Gobierno trabaja en regulación para incentivar los pagos electrónicos

Con ayuda del BID y el WEF, busca reducir el efectivo de niveles de 11,7% a 8,5% como proporción del agregado monetario M2 para el 2018.

Los pagos electrónicos minimizan los riesgos por pérdidas, falsificación de moneda, billetes dañados o cheques sin fondos.

Los pagos electrónicos minimizan los riesgos por pérdidas, falsificación de moneda, billetes dañados o cheques sin fondos.

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Portafolio
diciembre 27 de 2016 - 08:40 a.m.
2016-12-27

La digitalización de los pagos acelera el crecimiento económico, facilita la inclusión financiera, permite un mayor control del lavado de activos y fiscalización de las transacciones y genera beneficios para la población en términos de mayor seguridad, agilidad y asequibilidad, por eso el Gobierno Nacional trabaja en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el World Economic Forum (WEF), en la estructuración de las políticas necesarias para fomentarlo en el país.

(Lea: Pagos electrónicos le están sumando más de $4 billones anuales a la economía). 

En los últimos años la transición hacia los pagos electrónicos se ha acelerado en parte debido a la innovación tecnológica, los avances en las telecomunicaciones y en la infraestructura de los sistemas de pagos. Organismos como el G-20 y el Banco Mundial, han impulsado iniciativas para generar ecosistemas de pagos electrónicos como mecanismo para facilitar el acceso y uso de servicios financieros (World Bank, 2016).

Colombia ha seguido esta tendencia y hoy el 69% del monto de los pagos en el país se realiza de forma electrónica. Reconociendo las bondades de la digitalización, el Gobierno Nacional fijó en las bases de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 una meta de reducción del efectivo de niveles de 11,7% a 8,5% como proporción del agregado monetario M2 para el 2018.

(Lea: Uso de medios de pago aumenta recaudo tributario). 

Para el cumplimiento de este objetivo, en la estrategia nacional de inclusión adoptada recientemente por la Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera, se priorizó un frente de trabajo tendiente a avanzar en la construcción de un ecosistema de pagos y así fomentar el uso de servicios financieros en el país.

De acuerdo con un estudio de Capgemin, en 2014 el volumen de transacciones electrónicas en el mundo ascendió a US$389,7 billones lo que significa un crecimiento de 37% desde 2010.

El incremento es aún más notorio en países emergentes. Adicionalmente, según este estudio, dichas jurisdicciones aumentarán su participación en las operaciones electrónicas en el mundo del 27% observado en 2013 al 33% en 2020.

Como ejemplos de esta tendencia están las billeteras y soluciones de pago móviles, tanto aquellas provistas por entidades financieras como las que han sido desarrolladas por entidades no financieras que proveen servicios de pago e incluso por los
establecimientos de comercio.

De acuerdo con Mark Zandi, chief economist de Moody's Analytics, un aumento de 1% en el volumen de pagos a través de tarjetas débito y crédito genera un crecimiento de 0,04% del PIB.

LOS PLANES DEL GOBIERNO 

La estrategia propuesta para avanzar en la construcción de un ecosistema digital plantea el fomento a la aceptación de pagos electrónicos en pequeños comercios y la digitalización de los pagos y recaudos desde el sector público.

Para llevar a cabo este plan, el Gobierno Nacional tiene un rol de coordinación en tres frentes. El primero es el de fomentar un diálogo público-privado amplio sobre las barreras y necesidades de los diferentes actores y la identificación de soluciones para la construcción de un ecosistema integral.

El segundo frente de trabajo del Gobierno consiste en un rol de coordinación, tendiente a ayudar generar la escala requerida para facilitar la implementación de iniciativas y pilotos de modelos de pagos.

