¿Qué son y para qué sirven las superintendencias?

Los entes de control tienen la labor de evitar malas prácticas corporativas que atenten contra el ciudadano o el Estado. Sancionan, liquidan o multan.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lidera el 'ranking' de las que más sanciones imponenen. Le sigue la de Sociedades y Financiera.

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Portafolio
septiembre 20 de 2016 - 08:54 a.m.
2016-09-20

Probablemente usted recuerda que InterBolsa fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades y por la Superfinanciera; o que la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado a varios 'carteles' de empresas que hacen acuerdos de precios; o que la Superservicios ha señalado recientemente que Electricaribe debe garantizar la eficiencia en la prestación del servicio en la costa Caribe.

Lo cierto es que las funciones y actividades de estos entes públicos de control y vigilancia repercuten más de lo que usted imagina en su día a día.

Todas las superintendencias son organismos adscritos a la rama Ejecutiva –a la par de las entidades descentralizadas y los departamentos administrativos- y su función específica es inspeccionar y vigilar determinadas actividades económicas y de servicios en todo el país y están definidas por el tipo de sector que cubre cada una de estas.

Así, pues, el portafolio local de estas comprende las Superintendencias Financiera, de Economía Solidaria, de Subsidio Familiar, de Salud, de Industria y Comercio, de Sociedades, de Vigilancia y Seguridad Privada, de Notariado y Registro, de Servicios Públicos, y de Puertos y Transportes.

Su importancia radica en que cumplen funciones de control, al mismo nivel de organismos como la Procuraduría o la Contraloría, contando con poder investigativo, sancionatorio y penalizador.

Si bien los controles de privados datan de tiempo atrás, las ‘Súper’ (como se conocen hoy) fueron instauradas casi paralelamente a la Constitución de 1991, fecha que coincidió con la apertura económica liderada por el entonces presidente César Gaviria, con lo que el libre mercado entró a regir al país y, justamente, estas prevén atacar prácticas de monopolios de productores.

No hay que ir muy lejos: hace poco más de un mes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Kimberly, Scribe y Carvajal por arreglar los precios de los cuadernos en el mercado colombiano, de modo que regularan alzas de precios y así cobrar más a los consumidores finales.

Y es quizá Pablo Felipe Robledo, cabeza de la SIC, quien lidere el ‘ranking’ de los que más sanciones ha impuesto, puesto que a este caso se le suman los carteles del papel higiénico, los pañales, entre otros productos de la canasta familiar que actualmente continúan siendo investigados.

El segundo ente de este tipo que ha tenido grandes repercusiones en el ámbito nacional ha sido la Superintendencia de Sociedades –hoy en día dirigida por Francisco Reyes-, y que día a día entrega noticias de liquidación o reorganización de empresas quebradas.

Otra con mucho protagonismo es la Superfinanciera, dirigida hoy en día por Gerardo Hernández, quien el año pasado les puso ‘tatequieto’ a los mandos medios de InterBolsa (en conjunto con la Supersociedades), por defraudar dineros de personas, captación ilegal y por malas prácticas financieras.

REINVENCIÓN A LA MANO

Con el fin de llegar a más usuarios y a que las prácticas irregulares disminuyan en todo el territorio, varias entidades de regulación de este tipo han comenzado a replicarse hacia plataformas tecnológicas, buscando que las denuncias no se queden en el papel, y puedan adelantarse procesos de forma más rápida.

El caso concreto tiene que ver con la SIC, que ya tiene en las tiendas de aplicaciones su app ConsuMovil, con la que los usuarios pueden denunciar prácticas ilegales por parte de cualquier empresa relacionada con la Industria y el Comercio, y ser atendidos de forma inmediata por funcionarios de la entidad.

Esto, como respuesta a lo explicado por parte de el superintendente Robledo, en el sentido de que más de la mitad de investigaciones de esta jurisdicción son el resultado de denuncias por parte de la ciudadanía.

En este sentido, otras superintendencias están buscando llegar a esta nueva forma de acercarse a las personas, desde la protección de sus derechos, pues la falta de denuncias en algunas de ellas no han permitido que más empresas o grupos reciban sanciones por cometer acciones ilegales contra los colombianos.