Vienen jornadas cruciales para la reforma a la salud

Empantanado, por decirlo menos, es la situación actual en la que está el proyecto de ley que reforma el sistema de seguridad social en salud que hace tránsito en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a tan solo un mes de finalizar la actual legislatura.(VER GRAFICO)

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mayo 17 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-17

Un sector de congresistas de dicha corporación, liderados por Juan de Dios Alfonso, ha manifestado que la situación actual de estancamiento del proyecto se debe a la falta de interés del Gobierno -de quién es la iniciativa- en sacarlo adelante. La contraparte, entre ellos representantes del gremio de las clínicas y los hospitales lo ven desde otra óptica al considerar que existe voluntad de la administración central pese a los grandes intereses, particularmente de las EPS, que quieren evitar que el proyecto en discusión salga adelante. Como sea, un sector de la Comisión Séptima ha manifestado su inconformismo al plantear que el Ministerio se ha dedicado a sacar adelante componentes importantes del proyecto a punta de decretos y de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Situación que no ha sido desmentida por el jefe de la Cartera de la Protección Social, Diego Palacio, y que el viceministro de Salud, Eduardo Alvarado, ha reconocido se ha hecho en unos aspectos, que a su juicio, era necesario regular. En esencia son dos temas que hacen parte del proyecto de ley que ya están regulados (Cuentas maestras y aumento de cobertura por medio de pactos con los departamentos) y uno que está a punto expedirse el decreto correspondiente (Manual de piso tarifario). En ese orden de ideas, en diciembre pasado, el Gobierno expidió un decreto que obliga a las entidades territoriales a suscribir una 'cuenta maestra' destinada exclusivamente al manejo de los recursos destinados al régimen subsidiado. Según la norma solo pueden ser beneficiarias de tales cuentas las administradoras del régimen subsidiado (ARS) a quienes únicamente se les puedes hacer los pagos por transferencia electrónica. Frente al tema del manual tarifarios, que pone unos pisos de valores mínimos para los procedimientos médicos a los cuales deben acogerse los prestadores del servicio, el viceministro dijo que el decreto debe expedirse antes de finalizar el presente mes. En ese orden de ideas, en diciembre pasado, el Gobierno expidió un decreto que obliga a las entidades territoriales a suscribir una 'cuenta maestra' destinada exclusivamente al manejo de los recursos destinados al régimen subsidiado. Según la norma solo pueden ser beneficiarias de tales cuentas las administradoras del régimen subsidiado (ARS) a quienes únicamente se les puedes hacer los pagos por transferencia electrónica. Frente al tema del manual tarifarios, que pone unos pisos de valores mínimos para los procedimientos médicos a los cuales deben acogerse los prestadores del servicio, el viceministro dijo que el decreto debe expedirse antes de finalizar el presente mes. Escasea el dinero para la afiliación de los más pobres Es un hecho que la ampliación de números de afiliados del régimen subsidiado hacia la cobertura universal –como lo ha propuesto el Gobierno– está en ‘matrícula condicional’ por la falta de recursos. El propio ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, y sus funcionarios más cercanos en el tema –con el viceministro Eduardo Alvarado a la cabeza– han reconocido la situación de escasez de dinero necesario para garantizar el aseguramiento de casi 7 millones de nuevos afiliados, que el Ministerio proyecta deben ingresar al régimen subsidiado en los próximos cinco años para alcanzar la meta de cobertura universal. Se estima que, en pesos de hoy, el ingreso anual y el sostenimiento del millón de afiliados con subsidios parciales y plenos podría llegar a costar alrededor de 1,5 billones de pesos. Ante este escenario, de acuerdo con la explicación de Alfredo Rueda, director General de Aseguramiento y Gestión de la Demanda de la cartera de Protección, solo se cuentan con los recursos suficientes para garantizar la continuidad de las actuales afiliaciones, además de tener aseguradas las fuentes de financiación para cerca de 900.000 nuevas vinculaciones previstas en algunas regiones en lo que queda del 2006. Para este año, en la subcuenta de Solidaridad del Fosyga se tiene presupuestado 1,58 billones