Vientos del sur

Vientos del sur

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octubre 23 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-23

Al tiempo que en Venezuela el proyecto de nueva constitución sigue su marcha, generando una amplia preocupación entre los representantes del sector privado que ven con creciente alarma la intensificación de la revolución bolivariana, al sur de la frontera colombiana también hay nerviosismo. En este caso, los ceños fruncidos de algunos tienen que ver con decisiones recientes anunciadas por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuyo mandato resultó fortalecido después de las elecciones para escoger a una asamblea constituyente. Y es que el pasado 4 de octubre, un decreto del Gobierno del Ecuador estableció que las multinacionales petroleras deberían pagarle al Estado el 99 por ciento de la llamada renta extraordinaria por las ventas de crudo, que consiste en la diferencia entre el precio de exportación y el valor de referencia acordado en los contratos originales, distribución que estaba en 50 por ciento desde abril del 2006. El resultado de esa decisión, según el Gobierno, sería el de generarle unos 800 millones de dólares en ingresos extraordinarios al fisco, una suma nada despreciable para un país que tiene un presupuesto público cercano a los 10.000 millones de dólares al año. Ante semejante decisión, las reacciones han sido bien diferentes. Por una parte, la opinión pública ha apoyado masivamente el pronunciamiento de Correa, pues existe la creencia mayoritaria de que las multinacionales han sacado la mejor tajada en sus operaciones en el Ecuador. En el otro bando está un grupo minoritario de ciudadanos que creen que más allá del efecto mediático, lo que está en juego es el futuro de la inversión extranjera y la supervivencia de un modelo económico que parece tender hacia la estatización. Por su parte, las compañías petroleras han mantenido un silencio relativamente uniforme, aunque han dejado saber que su permanencia en el país o la realización de nuevas inversiones están en entredicho. Como si lo anterior no fuera suficiente, el clima también está cargado por la presión al sector financiero para reducir los costos y por el vencimiento próximo de las concesiones de telefonía móvil, tema en el cual el Gobierno en Quito también ha anunciado un apretón de clavijas. Toda esta situación ha golpeado tanto la confianza de los empresarios, como las perspectivas mismas de una economía en donde ya había incertidumbre por la nueva Constitución política. Con un PIB de cerca de 47.000 millones de dólares al año y con una tasa de crecimiento que estará entre 2 y 4 por ciento este año, la apuesta de Correa no deja de ser arriesgada. La razón es que, lejos de disminuir, la dependencia del petróleo es cada vez mayor. Según el Banco Central del Ecuador, la participación de las ventas de crudo en el total de exportaciones ascendió a 60,5 por ciento en el 2006, 20 puntos más que en el 2001. Ese peso creciente ha tenido que ver, ante todo, con los precios del combustible, pues la producción ha pasado de 551.086 barriles diarios en enero del 2006 a 518.158 barriles al comenzar el año. Por lo tanto la pregunta es si la estatal Petroecuador tiene el músculo necesario para hacer las inversiones que en el largo plazo son necesarias para garantizar el nivel de reservas y las exportaciones. En caso contrario, es evidente que el país tendrá que invitar a otras empresas que probablemente no sean multinacionales privadas, sino compañías estatales de gobiernos amigos. Pero el riesgo es alto y puede generarle grandes dolores de cabeza a la economía ecuatoriana a la vuelta de unos años. Si eso ocurre, Colombia también resultaría afectada, pues ese país es el tercer destino de las exportaciones colombianas, que en el 2006 ascendieron a 1.237 millones de dólares. Por ahora, sin embargo, el efecto puede ser bien diferente, pues es claro que en la Región Andina el clima no es el más propicio para las multinacionales petroleras. Tanto Bolivia, como Venezuela y Ecuador han dejado en claro que aspiran a manejar de manera creciente sus industrias extractivas, mientras que Colombia cuenta con un marco legal relativamente estable en el cual sigue habiendo espacio para la iniciativa privada. La decisión del Gobierno del Ecuador de exigirles a las multinacionales petroleras una mayor participación de sus ingresos, puede tener efectos en Colombia”.

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