que traza las reglas de juego financieras de la descentralización (que es el Acto legislativo 01 del 2001) apenas lo hizo con carácter transitorio. Su vigencia expira el 31 de diciembre del 2008. Y como se trata, entonces, de una reforma constitucional que requiere aprobación en dos legislaturas diferentes, apenas estamos a tiempo para iniciar su discusión y trámite a fin de que dicha reforma esté lista a finales del 2008. Tres opciones se abren sobre la mesa de negociaciones. Aunque sobre ninguna de ellas el Gobierno ha fijado aún su posición con claridad. La primera consistiría en retornar a la fórmula de cálculo de las ‘participaciones’ que rigió entre 1991 y el 2001, es decir, que ellas sean una función de los ingresos corrientes de la Nación. Esta primera fórmula es fiscalmente la más costosa. Retornar a la metodología del 91 podría costarle al fisco (según como se hagan los cálculos) entre tres y cuatro billones más de lo que hoy está transfiriendo a las entidades territoriales. Además: la justificación que se esgrimió en el 2001 para desvincular las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación (que consiste en decir que éstos pueden ser volátiles y por tanto inyectarle un factor de inestabilidad a las finanzas departamentales y municipales) sigue siendo válida. De manera que, muy probablemente, el Gobierno hará un fuerte rechazo a la idea de volver a la metodología anterior. Infortunadamente la Reforma Constitucional del 2001 se orientó -quizás por mero facilismo- por una fórmula transitoria, que termina en el 2008 y que en rigor implicaría que a partir del 2009 las transferencias volvieran a ser un 45,4 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación. Los departamentos y municipios tienen razón, dentro de un examen meramente literal de lo que hoy está escrito en la Carta, en plantear que debe volverse a los ‘ingresos corrientes’ como criterio de distribución. Pero fiscalmente ésta es una fórmula imposible de cumplir. Y por eso habrá que buscar alguna solución pragmática y transaccional. La segunda alternativa consistiría en ‘recortar’ el monto real de las transferencias actuales. Es decir, seguirlas ajustando anualmente pero con un factor menor que el que se utiliza actualmente (que es inflación más 2,5 por ciento). Esta alternativa sería inaceptable para las entidades territoriales. Y más grave aún: posiblemente comprometería la posibilidad de seguir atendiendo y ampliando las coberturas de la inversión social a los ritmos deseados. Así las cosas, muy probablemente la negociación tendrá que orientarse en la dirección de volver permanente la actual fórmula transitoria: no retornar a las transferencias calculadas en base a los ICN (Ingresos Corrientes de la Nación) pero tampoco pretender rebajar el monto real de las transferencias que se hacen a la fecha. Es decir, seguir como estamos. O con una fórmula similar. Además de los aspectos cuantitativos de las transferencias habrá que mirar los cualitativos: ¿qué tan eficientes son? ¿Dónde se puede mejorar la calidad del gasto público que están financiando? ¿Cómo se puede inducir, a través de su diseño, un mayor esfuerzo fiscal de las entidades territoriales? Tales deben ser, igualmente, objeto central del debate que se avecina. Solo así se podría encontrar una fórmula que siendo fiscalmente viable, sea también socialmente equitativa y regionalmente aceptable. Ex ministro de Hacienda "Además de los aspectos cuantitativos de las transferencias habrá que mirar los cualitativos”.

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