Las licencias ambientales no son una mercancía, dice la Anla

Habrá mayor articulación con las CAR. En los dos últimos años la entidad ha impuesto sanciones por más de 37.000 millones de pesos.

Claudia Victoria González Hernández

Claudia Victoria González Hernández, directora (e) de la Anla, dice que si una compañía, nacional o extranjera, inclusive pública, no cumple con los estándares de calidad, se le niega la licencia.

Archivo particular

Gobierno
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Portafolio
junio 19 de 2016 - 11:18 p.m.
2016-06-19

La Autoridad de Licencias Ambientales -Anla-, es quizás una de las entidades con más ‘chicharrones’ en el país.

Autorización o negación de licencias, permisos y trámites; sanciones a empresas nacionales y extranjeras que incumplan las obligaciones impuestas por la entidad y hasta certificaciones de emisiones de pruebas dinámicas para la importación de vehículos hacen parte de sus funciones.

Para Claudia Victoria González Hernández, una bióloga marina, con especialización en Manejo Integrado del Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, y quien es la directora (e) de la entidad, no hay duda que el desarrollo del país debe guardar un equilibrio con la protección ambiental.

La funcionaria habló con Portafolio y dijo que la caída de la inversión en los sectores de hidrocarburos y minería no es culpa de la entidad.

¿Hay presiones políticas para la aprobación de licencias ambientales?

Las licencias ambientales no son una mercancía. Son un instrumento para garantizar un justo equilibrio entre desarrollo y conservación ambiental.

¿Tras la controversia por el Bloque Serranía y el desvío de Arroyo Bruno qué temas tiene pendientes la Anla?

Estamos Analizando en campo las solicitudes de licencias, trámites y permisos; haciendo seguimiento a las obligaciones establecidas a los distintos proyectos, que es una de las competencias sustanciales de la entidad y que, quizás es de las menos conocidas por la ciudadanía.

¿Qué opina de las críticas sobre la actividad sancionatoria de la Anla?

En esto la entidad es inflexible, aunque no es nuestro objetivo. Pero se castiga con severidad el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en los diferentes proyectos como infraestructura, energía, hidrocarburos, minería y agroquímicos.

¿Existe una cuantificación de las multas?

En los últimos dos años y medio las sanciones superan los 37.000 millones de pesos. Pero más allá de las multas, a las compañías se les exige el cumplimiento estricto en las medidas de manejo ambiental, que van desde la restauración y rehabilitación de bosques hasta la reubicación de especies de flora y fauna, así como la socialización y reubicación de las comunidades cuando a ello haya lugar.

¿Por qué se aprobaron las licencias express?

Las mal denominadas licencias express se han asociado al desdoblamiento del rigor en los estudios para su expedición, pero eso no es cierto. El Decreto 2041 de 2014 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, lo que hizo fue impedir que las empresas presentaran dos o tres y hasta cinco veces complementaciones a los estudios radicados inicialmente para evaluación de la Anla para ver cuál tenía éxito. Ahora se les niega el otorgamiento de la licencia si el estudio no fue presentado como lo exige la normativa, con toda la documentación, con estándares de calidad. Desde luego esto reduce reprocesos y agiliza los tiempos. No se puede confundir eficiencia con permisividad ni ausencia de rigor técnico.

Algunos directivos mineros y petroleros dicen que la caída en la inversión del sector es responsabilidad de la Anla. ¿qué tiene que decir?

La Anla actúa conforme a las normas y el rigor técnico. En eso no tenemos compasión. Si una compañía -nacional o extranjera, inclusive pública-, no cumple con los estándares de calidad se le niega la licencia, el permiso o el trámite. Eso nos ha generado críticas de los diversos sectores, pero es nuestra misión. Creo que la caída en la inversión obedece a la coyuntura internacional de caída en los precios internacionales de los comodities.

¿El fallo de la Corte Constitucional que faculta a los alcaldes para decidir sobre los proyectos mineros restringe las funciones de la Autoridad Nacional?

Nosotros somos respetuosos de los fallos de la Corte. Muchos de los proyectos regionales y locales están en cabeza de las Corporaciones y no de la Anla. Estamos analizando en detalle el alcance del fallo. De todas maneras, aquí en el desarrollo de nuestro ejercicio siempre ha sido de vital importancia la participación de las autoridades locales y de las comunidades.

¿La Anla será transformada?

Estamos fortaleciendo la capacidad técnica de la entidad. Acordamos agilizar la revisión del sistema de contratación y para ello optamos por iniciar un proceso de diálogo abierto y sincero con nuestros colaboradores; vamos a estrechar la articulación con las Corporaciones, Parques Nacionales, Institutos de investigación y otras entidades del sector; y estamos profundizando el conocimiento de los territorios dentro de una visión ambiental regional.

Los inversionistas dicen que hay incertidumbre por lo sucedido en la Macarena. ¿Qué opina?

No hemos cambiado las políticas. Actuamos bajo parámetros legales y técnicos, con criterios de transparencia, objetividad y oportunidad.
Lo del Bloque Serranía obedeció a un hecho sobreviniente que cambió el ordenamiento del territorio. Hubo muchas historias a su alrededor, pero seguimos fortaleciendo la institucionalidad de la entidad.