‘Sí hay rutas para evitar la corrupción en las empresas’

Experto advierte que no hay que satanizar las relaciones del Estado con las compañías, pero estas se deben dar en ambientes completamente regulados.

Miguel Ángel Guerrero

Presidente de Agora

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Gobierno
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Portafolio
marzo 07 de 2017 - 10:29 a.m.
2017-03-07

Miguel Ángel Herrera, socio y presidente de Agora para Colombia y México (firma especialista en asuntos públicos y comunicaciones estratégicas) hace un análisis de los retos y oportunidades de la problemática de la corrupción en Colombia, en la relación empresa-Estado.

¿En qué momento la corrupción escala al sector privado?

La opinión pública tiende a asociar el fenómeno de la corrupción con el sector público, y en particular con la clase política. Sin embargo, no son nuevas las prácticas deshonestas en el sector privado, aún cuando es evidente que han sido progresivamente más frecuentes y visibles. Tampoco son exclusivas de Colombia o de América Latina, pues el sector privado estadounidense y europeo han sido protagonistas de grandes escándalos como los de Enron (2001) y Parmalat (2003), entre muchos otros.

Lea: (En Colombia, sólo uno de cada cuatro corruptos paga cárcel).

¿Para qué han servido las políticas anticorrupción?

Los grandes escándalos de corrupción del mundo corporativo en los años 90 en Estados Unidos, particularmente, detonaron la necesidad de robustecer el marco regulatorio en el que las empresas operaban y paralelamente generaron en las compañías el interés de autorregularse. Desde entonces, la mayoría de los estados capitalistas en el mundo adoptaron o transformaron sus regulaciones y las empresas –particularmente las multinacionales– le dieron inusitada relevancia a lo que conocemos hoy como el ‘gobierno corporativo’, que en pocas palabras son las políticas, procedimientos y hábitos de la alta dirección de una empresa para fomentar las buenas prácticas.

¿La distorsión de la relación empresa-Estado se debe al ‘lobby’?

No podemos afirmar con total certidumbre que la relación está distorsionada, porque también existen muchos casos de éxito en la interacción empresa-Estado en Colombia. Sin embargo, el lobby es un aspecto relevante al analizar esa interacción, pues mientras no esté regulado de forma apropiada afecta la transparencia de esa relación, que es muy importante para la construcción de confianza pública.

El lobby, entre tanto, no sea transparente, es una práctica antidemocrática que promueve la inequidad. Y eso no es sano para ningún sistema.

Lea: (La corrupción dispara el pesimismo sobre el país).

¿Qué opina del proyecto de regulación de ‘lobby’?

Es un proyecto que el país necesita con urgencia. Me genera ilusión que nazca en un contexto social que lo exige, pues la gente está cansada por la corrupción y además coincide con el interés del Gobierno colombiano de ingresar a la Ocde.
Sin embargo, hay nubarrones: no cuenta con respaldo político multisectorial, tiene deficiencias conceptuales y técnicas en su planteamiento original y llega en un momento de gran convulsión legislativa, en el que muchos otros temas son prioridad.

¿Cómo debería ser la relación empresa-Estado?

El sistema colombiano en general propicia una buena relación entre las industrias y el Estado. El fenómeno de la corrupción, inaceptable e injustificable desde cualquier punto de vista, no debería llevar a una satanización de esta relación.
El punto es el compromiso tanto de las empresas como del Estado con el desarrollo. Y no habrá desarrollo idóneo sin transparencia, la cual se podrá alcanzar si las dos partes hacen cambios de fondo: las empresas deben refundar su ética, y el Estado debe volver a su posición gestacional de juez, sin ser parte.

Lea: (¿No podremos contra la corrupción?).

¿Qué responsabilidad tiene el Estado en la problemática de corrupción de los privados?

El Estado, y particularmente los gobiernos, tienen una alta responsabilidad. Pero antes debemos distinguir dos grandes tipos de prácticas corruptas por parte de las empresas: la corrupción empresa-Estado (Estado-Odebrecht), y la corrupción empresa-empresa (carteles), que no son los únicos tipos, pero sí los más resonados en Colombia.
Y en los dos, el Estado es responsable. En el primero porque facilita un sistema de reglas tácitas basado en el ‘miti-miti’, y en el segundo porque no ejerce apropiado y suficiente control y vigilancia.

Hemos visto corrupción en la industrias (obras, consumo, mineras energía y salud), ¿todos los sectores son iguales?

Todos los sectores son igual de vulnerables, porque tienden a ser parte del mismo sistema político, social y económico.
Sin embargo, pueden existir diferencias sustantivas de un sector a otro por los marcos administrativos y regulatorios en los que operan. Por ejemplo, no hay duda la infraestructura es altamente atractiva para los corruptos, porque el diseño administrativo y regulatorio de este sector no se ha acabado de inventar en Colombia, dejando espacios para las prácticas deshonestas. Vemos que, por mencionar algo, la modificación del régimen de anticipos para los concesionarios ha sido un acierto administrativo y regulatorio, pero no suficiente.

¿Cómo se compara la corrupción del sector privado en Colombia con otros países de la región?

Si miramos los rankings internacionales, Colombia en materia de corrupción, en general, está en un rango intermedio, comparado con los demás países latinoamericanos.
Sin embargo, ninguna clasificación en particular ha medido el impacto de la corrupción del sector privado, y menos el de casos tan contundentes como Odebrecht y Reficar.

¿Qué aprendizajes hay por los casos de Odebrecht y Reficar?

En términos de la relación de las empresas con su entorno, y particularmente con el
sistema político, administrativo y regulatorio, hay varios: las compañías deben limitar y controlar la gestión política que realiza la organización como un todo, y sus funcionarios de alto nivel, en particular (vimos por ejemplo en lo que resultó la asesoría de un viceministro en el caso Odebrecht); las empresas deben transparentar la gestión de sus intereses, lo que implica la veeduría de terceros; las empresas deben reformular las políticas y procedimientos de contratación, pues está suficientemente demostrado que la gestión de las áreas jurídicas y de compras es absolutamente permeable por los corruptos (ahí tenemos los centenares de contratos de Reficar manipulados en beneficio de unos pocos); las empresas deben reconocer desde sus juntas directivas y estructuras de gobierno corporativo las áreas de mejora en materia anticorrupción, propiciando una revisión de los códigos de conducta, que también han demostrado quedarse cortos ante la realidad; y las empresas deben apoyar al Estado en su interés de castigar de forma ejemplarizante a los corruptos, lo cual ha debido pasar, por ejemplo, cuando el Fiscal propuso la extradición para los corruptos.