Tutela, ¿un remedio o una enfermedad?

La protección de los derechos fundamentales en Colombia cuenta con un mecanismo constitucional ágil y efectivo: la tutela. Sin embargo, lo que en principio es como un escudo de acero para la defensa del ciudadano cuando sus derechos son violados o amenazados, para la seguridad jurídica en el país podría resultar un instrumento peligroso.

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agosto 24 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-24

Las decisiones de los jueces son muchas y tan rápidas que, no pocas veces, los fallos de tutela sobre los mismos hechos y derechos se contradicen. Se han visto casos en donde, aún en las altas cortes, los fallos contradictorios no los separan más de treinta días y lo más curioso firmado por los mismos magistrados. Estos procesos son veloces. Es entendible porque se trata de defender derechos fundamentales tales como la vida, la igualdad y otros como la salud y el trabajo. Mientras un proceso administrativo o laboral puede demorarse entre tres y seis años, un fallo de tutela debe emitirse en tan solo diez días. Entonces, ¿cuál puede ser la profundidad en el análisis de un juez que debe fallar contra reloj un montón de solicitudes de personas temerosas por la vulneración de sus derechos? Según el procedimiento establecido constitucional y legalmente, la Corte Constitucional es la instancia donde los fallos de tutela se revisan para unificar posiciones y encontrar allí una línea conceptual como guía para casos similares en el futuro. Pero en la cotidianidad, existen casos, estos parámetros no se consultan por parte de los jueces, es como si no existieran. Se ha visto por ejemplo cómo la Corte Constitucional ha dicho que los jueces de tutela no son competentes para reconocer pensiones y éstos haciendo caso omiso ordenan su otorgamiento y lo que es peor sin el lleno de los requisitos legales. En otros casos, no se entiende como si la Corte ha definido con precisión quienes tienen la calidad de madres o padres cabeza de familia, haya jueces que ordenen reintegrar a ex trabajadores sin derecho puesto que en el momento de tutelar ya contaban con otra alternativa económica. Por estar en juego la vulneración de derechos fundamentales, los fallos de tutelas son de cumplimiento inmediato no hay lugar a esperar el pronunciamiento de la segunda instancia. Quien debe acatarlo, sino lo hace, corre el riesgo de irse a la cárcel. Ante esa situación procesal cuánto dinero está en poder de los ex trabajadores de entidades públicas que en la primera decisión fueron favorecidos con el reintegro y la cancelación de los salarios dejados de devengar pero en la segunda instancia revocan la primera decisión? No más en la antigua Telecom hay cinco mil millones de pesos en poder de los ex trabajadores que corrieron esa suerte sin que aún los dineros hayan sido devueltos. La discusión que suscita este tema no debe ser alrededor de la existencia de la figura. Sería absurdo oponerse a que los derechos fundamentales se respeten y protejan. Hay muchos jueces responsables y cuidadosos pero en esta desbandada de acciones de tutelas es muy fácil que se pesque en río revuelto y la seguridad jurídica en nuestro Estado de Derecho no debe ponerse en riesgo. "La tutela hay que mantenerla pero el procedimiento requiere de una revisión y modificación urgente antes que el remedio sea peor que la enfermedad”.

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