Tanto Gobierno como contratistas preparan sus equipos jurídicos para enfrentar la siguiente etapa que tendrá el contrato del túnel de La Línea, luego de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) declarara este martes, y después de 9 horas de audiencia, la caducidad.
Los integrantes de la Unión Temporal Segundo Centenarios (UTSC) deberán pagar 60.350 millones de pesos y estarán inhabilitados para participar o celebrar contratos con el Estado por cinco años.
Sobre la decisión proceden los recursos de reposición que quedaron programados para el próximo viernes 30 de enero.
Adicionalmente, los abogados de las firmas de la UTSC interpondrán una tutela para demostrar la falta de competencia del Invías dentro del proceso, ya que desde el 25 de noviembre un juez dentro del tribunal de arbitramento asumió el caso; también presentarán una demanda para pedir la nulidad de la caducidad.
Por su parte, el Gobierno espera se surtan los tiempos para responder los recursos a los que tienen derecho los contratistas.
“Ahora, en el evento de que se demuestre que financieramente pueden continuar la obra, evaluaremos esa posibilidad y tomaremos una decisión definitiva. Pero si la caducidad queda en firme, ya tenemos un plan con acciones urgentes y necesarias que vamos a realizar”, anunció la ministra de Transporte, Natalia Abello.
Para estas actividades, indicó, hay 300.000 millones de pesos.
Las labores urgentes son para el tratamiento de las aguas y manejo de los lodos, la ventilación e iluminación del túnel principal y las actividades de soporte de las zonas inestables que aún no han sido atendidas.
Estas obras no requieren licitación y costarían cerca de 45.000 millones de pesos. Para las obras necesarias, se incluye la terminación de túneles y viaductos contratados.
El contrato del túnel de La Línea se firmó en el 2008, incluye 27 kilómetros de obra, 23 puentes y 18 túneles adicionales al principal de 8,6 kilómetros.
“Tenemos recursos públicos del 2015 por 240.000 millones para iniciar la licitación pública, el proceso tardará tres meses y las obras se deberán realizar en dos años”, indicó Abello Vives.
La alta funcionaria realizó ayer un recorrido por las obras y constató “que a la fecha no hay un solo puente o túnel terminado en su totalidad”.
LAS DOS CARAS DEL PROCESO DE CADUCIDAD
Durante la inspección, la jefe de la cartera de Transporte constató que de los 27 km que constituyen las obras del proyecto, no se ha terminado ningún puente y túnel, debido a que el proyecto se ha venido ejecutando de manera segmentada.
“Este proyecto no puede ponerse en funcionamiento porque no hay continuidad en la obra; a pesar de haberse pagado el 98% de los recursos comprometidos, la ejecución de la obra no supera el 75%”, dijo.
En la audiencia, la abogada Patricia Mier, apoderada del contratista, sostuvo que el Invías estaría incurriendo en fraude procesal y usurpación de función pública. “El Invías ya no se puede pronunciar sobre la terminación del contrato, pues ya perdió competencia”.
El tribunal de arbitramento tendría la última palabra.
Christian Pardo Q.
chrpar@eltiempo.com