Vence plazo de Superintendencia para que conjuntos ajusten sus tarifas mínimas de vigilancia

Este jueves deberán haber llegado a un acuerdo los copropietarios de los distintos conjuntos residenciales del país, en relación con las 8 horas (máximo) que podrá laborar el personal de seguridad.

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julio 25 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-25

Actualmente, en muchas copropiedades aún se viven las discusiones internas porque muchos propietarios se resisten al incremento de las cuotas de administración mientras los administradores insisten en la necesidad de cumplir la ley.

"Infortunadamente, los residentes sólo quieren escuchar que la cuota no va a subir y que los servicios se van a conservar pero no quieren entender que cualquier servicio cuesta y hay que pagarlo porque las normas laborales son contundentes e irrenunciables", explica Silvia Vega, experta en administración de propiedad horizontal.

Al respecto, Felipe Muñoz, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, dice que en estos meses se han reunido con muchas comunidades y han entendido que se requiere una normatividad especial para el uso residencial. Por ello están trabajando en un proyecto de ley que responda a las necesidades y posibilidades de los conjuntos de vivienda.

"Tampoco se puede desconocer que ser portero de conjunto residencial es una actividad especial y diferente al de los demás vigilantes pues tienen más de 40 tareas como anunciar la visita, recoger los niños en las rutas, vender gaseosas, cobrar parqueaderos, llevar domicilios... son actividades muy diferentes a las de un vigilante de banco o ¿porqué al cuidandero de un parqueadero no se le exige que esté bajo el mando de una empresa de vigilancia?

"Los residentes están buscando 'atajos' cambiándoles los nombres y los uniformes a los antiguos vigilantes que ahora son 'personal de logística' o 'mensajeros'. Y eso genera unos riesgos innecesarios para la copropiedad", relata esta abogada que dará una conferencia sobre el tema el jueves en la Universidad Nacional.

Precisamente por ello, Muñoz agrega que "vale la pena aclarar que la norma que regula las tarifas actualizadas y los turnos de 8 horas está vigente desde enero y a muchos les 'subió' porque ni siquiera en el 2007 pagaron lo correcto.

"No está en el plan de la Superintendencia revisar las tarifas exhaustivamente -porque los esfuerzos están dedicados a buscar salidas para el uso residencial- pero si llegan quejas (de vecinos o vigilantes maltratados) estamos en la obligación aplicar las sanciones del caso".

Sin embargo, el Superintendente fue muy enfático al afirmar que "de todas maneras, los conjuntos deben asegurarse de contratar con empresas legales y asegurarse de que éstas les pagan a los vigilantes lo correcto.

"Somos conscientes de que el 95 por ciento del mercado usa los turnos de 12 horas (contrariando la ley laboral) pero, independientemente de que sean 8 ó 12, el empleado debe recibir los recargos y las horas extras y la seguridad social debe pagarse conforme a la ley. Los ahorros de los copropietarios no pueden ser a costa de los vigilantes, se deben ajustar las tarifas".

Las propuestas que se deben considerar

Durante las reuniones con varias organizaciones se decantaron cuatro temas principales:

Tarifas diferenciales. La norma vigente establece una tarifa dependiendo del estrato. "La idea es tener tarifa única pues el vigilante hace lo mismo en el estrayo 2 ó en el 6 y el mayor valor no se refleja en el salario del trabajador.

Tamaño de la copropiedad. Hoy no se tiene en cuenta el número de unidades. La idea es permitir a las pequeñas copropiedades que puedan proveerse su propia seguridad o con un costo diferencial. "De todas maneras, si la copropiedad no puede pagar un empleado hay que desistir de contratar y buscar otras opciones como la autoprotección y la seguridad electrónica pues tener vigilancia no es una obligación", dijo Muñoz.

Servicios comunitarios. Ahora se pueden conformar servicios comunitarios como medio de autoprotección pero se busca hacer más accesibles los requisitos.

Vigilancia con armas. Las armas generan mayores costos (porque tienen mayores tarifas de ARP y entrenamiento) y riesgos adicionales en el servicio. Aunque los residentes se sienten más seguros no hay estadísticas de que sean más efectivas.

ingmor@eltiempo.com.co

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