‘Colombia debe ofrecer seguridad jurídica’

Así lo afirma Javier Cremades, presidente de la prestigiosa oficina de abogados española Cremades & Calvo-Sotelo.

Javier Cremades

Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.

Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.

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Portafolio
abril 09 de 2017 - 07:27 p.m.
2017-04-09

En pleno debate por la intervención de Electricaribe, con el inicio del arbitraje de Gas Natural Fenosa ante un ente de las Naciones Unidas, la prestigiosa oficina de abogados española Cremades & Calvo Sotelo presentó un informe en el que analiza “algunos de los recientes hechos relevantes que inciden en la percepción de la seguridad jurídica y la protección a la inversión extranjera” en Colombia.

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El informe, realizado por solicitud de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, pone de manifiesto otros casos de empresas internacionales inmersas en conflictos con el Estado colombiano.

“Abundar en la clarificación del mapa de las instancias reguladoras, donde se dan solapamientos, confusiones competenciales y falta de coordinación” es una de ellas. Sugiere crear un sistema de superintendencias más independiente, mediante “la consagración de causas tasadas y procedimientos transparentes que permitan proteger a los supervisores (y a los supervisados) de indebidas presiones políticas, ajenas a su carácter de organismo técnico de supervisión” y también a través de “la generalización del sistema de nombramientos de los superintendentes por un tiempo preestablecido”.
"El informe insiste en la importancia de eliminar el libre nombramiento y remoción de la máxima autoridad de supervisión de los servicios públicos”. Y sugiere que este podría ser el caso de “la supervisión del sector eléctrico colombiano, de la reciente intervención de la Electrificadora del Caribe”.

Lea: (Inseguridad jurídica y trámites, los males del sector constructor). 

La importancia de este tipo de informes internacionales radica, entre otros aspectos, en que ellos pueden influir en el proceso de incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Cremades & Calvo-Sotelo advierte que “para conseguir ese objetivo, el país debe mejorar la seguridad jurídica y la protección a la inversión, así como fortalecer su marco institucional”.

Con el propósito de ahondar en algunos de estos aspectos, Portafolio entrevistó a Javier Cremades García, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.

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¿Exactamente en qué consiste esa inseguridad a la que hace referencia el informe de Cremades & Calvo-Sotelo?

El informe dice que en cualquier país la seguridad jurídica mejora en la medida en que los organismos de supervisión tengan independencia frente a las presiones que tienden a deslizarse de manera sutil en la toma de decisiones de alto impacto electoral o en escenarios de presión política.

Lo sucedido recientemente con Electricaribe no es sino uno de los 23 casos analizados en siete países diferentes. El Gobierno de una nación tan importante como Colombia no puede permitirse un modelo de supervisión cuyo máximo responsable, y quien ha ordenado su liquidación, sea un funcionario de libre nombramiento y remoción.

Este es un modelo superado hace ya varios años en Argentina, Costa Rica, México o Perú. Y para encontrar un modelo de supervisión como el que ha intervenido Electricaribe, es decir, de libre nombramiento y remoción de sus máximos responsables, tendríamos que acudir, entre los países analizados, al instaurado en Bolivia mediante el Decreto Supremo 71/2009, de 9 de abril.

El informe lamenta que se hayan postergado reformas. ¿A qué reformas se refiere en concreto?

El Decreto 1817/2015 del Gobierno colombiano permitió que tan solo 3 de las 10 entidades de supervisión abandonaran el modelo de libre nombramiento y remoción de sus titulares, en aras de garantizar su imparcialidad, transparencia e independencia. Este Decreto estableció que los titulares de dichos organismos sean designados por un periodo de cuatro años. No está claro hasta qué punto dicha reforma limita las competencias del Gobierno para su remoción, ni que sea necesario acreditar causas justificadas para ello, ni adelantar un procedimiento público y transparente para su desvinculación.

Esto genera una innecesaria y perjudicial incertidumbre sobre su escaso nivel de independencia en la toma de decisiones bajo escenarios de elevada presión política. Es el caso del organismo de supervisión, vigilancia y sanción que ha intervenido y ordenado la liquidación, a instancias del Gobierno nacional, de la Electrificadora del Caribe S.A. (Electricaribe), es decir, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

El propio Gobierno colombiano, durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, a través de las bases de su Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso, mediante la Ley 1450 del 2011, hacía un llamamiento explícito entorno a la necesidad de otorgarles un mayor nivel de independencia a varios de los organismos responsables de la supervisión, vigilancia y control de los mercados regulados.

¿Qué otras inversiones extranjeras están afectadas por lo que ustedes llaman conflictividad en el país? y ¿en qué consiste exactamente esa conflictividad?

Colombia es un país atractivo para la inversión extranjera. Hay muchos ejemplos de éxito que lo demuestran. No obstante, la liquidación de Electricaribe se suma a un número creciente de empresas transnacionales radicadas en Colombia que se ven obligadas a acudir ante tribunales internacionales de arbitraje en búsqueda de protección a la inversión. Entre ellas, Glencore PLC, Cosigo Resources, América Móvil y Telef.

COLOMBIA, DESTINO PARA INVERSIONISTAS EXTRANJEROS EN AMÉRICA LATINA

El informe dice que la decisión sobre Electricaribe se produjo en un contexto preelectoral, politizado y con grave riesgo de expropiación y asegura que “está generando una gran inquietud entre los inversores”.

En ningún apartado niega la consolidación de Colombia como uno de los destinos preferidos de los inversionistas extranjeros en A. Latina y cita el informe que el mismo despacho realizó con IE Business School sobre el Panorama de Inversión Española en Iberoamérica, donde lo ubica como el número uno en las previsiones de 2017. Pero advierte que la “consolidación de Colombia como destino preferente de la inversión extranjera pasa por despejar la incertidumbre sobre la interferencia de criterios ajenos a los regulatorios en la toma de decisiones”.

Por: Juanita Samper O.
Madrid

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