A propósito del análisis presentado por el ministro Plata la semana pasada sobre la dinámica del comercio colombiano -en este mismo medio-, resulta oportuno repasar el momento inicial de la liberalización comercial entre Colombia y Venezuela y presentar un breve análisis de la manera como ha variado la relación entre los dos países.
Actualmente el deterioro de vínculos recíprocos ha llevado a un inminente bloqueo comercial a la producción colombiana en territorio venezolano. Para comprender lo acontecido es preciso remontarse al 16 de marzo de 1992, que pasó a la historia de las relaciones bilaterales como un momento trascendental. Desde ese día se permitió el libre flujo de bienes entre los dos países al convenir que la frontera comercial entre ellos fuera abolida.
A su vez, fue el primer momento en la historia del continente americano en que dos Estados acordaron fomentar el libre comercio sin restricciones oficiales y con deseos recíprocos de lograr un dinamismo económico benéfico a sus nacionales. A partir de entonces, la incertidumbre inicial que acompañó al acuerdo fue convirtiéndose en certeza económica, dado que este 'experimento' comenzó a arrojar resultados positivos inesperados.
A pesar de la violencia en la zona de frontera, los fuertes roces entre los dos gobiernos por la problemática limítrofe, la poca estabilidad política venezolana de los años 90 y la profunda desconfianza frente al crecimiento de la economía colombiana, el impacto del acuerdo que abrió la frontera resultó contundente. En sólo seis años se pasó de un flujo comercial entre ambas naciones de US$596 millones en 1991 a US$2.218 en 1997.
Para el mismo período las exportaciones venezolanas hacia Colombia pasaron de US$306 millones a US$1339, mientras que las colombianas hacia Venezuela de US$290 a US$879 millones. Fueron tiempos en los que Venezuela gozó de una balanza comercial superavitaria frente a Colombia, hecho que no se ha vuelto a presentar desde 1999, cuando la balanza entre las dos naciones resultó favorable a Colombia en más de US$100 millones.
El libre comercio se fue convirtiendo en piedra angular de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, mientras que en términos políticos y diplomáticos se seguían adoptando medidas para subsanar los efectos negativos de roces anteriores que, como en el caso de la corbeta 'Caldas', consolidaban un diferendo territorial que solamente ensombrecía las relaciones bilaterales en otras áreas.
Como resultado, sobre la base del libre comercio y de una institucionalidad creada por ambos gobiernos para fortalecer la integración y la vecindad, el diálogo bilateral perduró, fundamentado en un esquema de entendimiento. Así avanzó la integración entre estos dos actores protagónicos de la región andina hasta que se empezaron a vislumbrar fuertes grietas de tipo político que, en breve tiempo, afectaron todo lo que se había logrado en materia comercial. Desde el 2004 hasta hoy, puede hacerse un inventario de acontecimientos que han intervenido y afectado de manera directa el proceso de complementariedad económica y comercial desarrollado por las dos naciones latinoamericanas.
El 'caso Granda' fue el punto de partida del deterioro en materia comercial. La respuesta del Gobierno venezolano frente a la captura ilegal del llamado 'Canciller' de las Farc motivó la suspensión de las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales entre los dos países desde el 14 de enero de 2005 hasta finales de febrero del mismo año.
Posterior a ello, y a pesar de la aparente normalización de las relaciones, varios han sido los momentos en los que el Presidente venezolano ha intervenido generando fuertes afectaciones al comercio con Colombia, a través de bloqueos en la frontera o con decisiones generadoras de barreras no arancelarias. A su vez, el Gobierno colombiano se equivoca reiteradamente en la comprensión del modelo venezolano, cuando simplemente lo asume como antagónico y nostálgico de lo soviético.
Ni las cámaras de comercio, ni las tasas de cambio paralelas, ni las gestiones gremiales o diplomáticas adelantadas por quienes mayormente han sentido las consecuencias de unas políticas personalistas, han logrado recomponer el rumbo de la liberalización comercial trazado hace 18 años para las dos naciones.
En Colombia, las mayores afectaciones se han evidenciado para las empresas clase Altex -altamente exportadoras- que tenían su mercado muy bien perfilado en Venezuela. Mientras que en el 2008 éstas sumaban a 503, al finalizar el 2009 habían bajado a 391, con tendencia al decrecimiento. Con la reducción de las exportaciones hacia el mercado venezolano en más de US$2.000 millones en comparación con las cifras del 2008 -situadas en US$7.200-, las perspectivas no son halagüeñas.
También los Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP) sienten las consecuencias de la decadencia comercial hacia el vecino país. Actualmente es muy complejo para una empresa con mercado en Venezuela mantenerse como Altex, dado que resulta casi imposible exportar los dos millones de dólares anuales exigidos (equivalentes al 30 por ciento del total de las ventas) para permanecer bajo esa categoría que genera beneficios, tanto en tributación como en gastos de exportación.
Lo cierto es que de manera definitiva hay un sector que ha sido fuertemente castigado con la imposición de una política comercial unilateral venezolana, que atenta contra los anteriores convenios y acuerdos establecidos por los dos países. Sin duda es el sector productivo colombiano, sobre el que descansa el eventual crecimiento económico y el respaldo financiero para que la economía del país se dinamice y brinde opciones de desarrollo a sus nacionales.
En el mundo del siglo XXI no es común encontrarse Estados que de manera unilateral determinen el paso de una economía de libre comercio a una de intervención normativa bajo la figura del comercio administrado. Para el caso de Venezuela, esto se ha dado sin importar que las consecuencias directas las tenga que afrontar el venezolano promedio que es quien en última instancia ha venido sintiendo el desabastecimiento y la poca competitividad y productividad del Estado.
Venezuela ha optado por cerrarle las puertas al comercio con Colombia intensificando su comercio administrado en función de darle prioridad a su economía interna. Este asunto no tendría ni siquiera por qué cuestionarse si efectivamente el país de Hugo Chávez produjera y fuese competitivo, por lo menos, para satisfacer sus necesidades básicas. Lo que se ha percibido, con base en los estudios, estadísticas y análisis de la Cámara Colombo Venezolana, es que a Colombia se le ha reemplazado por otros actores, entre los que, incluso, figura Estados Unidos, desde donde se está importando un porcentaje superior al que se importaba cinco años atrás.
También Brasil y China figuran dentro del grupo de países cuyo comercio con Venezuela ha crecido de manera sustancial. Sobre Rusia y sus extravagantes ventas de armamento también podría hacerse referencia en este aparte.
A Colombia se le ha reemplazado, no porque su industria sea débil, ni tampoco porque su producción resulte innecesaria. El problema entre Colombia y Venezuela es que sus modelos son distintos y sus jefes de Gobierno sienten un grado de estimación recíproca supremamente bajo. Ante ello, y a pesar de la distancia entre concepciones políticas diferenciadas, lo que queda es apostarle a un remoto -aunque posible- acercamiento fundamentado en el pragmatismo y los intereses comunes de ambas naciones. Sólo así se evitará que muera lo que en marzo del 92 se originó con tan valioso esfuerzo.