Tras revocatoria de licencia a Hupecol, la ACP señala falta de coherencia en política ambiental

El gremio critica a la Anla porque a lo largo de cuatro años estudió la licencia ambiental y luego, ante el rechazo público, la retiró en un día.

La Macarena

El rechazo de la opinión pública motivó la revocatoria de la licencia ambiental a Hupercol para hacer exploración en La Macarena, señala la ACP.

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abril 20 de 2016 - 01:46 p.m.
2016-04-20

Luego de conocerse la decisión del Gobierno Nacional, relacionada con la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa Hupecol para la etapa de exploración del Bloque Serranía, en la región de La Macarena, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) criticó la falta de coherencia en materia de políticas públicas y entre las autoridades ambientales nacionales y regionales, al señalar que este proyecto ha cumplido con los trámites respectivos y necesarios a los largo de los últimos cuatro años y nueve meses.

En primer lugar, Francisco Lloreda, presidente de la ACP, señaló que no es responsabilidad de las empresas del sector decidir dónde se realizan labores de exploración y producción. "Es el Gobierno Nacional, por intermedio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, el que determina, de acuerdo con estudios de prospectividad, la ubicación de los bloques y áreas para dicha actividad", dijo el directivo gremial.

Lloreda explicó que fue la ANH la que ofertó y promovió, a nivel nacional e internacional, el Bloque Serranía, asignado mediante subasta pública a la empresa Hupecol. "Es el Estado y no las empresas el que define las políticas públicas, la institucionalidad, las normas, los procedimientos y los requerimientos técnicos, incluidos los de carácter ambiental. Corresponde a las empresas acatar y respetar esas regulaciones y procedimientos".

La ACP explicó cómo se ha dado este proceso desde el año 2008. "En virtud del contrato suscrito en 2008 entre la ANH y la empresa, se adelantó en 2009 la actividad de sísmica para recoger información geológica e identificar dónde podría haber hidrocarburos, y definir la perforación o no de pozos de carácter exploratorio, A3".

La Asociación señala que se adelantaron 114,5 kilómetros equivalentes de sísmica 2D. "Esa actividad, que se realizó con las respectivas autorizaciones y el acompañamiento de las autoridades nacionales y regionales, incluida Cormacarena, no generó ningún pasivo ambiental. Es decir, no impactó los parques naturales, las fuentes hídricas de la zona, y mucho menos a Caño Cristales que, además, está a 68 kilómetros de distancia".

Agrega la ACP que, una vez concluidos esos procesos se solicitó Licencia Ambiental, teniendo en cuenta que la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, las solicitudes de información adicional formuladas por las autoridades ambientales, y una audiencia pública con participación de las autoridades locales y de la comunidad -incluida la Dirección Nacional de Parques Naturales-, se adelantaron en el marco de la ley.

"El proceso tomó cuatro años y nueve meses, debido al rigor con el que la Anla analizó la solicitud, así como a las complejidades de orden público, donde actúan varios frentes de las Farc, lo que requirió del acompañamiento y el apoyo invaluable de las Fuerzas Armadas".

CONTRADICCIONES EN LA ANLA

Además, la ACP cuestiona el hecho de que el pasado martes 19 de abril, la Anla revocara la licencia, pues "hace tan solo unos días en rueda de prensa defendía el fundamento técnico y legal de la licencia ambiental".

Las motivaciones de la Anla para su reciente decisión se fundamentaron en tres argumentos: Primero, que la licencia no estaba “ejecutoriada” dado que no se habían cumplido los plazos para interponer y resolver los recursos de reposición. Segundo, que un tercero interviniente interpuso un recurso el día anterior, y tercero, que no se había tenido en cuenta el Plan de Manejo del DMI de La Macarena, antes señalado.

Al respecto, la ACP señala que "es cierto que en estricto sentido la licencia no estaba ejecutoriada y que un tercero interviniente podía presentar un recurso de reposición, lo que de acuerdo con la Anla ocurrió el día lunes 18 de abril". Sin embargo, se cuestiona que los argumentos de ese recurso "no se conocen aún" y así, se procedió a revocar la licencia.

"Es decir, una licencia ambiental, que tomó cuatro años y nueve meses de estudio por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales fue revocada en razón de un recurso de reposición que tomó un día examinar". 

Para la ACP tampoco es clara la justificación del "hecho sobreviniente", pues la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que un hecho sobreviniente es el que se constituye como circunstancia grave, imprevisible y anormal.

"Es de suponer que si la Anla no tomó en cuenta dicho plan fue porque no debía hacerlo en estricto sentido jurídico. Hacerlo ahora, a sabiendas de que es extemporáneo, para sustentar un cambio de posición, no es conducente", reclama la ACP.

Francisco Lloreda defendió, además, el rigor con que se realizan los estudios de impacto y manejo ambiental. "Resulta inaceptable que ahora se le cuestione, como resultado de la falta de claridad de las políticas públicas, la desarticulación de entidades y los inestabilidad en las decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales".

De igual manera, el gremio petrolero rechaza que se le haya hecho eco a una campaña de desinformación que partió de dos premisas equivocadas: que la mera presencia de una actividad de hidrocarburos causa daño ambiental y que la realización de pozos de exploración –y eventualmente de producción-­ en el área y bajo las condiciones definidas por la Anla, causaría un daño ambiental en los parques naturales, las cuencas hídricas y en Caño Cristales, ubicado este a 68 kilómetros del bloque.

"Era de esperar que ante la difusión de una imagen engañosa, según la cual se haría explotación petrolera en Caño Cristales, lo cual no era cierto, se presentara una reacción de rechazo por parte de la opinión pública. Ojalá los análisis y discusiones ambientales se realicen a futuro con rigor y seriedad, no fruto del apasionamiento", exigió Lloreda y concluyó que, tras estos hechos, "le preocupa seriamente a la industria la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión privada, nacional o extranjera, y la credibilidad y confianza en las instituciones, por la falta de coherencia en materia de políticas públicas y entre las autoridades ambientales".