Venezuela: financiamiento social en riesgo

La economía venezolana se ha caracterizado por ser dependiente del comercio exterior, mientras en el siglo XIX diversas crisis afectaron el precio del café y del cacao.

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enero 06 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-06

Tales crisis trajeron consigo grandes pérdidas para Venezuela tras ver disminuidas sus exportaciones. En el siglo XX, la Gran Depresión, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y las crisis de 1973 y 1983, afectaron las exportaciones petroleras provocando complicaciones internas que tuvieron impactos negativos en el empleo y en las condiciones de vida de los venezolanos.

Sin embargo, pese a esta característica de dependencia y a sus viejos problemas políticos internos, la economía del país vecino no deja de ser un laboratorio económico -según la CEPAL- en virtud a que sus indicadores sociales reflejan una notable mejoría, aunque se le critica la sostenibilidad de su política económica debido a su dependencia frente al precio del petróleo, y por la forma poco planeada para entregar ayudas y recursos de cooperación.

Cuando Carlos Andrés Pérez asumió su segundo mandato y oficializó su plan de austeridad consistente en una reducción del gasto público, en un incremento de los precios de los productos derivados del petróleo y en un alza del 30 por ciento en las tarifas del transporte público, se desencadenaron una serie de protestas en su contra, las cuales provocaron el 'carazazo' en febrero del 1989.

El entorno hostil que enfrentó el Gobierno se fue agudizando tras anunciar nuevas medidas, como el plan de privatización que condujo a la venta la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en diciembre de 1991.

Todas estas acciones fueron el resultado de las negociaciones con el FMI, quien ofreció un paquete económico por 4.500 millones de dólares bajo la condición de supervisar la economía venezolana durante tres años. Justamente en ese periodo de intervención del organismo internacional (1989-1994), los indicadores sociales no mostraron mejorías, como lo evidencia el índice de Gini que pasó de 0,47 a 0,48, mientras que la pobreza creció de 39,8 a 48,7 por ciento respectivamente, al tiempo que la población aumentó en promedio al 2,4 por ciento.

Adicionalmente, el PIB pasó de -8,6 a 9,7 por ciento en 1991 y cayó nuevamente a -2,3 por ciento en 1994. Pero cabe advertir que el crecimiento económico logrado a principios de los noventa se debió al repunte de los precios del petróleo, los cuales pasaron de 13 dólares por barril en 1989 a 24 dólares en 1991.

Tal vez esta compleja situación social llevó a que Hugo Chávez y un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas intentaran su primer golpe de estado en febrero de 1992, como una acción rebelde contra las medidas de liberación económica emprendidas por el Gobierno de Pérez, a quien también acusaban de corrupto.

Dichas acusaciones fueron confirmadas cuando el Presidente fue enjuiciado por peculado y malversación de fondos, en donde se descubrió que había utilizado dineros del fisco nacional para apoyar a la presidenta Violencia Chamorro en Nicaragua. El Presidente fue suspendido del cargo.

La crisis política que se desató tras estos hechos, condujo a Ramón José Velásquez a la presidencia en carácter de sustituto, pero su breve paso por el ejecutivo sólo le permitió observar la quiebra del Banco Latino y la fuga de divisas al exterior.

Luego, por elección directa, llegó por segunda vez a la presidencia Rafael Caldera, con un enfoque neoliberal y con la idea de internacionalizar la economía, pero padeció la crisis bancaria y financiera más grande de la época, y llevó a cabo un plan de apertura económica que condujo a la búsqueda de nuevos socios para el sector petrolero.

También liberalizó el régimen cambiario y continuó con el plan de privatización que había propuesto Carlos Andrés Pérez. Durante este periodo (1994-1999), el Gini pasó de 0,48 a 0,49, la pobreza permaneció en 49 por ciento, mientras la indigencia creció de 19 a 21 por ciento.

En 1999, en medio de un inconformismo por las políticas neoliberales aplicadas durante los noventa, llega a la presidencia Hugo Chávez.

Su agenda legislativa contemplaba cambios en el orden judicial, una propuesta de referendo para reformar la Constitución, cambios en la rama legislativa y un paquete de medidas sociales, de alcance educativo, alimentario, productivo, de salud y vivienda, denominadas 'misiones', entre las que se encuentran la Misión Robinson, Ribas, Sucre, Barrio Adentro, Zamora, Vuelvan Caras y Mercal.

Durante estos diez años de Gobierno, el Gini ha bajado de 0,49 a 0,41, la población ha crecido a una tasa promedio de 1,6 por ciento, mientras que la pobreza ha bajado de 49 a 28 por ciento y la indigencia de 21 a 8 por ciento, según datos de la Cepal.

A propósito, su directora Alicia Bárcena, ha dicho que enviarán una comisión para estudiar el modelo venezolano, en aras de pensar una posible réplica, dados estos resultados sociales.

A diferencia de los gobiernos que antecedieron a Chávez, éste ha decido emprender un plan de nacionalización que ya pasó por empresas de telecomunicaciones, cementeras, metalúrgicas, agrícolas, eléctricas y bancarias, entre otras.

Todos estos procesos, sumados a los planes sociales, han hecho que la política fiscal tenga un carácter expansivo.

Por ejemplo, el gasto público ha crecido en esta década a una tasa promedio del 33 por ciento, mientras que los ingresos han crecido en promedio 31 por ciento, lo que indica que la velocidad de ajuste entre ingresos y gasto público tendrá que acelerarse para no provocar un mayor desequilibrio fiscal en el marco de una caída por ingresos petroleros y tras la eliminación del impuesto a las transacciones financieras.

La perspectiva de un desequilibrio fiscal condujo al Gobierno, en marzo, a aumentar la alícuota del IVA del 9 al 12 por ciento, y a subir los salarios de los empleados públicos en un porcentaje menor que la inflación, la cual a octubre registró un aumento del 20,7 por ciento y los últimos 12 meses fue de 26 por ciento.

Una de las razones que explica esta alza, es el mayor control de divisas que implementó el Gobierno este año, que indujo al sector privado a tener que pagar sus importaciones utilizando dólares adquiridos en el mercado paralelo a un precio más alto.

Pero, además del aumento del déficit fiscal, también se incrementó el saldo de la deuda pública para el 2009. Por ejemplo, a junio la deuda externa era de 29.894 millones de dólares, que al sumar los 4.991 millones de dólares de los bonos soberanos internacionales 2019 y 2024 introducidos en septiembre, el total de dicha deuda equivaldría al 14 por ciento del PIB.

Esto indica que la situación fiscal marca serios retos para el Gobierno venezolano, pese a recibir ayuda internacional como la de China, con la cual ha firmado un convenio de creación de un fondo conjunto para financiar proyectos de desarrollo.

No obstante, se mantiene la incertidumbre sobre el futuro del precio del petróleo y se requiere mantener un nivel alto de gasto público capaz de sostener las 'misiones'.

Ante esta situación, es probable que el Gobierno venezolano esté esperanzado en los resultados positivos que le puedan producir las empresas recién nacionalizadas y los acuerdos comerciales firmados con países asiáticos y el cono sur.

Sin embargo, tiene el desafío de sacar adelante el Alba y mantener su cercanía con Pekín, Moscú, Teherán, Brasilia y Buenos Aires. Pero también tiene el reto de organizar sus finanzas públicas para evitar una cesación de pagos y deberá preparar la defensa en la OMC y esperar que no se produzcan fallos monetarios en su contra.

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