Suspensión de explotación de petróleo y prohibición de minería crean incertidumbre jurídica

Tutela ante la misma instancia podría afectar la explotación de crudo en 20 pozos en Putumayo.

Santurbán

El páramo Santurbán es el único del país que ha sido delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Archivo particular

Gobierno
POR:
Pedro Vargas Núñez

Subeditor Portafolio
febrero 09 de 2016 - 10:28 p.m.
2016-02-09

En solo dos días, la Corte Constitucional tomó dos decisiones que desataron polémicas nacionales. Por un lado, la suspensión de la explotación de petróleo en dos pozos en el municipio de Orito (Putumayo) y por el otro, la prohibición de la minería en zonas de páramos. Los dos fallos serían la punta del iceberg de lo que viene en materia de decisiones de ese alto tribunal.

Portafolio conoció que está en estudio, por parte de la Corte, el fallo de una tutela instaurada por un sector de la comunidad ‘Awa La Cabaña’ del departamento del Putumayo, la cual interpuso una demanda argumentando que la explotación de 20 pozos de las áreas de Quinde, Cohembí y Quillasinga del consorcio Colombia Energy, y que compromete unas 37.000 hectáreas, debió haber sido consultada previamente con la comunidad ya que supuestamente afecta de manera directa el modo de vida de la población ubicada en inmediaciones del mencionado proyecto.

La acción, interpuesta por Juvencio Nastacuas Pai, gobernador del Cabildo Indígena, indica que la finalidad es que se le protejan los derechos fundamentales a la consulta previa, a otras formas de participación democrática, a la igualdad y a la integridad étnica y cultural de la Nación.

En un fallo anterior sobre el caso, la Sala Única del Tribunal Superior de Mocoa negó el amparo afirmando que el pueblo indígena accionante se encuentra por fuera del perímetro del proyecto, no se demostró la existencia de afectación alguna y el proyecto de desarrollo se viene ejecutando con anterioridad al reconocimiento del pueblo Awa La Cabaña. Decisión que fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En la Corte Constitucional se estudia, entre otras cosas, si es pertinente llevar a cabo un proceso post-consultivo con la comunidad ‘Awá La Cabaña’ en relación con la prevención, compensación y mitigación de los impactos que causa la ejecución del contrato de producción incremental suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio Colombia Energy.

También se examina si en razón de la ejecución de dicho contrato se vislumbran daños directos sobre el pueblo indígena ‘Awá La Cabaña’.

Una fuente cercana al caso le confirmó a Portafolio que la Defensoría del pueblo ya realizó una inspección judicial a la zona y encontró que efectivamente existen zonas de explotación cercanas a las tierras de la comunidad indígena.

Ya el viernes pasado, en un acto no muy publicitado pero clave, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia al ordenar por primera vez en el país la suspensión de explotación de pozos petroleros.

El caso se dio en la población de Orito (Putumayo), en donde ordenó la suspensión de producción de los pozos O-196 y O-197, Locación O-70, hasta tanto no se adelantaran consultas con la comunidad indígena ‘Awá del Alto Temblón’ de la Vereda el Naranjito, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, el mismo que lleva el caso sobre la comunidad ‘Awa La Cabaña’.

PROHIBICIÓN DE MINERÍA

El lunes en horas de la noche, ese tribunal ordenó la prohibición de explotación de hidrocarburos y minería en los páramos del país.

En la orden tumbó el parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2014, que permitía que proyectos de explotación minera y de hidrocarburos con licencias antiguas pudieran seguir operando hasta la terminación de los permisos y sin posibilidades de una prórroga.

Es decir, aquellos con contratos o licencias ambientales mineras de antes del 9 de febrero del 2010 o de explotación de hidrocarburos con licencias hasta el 16 de junio del 2011.

Lo que de inmediato causó una polémica, para los ambientalistas que defienden los fallos de la Corte Constitucional estas decisiones están acordes con la protección del medioambiente y de las comunidades que viven en zonas de explotación ya sea minera o de hidrocarburos; mientras que para los opositores, se crea incertidumbre jurídica ya que están suspendiendo contratos en operación.

De acuerdo con Región Central, primera entidad pública regional del país, la decisión marca un “precedente importantísimo en materia de protección del medioambiente no solo en Colombia, sino en el mundo”.

Para algunos analistas que se oponen a la medida, las decisiones del organismo judicial son un mal precedente, pues crea incertidumbre jurídica en momentos en que el país trata de atraer inversión extranjera para el sector de los hidrocarburos y minería, ya que las empresas van a perder unos derechos adquiridos e inversiones realizadas en proyectos que están en plena explotación.

“La señal que se envía es que se cambian las reglas de juego a los inversionistas por el camino”, asevera Jaime Concha, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) para asuntos de minería.

Y aunque la sentencia de la Corte parece ser de obligación inmediata, el asunto no es tan simple, pues a la fecha solo han sido definidos los límites del páramo de Santurbán, del cual, según el Ministerio de Medio Ambiente, se protegieron 100.000 hectáreas de las 139.000 que lo componen.

Por lo que todavía quedan por delimitar otros 20 complejos de páramos en el país, para un total de 2’900.000 millones de hectáreas.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, afirmó ayer que el Gobierno Nacional respeta y acata las decisiones de los fallos judiciales de las cortes del país y agregó que la prioridad del Ministerio es la protección de los páramos.

Con la decisión de la Corte se afectarían unos 350 títulos mineros, según cifras de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

En la misma sentencia, la Corte mantuvo los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), catalogados por el Gobierno Nacional como claves para el desarrollo económico del país, pero con la condición de que para desarrollar estos megaproyectos debe primar la consulta a las autoridades locales de las regiones, y el permiso no lo debe entregar la Anla, sino las Corporaciones Autónomas Territoriales (CAR).