A pesar de tener varios obstáculos en su último capítulo, la reforma a la contratación pública terminó ayer su trámite legislativo y pasó a sanción presidencial.
Y aunque ahora el presidente Juan Manuel Santos tiene la última palabra –se anticipa que la firmara, pues tuvo el respaldo del ministro de Transporte, Germán Cardona–, el proyecto fue aprobado con varias condiciones.
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La primera es que el Mintransporte tendrá que reglamentar el artículo 21, que es el que le da seguridad jurídica a los banco, financiadores o terceros de buena fe, en caso de que un contrato de concesión se liquide anticipadamente.
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“Se reglamentará un tope máximo que puede ser reconocido como penalidad y que no puede exceder referentes del mercado; además, se establecerá un límite máximo de reconocimiento a que haya lugar en estos casos, que en ningún caso podrán superar el valor del contrato”, explicó Cardona.
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Asimismo, en la normativa se clarificará que los reconocimiento a los que haya lugar, como consecuencia de la nulidad absoluta o su terminación anticipada, no habrá lugar a reconocer intereses de mora.
La otra tarea que tendrá el Gobierno será presentar un proyecto de ley, con el fin de modificar este artículo (ya no se podía ajustar), buscando “eliminar la salvedad a favor de las penalidades financieras por terminación anticipada”, agregó el Ministro.
Con esto se refería a uno de los puntos que levantó más ampolla entre los senadores, toda vez que denunciaban que se le daban muchas gabelas al sector financiero.
La denuncia de varios congresistas fue tal que el Gobierno también se comprometió a eliminar un inciso del articulado, que le abría la puerta a que estos aspectos se aplicarán también a los contratos de asociación público - privada (APP) que fueran celebrados antes del 2012.
El Senado aseguró que en caso de que el Ejecutivo no presente el proyecto, algún congresista lo hará en la próxima legislatura.
