Al fin, ¿vivienda popular?

Al fin, ¿vivienda popular?

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mayo 21 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-21

La construcción de vivienda, en particular la de bajo costo o de interés social (VIS), siempre ha chocado con la escasez de tierra urbana. Los pocos terrenos disponibles han sido objeto de una especulación que hace imposible a familias de escasos recursos tener acceso a una casa propia en condiciones dignas. La situación ha favorecido por años a los urbanizadores piratas, quienes, abusando de la necesidad de vivienda de la gente pobre, obtienen abultadas e injustificadas ganancias.

Por eso, cabe destacar el decreto que la semana pasada expidió el Ministerio de Ambiente y Vivienda, que busca la incorporación de tierras con la idea de resolver no solo el problema físico, sino también garantizar a muchas familias la posibilidad de comprar casa a un precio que se ajuste a su capacidad de pago.

La medida busca anteponer el bien común al particular, pues establece que el Gobierno Nacional y las autoridades locales pueden definir un macroproyecto de vivienda de interés social que beneficie al uno por ciento de la población del municipio. Luego, deberán determinar las tierras aptas para ejecutarlo y adelantar los trámites para que sus propietarios participen o vendan los predios requeridos. En caso de no llegar a un acuerdo con los dueños de la tierra, se puede recurrir a la figura de la expropiación, cumpliendo los trámites legales.

Se trata de una fórmula imaginativa, que reglamenta la reciente ley del plan de desarrollo aprobada por el Congreso de la República. Seguramente, dará pie a todo tipo de interpretaciones o reclamos por supuestas extralimitaciones en su aplicación. Pero vale la pena jugársela, pues es una decisión que puede contribuir a lograr lo que no se ha hecho en años para enfrentar un problema social que crece cada día. El déficit habitacional en Colombia se acerca a las dos millones de unidades de vivienda. Y solo pasos como este pueden contribuir a aliviarlo.

Puede que la medida no sea la panacea para solucionar la escasez de tierras para edificar, ya que estas son por principio un recurso escaso. Sin embargo, es un complemento de otros esfuerzos que se hacen, como la creciente asignación de recursos para subsidios de vivienda, cuyo monto pasó de 150.000 a 400.000 millones de pesos entre la vigencia fiscal del año pasado y esta. Además de que se trata de una base indispensable para hacer viable el acuerdo entre el Gobierno y la banca para colocar la no despreciable cifra de 1,8 billones de pesos en crédito hipotecario popular.

La decisión de incorporar tierras urbanas a la construcción de vivienda social, contemplando inclusive la figura de la expropiación, puede ser el comienzo para enfrentar problemas que limitan la realización de obras de infraestructura vitales para el país, como las carreteras. No es raro que el solo anuncio de su realización genere una gran especulación con los precios de la tierra, que termina por acarrear sobrecostos y demoras injustificadas en la ejecución. Una cierta intervención del Estado para facilitar la realización de algunas obras de evidente interés público, como la vivienda de interés social o la construcción de infraestructura, no va en contra de los principios del libre mercado. Por el contrario, ayuda a controlar la intervención indebida de quienes tradicionalmente se han beneficiado especulando con la escasez de tierra urbana o los efectos de la valorización.

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Otra reciente medida del Minambiente, que apunta en buena dirección, está orientada a la Sabana de Bogotá: no otorgar licencias para la construcción o parcelación de proyectos para uso industrial en suelos rurales sin una cuidadosa evaluación de su impacto ambiental y socioeconómico. Esta protección del campo busca garantizar la seguridad alimentaria de la región y mantener la frontera agrícola. Resulta importante, además, para la conservación del medio ambiente y la prestación de los servicios públicos esenciales.

editorial@eltiempo.com.co

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