Propuesta de regulación para fondos de empleados no caló en el sector

La iniciativa presentada por Minhacienda tiene poca acogida por los fondos, aunque reconocen que se requiere normatividad.

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Gobierno
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Portafolio
junio 26 de 2016 - 08:37 p.m.
2016-06-26

Al Gobierno Nacional le interesa tener regulados a los fondos de empleados del país por tratarse de recursos administrados de terceros. Los regulados no se oponen a que existan normas, pero no están de acuerdo con las planteadas por el Ministerio de Hacienda.

Para definir las medidas que se les aplicarán a los fondos de empleados el Gobierno se basó en las experiencias internacionales, a pesar de que no existe la misma figura pero sí otras con finalidades similares a las del caso colombiano. Ahí está la primera inconformidad de los fondos.

En el proyecto de decreto que está haciendo trámite en la cartera de Hacienda se plantea en primera medida la clasificación de dichas entidades a partir de dos criterios: el primero, los activos; y el segundo, el vínculo de asociación. Así las cosas, el proyecto de decreto establece dos categorías: plena y básica.

Categoría Básica

En este grupo están: a) los fondos de empleados cuyo monto total de activos sea igual o inferior a $3.600 millones y, b) los fondos de empleados cuyo monto total de activos sea mayor a $3.600 millones y menor a $10.000 millones, y que tengan un vínculo de asociación compuesto exclusivamente por trabajadores de una misma empresa o institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa, o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial.

Categoría Plena

Está conformada por: los fondos de empleados cuyo monto total de activos sea igual o superior a $10.000 millones y b) los fondos de empleados cuyo monto total de activos sea mayor a $3.600 millones y menor a $10.000 millones, y que tengan un vínculo de asociación diferente al de trabajadores de una empresa o unidad empresarial, grupo empresarial, matriz y subsidiaria, principal y adscrita o vinculada.

Sobre las categorías propuestas por el Ministerio la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe) sostiene que “No está plenamente identificada la problemática por lo que la categorización sugiere una imposición arbitraria de clasificación para dar cumplimiento a las normas de regulación prudencial. No hay estudios de campo que adviertan los riesgos inherentes en el servicio de ahorro y crédito que reconozca la necesidad de categorizarlos de la forma prevista en el proyecto de decreto. Para hacerla se tienen en cuenta dos criterios tamaño y vínculo de asociación. ¿Cómo se demuestra que los fondos de empleados con más de $10.000 millones en activos tienen un riesgo mayor que los de menos de $3.600 millones si su actividad económica es la misma?”.

Para ejercer una mayor vigilancia sobre estas entidades proponen que se hagan las gestiones para la creación de una Delegatura Especial para los fondos de empleados en la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Otro de los puntos de discordia es que el regulador propone que exista una relación de solvencia mínima de los fondos de empleados de categoría Plena del 9%. La crítica radica en que dado que estos no realizan actividad financiera no se les puede aplicar normas diseñadas para las que sí lo hacen.

Así mismo, a Analfe no le gustó la propuesta referente a exigencias de patrimonio técnico debido a que, argumenta, no es procedente adoptar el concepto por el simple hecho de ser una exigencia presente en normas internacionales. En lo referente al patrimonio básico de la categoría plena (el cual según el proyecto no puede disminuir durante la existencia del fondo) sostiene que es improcedente debido a que no se reconocen los aportes sociales dentro del patrimonio básico, ello desconoce el marco normativo vigente para los fondos de empleados , en aspectos tales como la definición de patrimonio, la característica esencial de variabilidad del mismo, el cual debe interpretarse no solo por su forma legal, sino por la realidad económica y social que representan dichos aportes, de acuerdo con la esencia del modelo socio-empresarial solidario.

Esto sumado a que la ley establece como característica de los fondos de empleados que el capital sea variable e ilimitado, lo que en apariencia podría generar riesgos de solvencia que son contrarrestados, entre otras cosas, por las restricciones existentes para la devolución de los mismos.

La asociación propone la definición de un indicador de solidez que se establezca a partir de la relación existente entre el patrimonio y los activos. Del patrimonio se propone tomar el contable y deducir las pérdidas y las inversiones de capital en entidades vigiladas por la Supersolidaria.

Por el lado del activo se sugiere identificar el de mayor riesgo.

Para ello se toma el total de activos y se deducen los aportes, el ahorro permanente y las otras garantía admisibles. Del mismo modo se propone la deducción del 20% de las inversiones de capital en entidades vigiladas por la Superfinanciera y Supersolidaria.

El límite de este indicador podría ser el mismo 9% establecido en el proyecto para la relación de solvencia.

Experiencias similares en la región y en Europa

Para la elaboración de la propuesta el Ministerio de Hacienda tuvo en cuenta experiencias parecidas en México, Brasil, Chile, Canadá, Estados Unidos y Alemania.

No obstante, reconoce que la figura de los fondos de empleados, en su forma organizacional, corresponde a un tipo de entidad de economía solidaria muy colombiana y que los escenarios internacionales no dan cuenta de este tipo de organización en estricto sentido, pero su estructura y objeto social guarda estrechas similitudes con otro tipo de organizaciones que existen en otros países.

La estructura general más utilizada dentro de los países consultados se desarrolla bajo las de organizaciones de economía solidaria con un vínculo de asociación más estrecho como el conformado por trabajadores de una empresa o sector económico y que prestan servicios de ahorro y crédito a sus asociados.

Para la Asociación Nacional de Fondos de Empleados la comparación resulta inconveniente debido a que no son estructuras iguales y por tal razón no se les debe comparar. El proyecto sigue en discusión.