de pesos. Este dinero, de acuerdo con lo establecido por Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (Cnsss), está dirigido esencialmente al sostenimiento y a la ampliación de cobertura para población uno, dos y tres del Sisben. Frente a esto y con base en tales cifras, Palacio reiteró que aunque se está adelantando el proceso de universalización, no hay los recursos suficientes para adelantarlo en todas las regiones del país. Por eso, el viceministro Eduardo Alvarado ha insistido ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la semana pasada, durante el debate al proyecto de reforma de la ley de seguridad social en salud, que si se quiere universalizar el régimen subsidiado hay que incluir en la iniciativa un mecanismo para conseguir y garantizar unos recursos, que hoy no existen. En la actualidad, la cobertura de este régimen es de 18,5 millones de colombianos, de los cuales, 16,5 millones corresponden a personas que se encuentran ubicadas en los niveles 1 y 2 del Sisben cubiertos con subsidios totales, mientras otros 2 millones de niveles 2 y 3 son beneficiarios de subsidios parciales. 7 millones de nuevos afiliados al régimen subsidiado es la meta del Gobierno para lograr la cobertura universal. Régimen, subsidiado en la mira Las denuncias sobre irregularidades en el régimen subsidiado han estado al orden del día casi desde la creación del sistema. Los hechos van desde la demora en el giro de los recursos de los municipios a las ARS (se estima que está en el orden del medio billón de pesos), la ineficiente diligencia de los pagos de estas últimas a los prestadoras del servicio (datos más recientes del Ministerio establecen que las deudas están en el orden de los 370 mil millones de pesos), hasta entidades territoriales que permitían de una manera irregular la entrada de aseguradores sin tener las condiciones prevista para ello. Esas conductas han desembocado en una serie de investigaciones que están adelantando los organismos de control y que generó el viernes pasado un bloque de sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Ese día, la entidad sancionó con una suma de 793 millones de pesos a 13 ARS que que se habían dedicado a amplíar ilegalmente su real capacidad de afiliación para, de esa manera, justificar el ingreso a sus arcas de más recursos destinados al aseguramiento en el régimen subsidiado. Así mismo, el ente de control multó con 1.050 millones de pesos a 25 municipios del país a quienes se les detectó irregularidades en la contratación con ARS para la atención de personas. Estas sanciones corresponden a los primeros resultados del plan de acción que está adelantando la Superintendencia Nacional de Salud, ante las recurrentes denuncias sobre casos de corrupción e irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la atención de la población más vulnerable del país. LA INTEGRACIÓN VERTICAL ES EL PUNTO MÁS CRÍTICO DE LA REFORMA A LA LEY 100 La integración vertical es el tema que más controversia y debate ha generado en las discusiones del proyecto de reforma de la salud. El artículo de la iniciativa que hace mención al tema establece que las EPS sólo estarán habilitadas para contratar hasta el 30 por ciento de los servicios con su propia red. La Acemi (Asociación de Empresas de Medicina Integral) ha rechazado durante los casi dos años de trámite de la reforma cualquier mecanismo que impida y limite ejercer su propiedad sobre las IPS. Augusto Galán, presidente de ese gremio, ha manifestado que medidas de esa naturaleza atentan contra el equilibrio financiero de las empresas y, en consecuencia, contra el futuro del sistema. No obstante el alegato de Acemi, esta restricción cuenta con el apoyo del Gobierno y de los gremios de las clínicas y hospitales, que consideran que evita y previene eventuales situaciones de posición dominante de las EPS que pueden establecer las condiciones de contratación con la red de salud. En el proyecto de ley, de las tres ponencias que se presentaron para el debate, sólo una, la del representante conservador Pedro Jiménez, propone eliminar de tajo el texto sobre integración vertical aprobado por el Senado. 25 municipios y 13 ARS de todo el país fueron sancionadas por la Supersalud por presentar irregularidades en la contratación y la afiliación de nuevos usuarios en el régimen subsidiado. "Denuncias sobre irregularidades han estado presentes casi desde la creación del sistema”

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