Gobierno busca cómo financiar nuevo catastro

Aunque hay que esperar el resultado de los pilotos, se estima que este sistema multipropósito valdría más de $2 billones.

juan antonio nieto

Juan Antonio Nieto, Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Abel Cárdenas/ Portafolio

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julio 26 de 2017 - 09:02 p.m.
2017-07-26

En menos de una década el país deberá tener implementado el catastro multipropósito, que busca ir más allá de ser la base para el cobro del impuesto predial en los municipios. No obstante, es un proyecto gigantesco que implica movilizar una gran capacidad humana y de recursos y que apenas está buscando viabilidad económica.

Juan Antonio Nieto Escalante, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la entidad que tendrá toda la carga técnica en el tema, explica cómo se haría.

¿Qué significa que este catastro sea multipropósito?

El catastro hasta hoy ha servido básicamente para que los municipios puedan cobrar el predial, pero no había una identificación física del predio. Ahora le vamos a introducir 180 variables nuevas, entre las cuales están la ambiental y de infraestructura que, por ejemplo, contemplan si por un predio va a pasar un oleoducto o una vía.

Además, pretendemos establecer cuántos baldíos tiene en realidad la Nación, porque hoy no existe un dato exacto. Eso va a servir, entre otras cosas, para poder ingresar esos predios al fondo de tierras previsto para la distribución a los campesinos y al sector rural en general.

¿Cómo será la coordinación interinstitucional?

Colombia tiene un problema y es la necesidad de que el catastro y el registro de la propiedad calcen. Hasta el momento el catastro ha ido por un lado y el registro por otro. Parte de lo que se pretende es que podamos integrarlos, generando una certeza jurídica en la propiedad. Ese vacío ha sido caldo de cultivo de la violencia que se presentó en Colombia en más de 50 años.

Es decir que ustedes actúan como la avanzada.

De alguna manera, sí. Vamos haciendo el reconocimiento del predio y la Superintendencia de Registro va titulando.

¿Cuánto se demorarán?

Calculamos que el país se demorará entre 7 y 10 años haciendo ese barrido. En este momento estamos haciendo nueve pilotos. Al cursar once variables, como seguridad, clima, altura y topografía, entre otras, nos dieron 9 entidades territoriales: Santa Marta, Dibuya, Topaipí, Lebrija, San Carlos, Armenia, Buenaventura, San Vicente del Caguán, Puerto Gaitán y Puerto Leguizamo.

¿Cuándo tendrán el resultado de esas pruebas?

Hacia octubre deben estar entregados los pilotos con unos estándares que diseñó el Igac, para poder definir las metodologías que adoptaremos.

¿Tienen personal y tecnología para algo tan monumental?

En la negociación con Presidencia, el Departamento de la Función Pública, la Superintendencia de Notariado y Registro y otras instancias, acordamos que buscaremos romper el monopolio del Igac, que hoy día es autoridad, dicta políticas, regula, ejecuta y tiene aparentemente la posibilidad de sancionar, aunque no es un tema real. Como quiera que no tenemos la capacidad de personal, tendríamos que crear una superentidad muy voluminosa, pero se ha previsto que se puede tercerizar.

¿Cómo sería esto?

El Estado colombiano conservaría la definición de los estándares y sobre estos, tanto las entidades públicas como los catastros descentralizados –por ejemplo Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia– pueden adelantar procesos de actualización multipropósito o también lo podrían hacer los privados, siempre sobre la base de los estándares definidos.

¿Cada región lo financiaría?

La idea es que sea combinado, y es parte de lo que hoy día se está terminando de definir. Para algunos casos, como los municipios muy pobres, la financiación será totalmente de la Nación; en otros casos puede ser mixta y en otros, asumido por las propias entidades territoriales.

En este momento se va a presentar el proyecto de ley de catastro que va para el Congreso.

¿Qué tendrá la ley?

Básicamente, el tema de la distribución de autoridades. Planeación va a quedar con la facultad regulatoria; Superintendencia de Notariado y Registro, con la de control y vigilancia, y el Igac será el gestor público, pero también podrán hacerlo los privados y los catastros descentralizados.

¿Desde cuándo hay presupuesto para ello?

Entre otras cosas, también hay la posibilidad de un empréstito internacional, porque el arranque va a exigir unos recursos muy importantes. Independientemente de cómo iniciemos, lo que más nos debe ocupar es cómo la metodología puede ser sostenible en el tiempo.

O sea cómo mantener el catastro actualizado.

Claro. Se han dado muchos argumentos para decir por qué el catastro está tan desactualizado en lo rural: el primer factor son las políticas de gobierno, porque algunas administraciones se han ocupado más del tema urbano y otros, como el presidente Santos, han puesto su mira en lo rural.

¿Hay alguna aproximación al costo?

Se calcula que podría estar por encima de los dos billones de pesos, porque otro elemento importante de señalar es que no solo es la contratación de tecnología o de personal, sino que es necesario superar otro rezago, el de la cartografía. Si esta no está actualizada no puedes hacer catastro.

¿Por dónde arrancarían el trabajo definitivo?

Presidencia y Planeación nos lo dirán, una vez tengamos los resultados de los pilotos. En principio, se tienen calculados más de 130 municipios para la primera fase, pero esto puede variar. Priorizaremos los lugares donde el conflicto ha sido más agudo y donde tengamos elementos como la cartografía, para avanzar más rápido.

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