Corte levanta suspensión de
explotación del campo Ocelote

El alto tribunal asegura que hay riesgo de “crear una situación de emergencia social en la región”. La misma comunidad pidió la medida.

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Con la decisión de la Corte Constitucional del pasado 23 de febrero de suspender la explotación, se afectaron 534 empleos en la región.

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abril 04 de 2016 - 09:43 p.m.
2016-04-04

La Corte Constitucional decidió levantar la medida provisional de suspensión de las actividades de explotación en el campo Ocelote-Guarrojo, municipio de Puerto Gaitán (Meta), operado por la compañía Hocol, después de que la misma comunidad y las autoridades pidieron la revisión de la misma.

En su decisión, la Corte reconoce que las pruebas aportadas por los habitantes de la zona demostraron que la decisión “podría causar mayores riesgos de los que se pretende evitar y que por ello los efectos de mantenerla serían más gravosos para el interés público y para la comunidad de la zona pudiéndose crear una situación de emergencia social en toda la región”.

El alto tribunal ordenó, en medida provisional del 23 de febrero pasado, la suspensión de la producción del campo, con una producción de unos 16.000 barriles diarios, hasta que no se adelantara una inspección judicial para determinar las demandas de daño ambiental de las comunidades aledañas.

El pasado siete de marzo la misma comunidad de la zona de influencia del proyecto Ocelote-Guarrojo pidió el levantamiento de la medida provisional, por pérdida de empleos, especialmente a víctimas de la violencia.

Hocol, operadora del campo, aseveró que no existían pruebas de la existencia de un riesgo inminente de contaminación ambiental del río Guarrojo.

Así mismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aseguró que la decisión de la Corte afectaba 534 empleos: 257 no locales y 286 locales, la inversión social en escuelas, proyectos productivos y vías, servicio médico y nutricional a estudiantes de varios centros educativos.

Esta misma entidad calificó la decisión de la Corte como desproporcionada pues “además de no evitar ningún perjuicio, en nada mejora la situación de la comunidad indígena”.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, indicó que la suspensión de la actividad de explotación afecta el recaudo de dineros de regalías.

La Corte afirma que con la decisión “no se desprotegerá a la comunidad afectada, pues los términos para la revisión son cortos y reclusivos”.

A comienzos de año, el mismo tribunal también ordenó la suspensión de actividades de explotación en el campo de Quifa (13.000 barriles diarios) y los pozos O-196 y O-197, en Orito, Putumayo, con una producción de 250 barriles de crudo diarios.

Igualmente, en la actualidad se encuentra en estudio una tutela interpuesta por las comunidades aledañas también en Orito, Putumayo, para la suspensión de actividades en 20 pozos de Quinde, Cohembí y Quillasinga, con una producción de 8.000 barriles diarios.

De la misma manera, en febrero pasado, ese mismo tribunal ordenó la prohibición de explotación de hidrocarburos y minería en los páramos del país.

En la orden tumbó el parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2014, que permitía que proyectos de explotación minera y de hidrocarburos con licencias antiguas pudieran seguir operando hasta la terminación de los permisos y sin posibilidades de una prórroga.

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), aseguró que es una excelente noticia para la industria y para el país porque la Corte Constitucional logró armonizar los intereses de las partes, sin soslayar el tema de fondo, sobre la consulta previa.

Agregó que el alto tribunal “veló por los intereses de la comunidad indígena que indica ser afectada, de la comunidad que deriva su sustento o se beneficia de la presencia y actividad petrolera, de la industria porque continúa operando, y del Gobierno y los departamentos porque siguen recibiendo los aportes fiscales y de regalías”.

Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), había pedido que los altos tribunales que entendieran las realidades sociales de las regiones.

Pedro Vargas Núñez
Subeditor Portafolio