Norma de extinción de dominio le aportaría predios rurales al FNT

El código prevé una destinación específica para este tipo de inmuebles como parte del acuerdo de paz.

Anuncian ley para entregar terrenos baldíos a campesinos

Juan Pablo Rueda

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Portafolio
julio 23 de 2017 - 09:25 p.m.
2017-07-23

Tras la sanción de la ley que modifica el código de extinción de dominio, quedó definido que los predios rurales tendrán destinación específica para la Unidad de Tierras y el Fondo Nacional de Tierras y que una vez cumplida la meta prevista de uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz (3.000.000 de hectáreas para dicho fondo), podrán ser estos bienes objeto de enajenación temprana.

(Lea: Colombia: el país de la región más desigual en distribución de tierras)

“Queda absolutamente claro que cuando se trata de inmuebles de propiedades rurales, no se procederá a venderlos, sino que pasan automáticamente a la Unidad de Tierras y el Fondo Nacional de Tierras, para que con estas tierras podamos darle cumplimiento al punto uno, de los acuerdos de la Habana. Es decir, tierras para las familias campesinas que no poseen una propiedad”, expuso el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

(Lea: El acceso a la tierra y la formalización de la propiedad)

De acuerdo con el jefe de la cartera financiera, esta ley le permite al Estado colombiano realizar la enajenación temprana de bienes adquiridos de manera ilegal, es decir disponer de manera más rápida el proceso de incautación, liquidación y venta de activos ilegales.

Cárdenas precisó también que para atender las órdenes judiciales de devolución de bienes objeto de enajenación temprana, la ley determina la constitución de una reserva técnica del 30% con los dineros del proceso y los recursos que generan los bienes productivos en proceso de extinción de dominio.

Así mismo, el titular de la cartera de Hacienda explicó que en la ley de modificación al código de extinción de dominio se determinó un cambio a las distribuciones de los recursos, fruto de estos procesos.

“La destinación de los recursos producto del proceso de extinción de dominio o enajenación temprana se modifica en la ley y queda en los siguientes términos: 25% para la Rama Judicial, 25% para la Fiscalía, que podrán disponer directamente de esos recursos para las actividades propias de la entidad y la rama de la justicia. El 50% restante se distribuye 10% para la Policía Nacional y 40% para el Gobierno Nacional que le dará un uso preferente a la construcción de cárceles y centros penitenciarios”, aseguró el funcionario. El ministro Cárdenas resaltó que esta ley brindará herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción y el devalúo de los bienes que atraviesan estos procesos.

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