Los jueces y magistrados de la república tendrán ahora quien ronde sus movimientos financieros, pues empezaron a figurar como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Esta medida de control contenida en el Decreto 1674, que acaba de sancionar el presidente Juan Manuel Santos, busca contrarrestar el carrusel de demandas espúreas que se han dado con frecuencia en las cuales los juristas demandan al Estado y los jueces, amangualados con aquellos, dictan sentencias desfavorables al erario.
“Poder tener acá a la rama judicial en su conjunto es un paso importante”, apuntó el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, quien destacó que también los consejeros de los tribunales y altas cortes, así como el Fiscal General y el Vicefiscal entraron en el grupo de funcionarios que deben tener una vigilancia especial de los bancos si observan operaciones sospechosas, debido que, por su posición, son propensos a caer en actos de corrupción.
Hasta ahora existía la figura de PEP, pero muchas entidades financieras no hacían el control exigido escudándose en que muchas figuras no aparecían mencionadas de manera expresa. “Con este Decreto ponemos un lente de aumento sobre las cuentas, las transacciones y los patrimonios de las personas con mayor responsabilidad con el Estado”, dijo el ‘zar’ anticorrupción.
Ahora, en total hay 15 posiciones dentro del Estado que quedaron, desde el propio Presidente, los ministros y congresistas; los superintendentes, generales de la fuerza pública, altos dignatarios de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría, Auditoría y Contaduría, pasando por gobernadores y asambleas departamentales y llegando al nivel municipal con los alcaldes, secretarios y concejales.
Tatequieto’ a jugadas de engaño
Otros que tampoco estaban y comienzan a figurar como sujetos de este control especial son los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y consejeros del Consejo Nacional Electoral.
De acuerdo con Enciso, un punto crucial es que ya se considera los tesoreros y directores financieros de entes territoriales “porque muchas veces los alcaldes corruptos celebran contratos sin cumplir los requisitos legales y delegan la firma para librarse de la responsabilidad”.
El ‘zar’ anticorrupción añadió que si bien a los bancos se les asigna una fuerte responsabilidad, también les dan los instrumentos, ya que la nueva norma establece que el Departamento de la Función Pública debe mantener actualizado el listado de PEP.