Por último, el tercer rol del Gobierno se concentra en el análisis de las barreras que frenan el tránsito hacia la formalización, particularmente de los pequeños comercios y que, en consecuencia, limitan la aceptación de los pagos electrónicos. En esa línea, y siguiendo la recomendación de la Comisión de Expertos para la Equidad y
Competitividad Tributaria, el Gobierno incluyó un capítulo de monotributo en la propuesta de reforma tributaria presentada recientemente. Se trata de un esquema tributario simplificado, gradual y proporcional a la naturaleza y dinámica de este segmento empresarial.

• Pagos electrónicos

La propuesta consiste en establecer un modelo de negocio en el cual los tenderos cuenten con medios electrónicos que les permitan realizar sus pagos y controlar los pedidos de mercancías, optimizando así su relación con los proveedores.

• Digitalización de los pagos y recaudos del Gobierno

La Unidad de Regulación Financiera adelantó un estudio con la asistencia técnica del BID sobre el uso de tecnologías que permitan digitalizar los pagos de Gobierno y fomenten la inclusión financiera. En el caso puntual de los pagos del Gobierno a empresas, las transacciones más relevantes que aún se realizan a través de cheques, corresponden al pago de servicios públicos de las entidades de nivel central que tienen presencia en las regiones.

La puesta en marcha de este plan facilitará la identificación de aspectos regulatorios y operativos que permitan la construcción de una agenda de trabajo para seguir fortaleciendo los estándares del sistema de pagos y ampliar el ecosistema digital de pagos en el país.

BARRERAS DE LA DIGITALIZACIÓN 

Pese a los avances en la digitalización, solo el 15% del volumen de pagos en la economía mundial se realiza de forma electrónica. La baja aceptación de los pagos electrónicos se explica por diferentes barreras de infraestructura, institucionales y de mercado, sumadas a consideraciones culturales y psicológicas.

Los países con tecnologías de la información deficientes enfrentan mayores costos en el acceso y uso de medios de pago digitales. Estos costos generalmente se incrementan en zonas rurales, en donde la baja densidad poblacional y las condiciones geográficas generan mayores desafíos para la cobertura y calidad de las telecomunicaciones.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Varios países tanto en América Latina como en otras regiones han implementado medidas tendientes a fomentar el uso de pagos electrónicos en la economía. La mayoría de iniciativas de digitalización se agrupan en dos frentes: 1) fomentar pagos y recaudos electrónicos de los gobiernos y 2) facilitar los pagos digitales en comercios.

En el primero caso, la evidencia indica una tendencia clara por adoptar soluciones tecnológicas y medidas regulatorias que permitan a los gobiernos realizar de forma electrónica sus transacciones periódicas, tales como pagos de nómina y seguridad social, la dispersión de subsidios y el recaudo de impuestos, multas y peajes.

El segundo grupo de iniciativas se focaliza en los comercios, especialmente en los de menor tamaño, como las tiendas de barrio, en donde se concentra una gran cantidad de transacciones cotidianas de la economía sobretodo de la base de la pirámide. Se calcula que en este segmento empresarial se canaliza alrededor de USD$34 trillones en el mundo, de los cuales el 56% de los pagos se realizan en efectivo

LOS AVANCES EN COLOMBIA 

En los últimos años en Colombia, el Gobierno ha impulsado una política de inclusión financiera con énfasis en la ampliación de la cobertura bancaria y la promoción del acceso a productos financieros. En esa línea se autorizó la operación de corresponsales bancarios, lo cual sumado al apoyo y compromiso del sector financiero permitió que en 2015 el país lograra por primera vez presencia en todos sus municipios.

Colombia ha avanzado en los pagos electrónicos. Se estima que el 69% y el 9,7% del monto y cantidad de las transacciones en la economía se realizan de forma digital.

Los avances han estado influenciados principalmente por las transacciones que se originan desde el Gobierno, en buena parte a partir de la decisión de dispersar de forma electrónica el pago de los subsidios del programa Familias en Acción. Hoy en día, más del 90% de los pagos que se originan desde el sector público se realizan mediante canales digitales.

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