UE rechaza acusación de que esté "criminalizando" a inmigrantes latinoamericanos con "directiva retorno"

Así lo expresó el director para A.L. en la Dirección de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Stefano Sannino, y Ronald Hall, director de desarrollo de la Política Regional de la U.E..

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julio 11 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-11

Los funcionarios dieron su punto de vista en un desayuno de trabajo en Montevideo (Uruguay) con prensa nacional y extranjera.

La delegación se reunió esta semana con autoridades de este país para, entre otros asuntos, explicar el alcance real de esa normativa sobre inmigrantes ilegales en la Unión Europea, que tantas críticas ha recibido en América Latina.

"No hay una criminalización de los inmigrantes" por la UE, que en realidad solo "quiere regular mejor los flujos migratorios" y dotar a quienes llegan a Europa de "derechos similares a los de los ciudadanos europeos", dijo Sannino.

La directiva sobre retorno de ilegales "intenta dar una respuesta" y abre las puertas a la "posibilidad de acuerdos específicos más favorables", afirmó.

Sannino subrayó que la inmigración latinoamericana en Europa es la que menos debe temer consecuencias negativas de esta nueva política de migración.

"Estoy convencido de que las comunidades latinoamericanas en Europa están muy bien integradas y no tienen problemas", pues existe "una tradición muy antigua" migratoria, explicó.

Sannino pidió también que en Latinoamérica se aborde la directiva, aprobada en junio pasado por el Parlamento Europeo, "de una manera más fría" y con "un enfoque más racional", pues "hay exigencias que pueden ser conciliadas".

Aseveró que "hay voluntad política, hay disponibilidad" para ese diálogo, pues los emigrantes latinoamericanos "son bienvenidos en Europa, están integrados en Europa".

Quiso también dejar claro que "la emigración no es sólo de América Latina" hacia Europa, pues supone apenas un 10 por ciento de la que acude al viejo continente.

Uno de los puntos de la directiva de retorno que más críticas ha recibido en América Latina ha sido el punto que permite la retención de inmigrantes indocumentados hasta un máximo de 18 meses y su expulsión durante cinco años.

Dirigentes de la región han leído este punto como una violación de los derechos humanos, acusación que Sannino también rechazó rotundamente.

El representante europeo insistió en que la política de migración de la UE defiende ante todo la protección de esos derechos humanos y forma parte de un marco jurídico a más largo plazo sustentado "en los principios de prosperidad, solidaridad y seguridad" para los inmigrantes y para los países que los acogen.

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