Uribe objetó proyecto de ley que reduce a su mínima expresión concurso de méritos para cargos en el Estado

Lo hizo por inconstitucional y porque generó expectativas legítimas en todas esas personas que habían iniciado el proceso y pasado las pruebas de preselección, y que se verían afectadas.

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mayo 02 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-02

Entre los concursantes hay particulares, empleados de carrera administrativa que querían ascender y provisionales que deseaban ingresar a la carrera. Todos ellos hace unas semanas habían perdido las esperanzas por cuenta del proyecto de ley que objetó el Presidente.

"La oferta de empleos se reduciría ostensiblemente y se vulneraría el principio constitucional de la confianza legítima", argumenta el Gobierno dentro de las objeciones.

Y es que, además, en este mismo sentido se conoció que un total de 28.475 empleados que hoy laboran en distintos cargos de diferentes entidades del Estado y que participaron en el proceso perdieron el examen de preselección, con lo cual, de ser sancionado el proyecto de ley, se estaría protegiendo a estas personas. Otros 33.917 empleados estatales sí pasaron la prueba de preselección.

La decisión de objetar la iniciativa se tomó después de analizar la solicitud hecha por el procurador Edgardo Maya, quien le pidió al Ejecutivo no sancionar el proyecto por inconstitucionalidad.

Más exactamente, el Ministerio Público manifestó que ingresar a la función pública debe tener implícito la igualdad de oportunidades para quienes aspiren a vincularse al Estado, lo que implica la realización de un concurso público abierto de méritos, que era el que se estaba desarrollando y el cual está en vilo por cuenta de la iniciativa.

Igualmente, el Mandatario señala, acogiendo las observaciones del Procurador, que va contra la Constitución que el mencionado proyecto se extienda a órganos del Estado que cuentan con regímenes especiales de carrera, como la Fiscalía General de la Nación.

Según lo explicó el director de la Función Pública, Fernando Grillo, las objeciones las deberá estudiar el Congreso y si decide no acogerlas, la iniciativa pasaría a la Corte Constitucional la que tendría 6 días hábiles para analizarlas.

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